Importante fallo relativamente reciente de la Corte de Apelaciones es el que permite evitar que el SII obstaculice la investigación sobre posibles graves delitos ya que su comportamiento de no querellarse inhabilitaría a la justicia chilena a investigar eventuales otros graves delitos en contra de la sociedad.
Preocupante sin embargo es que el fallo fue dividido; lo que sí he podido observar que el voto en contrario provino de un abogado integrante.
El sistema legal chileno en caso contrario no podría actuar contra delitos que van más allá del área tributaria, cuando el potencial inculpado devuelve los dineros adeudados al SII por sólo aspectos tributarios.
Parece grave la existencia de un procedimiento judicial en que baste que el Director de Impuestos Internos no haga una denuncia, para que delitos queden vetados de ser investigados. Es posible que esta redacción legal esté equivocada, ya que parece difícil que el espíritu del legislador haya sido ese de la interpretación judicial en una primera instancia. Al parecer lo importante del espíritu de esta ley fue dar poder y fuerza para recuperar los pagos tributarios, con el premio de quedar esa persona natural o jurídica inmune a la aplicación de otras sanciones en los aspectos tributarios, pero no extenderse a potenciales delitos ajenos al tema impositivo.
El reciente fallo de la Corte de Apelaciones satisface seguramente a muchos, pero, reitero, que debe tenerse en cuenta que sólo obtuvo una mayoría relativa, dos miembros fueron de mayoría, el tercero votó en contra. La parte perjudicada ha anunciado que llevaría su queja a la Corte Suprema; ojalá ello suceda.
Sería interesante que el Pleno de la Corte Suprema pudiese abordar esta materia, para establecer una más sólida jurisprudencia.
Los casos de Penta y SQM son emblemáticos, en el primero habrían ido dineros a beneficiar a candidatos específicos de un determinado partido político, incurriendo en delitos más allá de los tributarios y en el de SQM parecen aún más grave ya que ha beneficiado a muchos más de distintas corrientes políticas y posiblemente no sólo para financiar ilegales aportes a gastos electorales, sino que también para lograr probablemente favores a la empresa frente a legislaciones u otros negocios a beneficio de su propio patrimonio empresarial. Recordemos que la privatización de SQM durante el gobierno militar ha sido seriamente cuestionada, como varias otras, pero por compromisos adquiridos para lograr la transición a la democracia dejaron de ser investigadas.
En el caso de Penta sería un apoyo a miembros de un partido hoy de oposición en cambio en SQM a miembros relacionados con distintas corrientes políticas, de gobierno y de oposición. En el primero, Impuestos Internos facilitó el proceso, en cambio en el de SQM hasta ahora no lo ha hecho y sobre su proceder hay serias objeciones.
Ha habido cambios de director del servicio e inclusos desde distintas posiciones se han señalado presiones a lo que debería ser su libre accionar. Se suma a esos antecedentes el despido de otro funcionario muy relacionado con el tema, que ha hecho candentes declaraciones.
Me impresionaron las palabras de fuerte crítica de los participantes del programa Tolerancia Cero del domingo pasado.
Seguramente no es nada cómoda la situación que enfrenta el nuevo Director del SII, recientemente designado por el gobierno, dentro de sus propias facultades para hacerlo discrecionalmente.
En la situación actual, en que las denuncias pueden afectar a personeros de gobierno o a sus familiares, dejar la responsabilidad de investigar o no investigar a un directivo de Impuestos Internos nombrado recientemente, constituye un procedimiento permitido, pero a mi juicio altamente criticable.
Además deja al Director de Impuestos Internos con una tremenda responsabilidad, depositando en él la de que potenciales graves delitos de otra naturaleza no se puedan investigar.
Esto a mi juicio parece dejar en claro la existencia de una criticable disposición legal que permite interpretaciones judiciales distintas, como en el caso reciente en que el juez de primera instancia falla a favor del posible delincuente antes de ser investigado y que el otro nivel judicial superior, una sala de la Corte de Apelaciones opine lo contrario sólo por mayoría parcial, es decir, con un voto en contra.
No puedo dejar de mencionar la molestia manifestada públicamente por el Fiscal Nacional a los obstáculos que les está generando Impuestos Internos en tan graves temas en investigación.
Por mi parte tengo la impresión de que esto está perjudicando seriamente la imagen del Gobierno.
Debiera prevaler un principio básico de la sociedad en que el que detecta un delito tenga la obligación, a lo menos moral, de denunciarlo. De alguna manera podría hasta considerarse que el Director de Impuestos Internos que no se querelle, esté actuando involuntariamente como encubridor de otros delitos, de los cuales él a lo menos parcialmente se ha percatado.
Recientemente ha surgido la noticia de que una persona que había sido investigada por eventuales delitos sexuales sobre menores, quien ya había sido sobreseído, estaría afectado por una nueva investigación consecuencia de la denuncia de una persona que al revisar su computador para una corrección de su sistema operacional, detectó contenidos pornográficos en que se hace participar a menores. Es muy probable que el ocasional revisor denunciante se haya indignado al tomar conocimiento de esos contenidos y por ello haya decidido denunciar esa realidad.
Cargos como los de superintendentes y de directores de servicios como los de Impuestos Internos y de otros fiscalizadores como en temas medio ambientales o de sanidad vegetal y animal, debieran una vez designados tener una estabilidad que no sólo dependiese del Ejecutivo sino que también del Legislativo. Entiendo que en el pasado eso era así. El fiscalizador que procede honestamente tiende a crear enemigos muy poderosos y con ello debilitar o comprometer su estabilidad.
