Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Chile necesita una nueva auténtica Constitución de su República para contribuir a alejarnos de la profunda crisis a que el país se encamina

Conviene recordar las cuatro importantes características que debe tener el desarrollo socioeconómico de un país:

  1. Crecimiento económico.
  2. Justa distribución de los beneficios de ese crecimiento.
  3. Estabilidad y sustentabilidad.
  4. Pleno empleo.

Nuestro desarrollo desde varias décadas ha dejado de cumplir parte importante de estas características. Hay una muy injusta distribución del ingreso, estamos muy lejos de un verdadero pleno empleo. Desgraciadamente avanzamos a una riesgosa inestabilidad y comprometiendo seriamente su sustentabilidad.

Con el modelo de desarrollo que hemos adoptado, se ha abandonado la planificación del desarrollo del país y ni siquiera tenemos un buen real diagnóstico de los grandes problemas que enfrentamos, de sus causas y de su prognosis, es decir de saber a dónde nos encaminamos sino desarrollamos nuevas políticas de desarrollo, si dejamos que todo siga su curso actual.

Estamos cada vez más lejos de esa estabilidad y sustentabilidad necesarias. Cabría pensar hoy si no podemos llegar a una verdadera explosión sociopolítica, de quizás de qué graves características y consecuencia posteriores, como se nos dio antes del Golpe Militar de 1973 y todo lo sucedido después.

En mi opinión, nuestro país enfrenta hoy los riesgos de una profunda crisis. Se advierte por muchos indicadores, uno desde luego es la delincuencia bastante agravada, acompañada de violencia creciente; es alarmante la participación en ella de gente muy joven, incluso de niños. Ello permite suponer un agravamiento al futuro.

Por otra parte la presencia de la corrupción que se expande y se agudiza. Muy serio lo que se ha visto en la política, en los partidos políticos y en parlamentarios y otros representante de elección de distintos partidos. Parece ser muy seria en el sector municipal. Por resquicios legales muchos de esos delitos quedan impunes o enfrentan sanciones muy pequeñas.

Preocupante es lo que se ha detectado en el Cuerpo de Carabineros. Situación nunca antes vista en la historia de Chile.

La ética profesional se ve también bastante comprometida, y la vigilancia de ella se hace cada vez más difícil, por el alarmante debilitamiento de los colegios profesionales.

Hoy en día las grandes democracias del mundo desarrollado, cada vez más refuerzan sus colegios profesionales, que velan por el cumplimiento de la ética de sus asociados. Nosotros marchamos al revés.

No pocos profesionales no entran a los colegios o se retiran de ellos, porque la organización nada les ofrece; triste reacción. El materialismo se impone; es obligación en mi opinión que todo profesional participe en su colegio y lo ayude a que este cumpla su función y no descansar en la relación costo beneficio, ¿cuánto beneficio puedo sacar del tiempo que dedico a mi colegio y de los pagos que debo hacer para pertenecer como activo en él?. Me amarga oír estas expresiones en profesionales de los más antiguos, de épocas de otros valores. Mucho más generalizado es este planteamiento en las nuevas generaciones de profesionales.

La droga parece extenderse en toda los población y va pasando a ser cada vez más importante en la generación de trabajo y de ingresos en los sectores de menores recursos.

El drogadicto tiene una atracción a cometer delitos, cada vez más motivado por la desesperación por conseguir la droga; incluso llega a actuar con violencia sobre los familiares más cercanos. Recuperar al drogadicto es una tarea muy difícil; masivamente es casi imposible.

Las redes de drogas entran a formar verdaderas organizaciones que luchan entre ellas por territorios, generando muertos y heridos, que van provocando verdaderos círculos regresivos motivados por las venganzas y las luchas por proteger o expandir sus territorios.

La justicia no da abasto para actuar, y muchos delitos ni son investigados; muchas investigaciones terminan aplicando sanciones que nada conducen a tener efectos positivos.

Sobre las cárceles.

Muchas están saturadas y se transforman en verdaderas universidades para la delincuencia; incluso desde ellas se participa en la generación de otros delitos especialmente a través de los “maestros internados” y sus comunicaciones por celulares y otros medios con el exterior.

Chile es uno de los países en que el porcentaje más alto de su población está encarcelada; la justicia cada vez parece que más debe recurrir a la detención domiciliaria, en la práctica muy difícil de controlar.

Una de las nobles tareas que debieran hacerse en el encarcelamiento es la de capacitar al recluso para que al salir pueda reincorporarse a la sociedad. Tarea que actualmente se realiza muy parcialmente.

Una alta proporción de los que salen de la cárcel al ya cumplir sus tiempos de detención, prontamente pasan a ser reincidentes, posiblemente en gran parte por su imposibilidad de obtener trabajo e ingresos imprescindibles.

Se aprecia que cada día hay más población en libertad con orden de detención.

Se ha llegado a que el Poder Judicial proteste por las redadas de delincuentes que les significa a este poder del Estado a menos dar abasto a sus obligaciones. Redadas que sin duda se hacen necesarias ya que contribuyen a detectar redes existentes y poder así mejor identificar y detener a los grandes responsables de ellas.

Ocultamiento del desempleo.

El alto porcentaje de población que delinque en diferentes grados, por ejemplo muchos de los que participan en la venta ilegal callejera, contribuyen a ocultar la gravedad del desempleo. Todos los que delinquen pasan a ser no desempleados en las estadísticas oficiales.

La inmigración haitiana.

Preocupante ha sido esta inmigración que parece estar promovidas por organizaciones de lucro nacionales e internacionales, población que en grado importante se incorpora a la venta callejera, posiblemente ligada a explotadores nacionales que abusan de sus esfuerzos por obtener ingresos mínimos de subsistencia. Estos nuevos vendedores clandestinos extranjeros entran en conflicto con los nacionales; no hace mucho se pudo captar un acto de alta violencia entre haitianos y chilenos organizados, frente a la Estación Central de Santiago, sin tener la policía capacidad de una rápida acción; un haitiano habría sido herido gravemente. La noticia tuvo muy poca difusión, desconozco la razón de ello. Estas organizaciones de vendedores ilegales parece que entran a luchar por sus territorios en forma algo semejante como sucede en el narcotráfico.

Muchas quejas, sin duda justificadas, se hacen sentir por el comercio instalado legalmente, que paga sus impuestos, tiene costos de arrendamiento y contrata personal en forma legal.

La venta callejera a veces se asocia a la delincuencia o sin ello, favorece que esta mejor actúe.

Desordenes y daños de las marchas.

Preocupante por otra parte es apreciar como las frecuentes marchas organizadas, la mayoría de ellas con autorización legal, terminan en grandes destrozos de bienes públicos y desde luego de privados, provocados principalmente por ahora minorías de encapuchados que preocupantemente no pueden ser controlados ni detenidos. Se ataca a la fuerza policial, la que a veces debe hasta replegarse.

Golpea a la opinión pública el frecuente incendio de vehículos de la movilización pública en las calles de Santiago.

Toma de liceos y destrozos.

Recientemente hemos visto como los estudiantes de liceos de Santiago se toman los establecimientos y originan grandes destrozos, al extremo de que la autoridad tenga que cancelar semestres enteros de docencia. Antes, en las tomas estudiantiles que eran menos frecuentes, existían brigadas de estudiantes que evitaban los destrozos y que se preocupaban de entregar los establecimientos en orden y limpieza.

En poblaciones y barrios impresiona cómo se cometen delitos e incluso se generan balaceras.

Los robos a las residencias se hacen más comunes y más violentos. En algunos barrios llega a apreciarse que las familias viven verdaderamente enjauladas. Décadas atrás muy poco de eso se tenía.

Los asaltos en la calles son cada más frecuentes y de mayor violencia; posiblemente parte importante de ello sea provocado por adictos a las drogas. Esto sucede hasta en pleno centro de la capital.

Mucho más habría que mencionar en estas materias. Solo quiero agregar la gravedad que significa la falta de respeto a la autoridad policial y peor aún la agresión que se le hace y la baja o nula sanción que se aplica a ello. Es fundamental restablecer el respeto al policía, que es el representante de la ley. Al no lograrlo, se motiva que no haya la cantidad de policías que pueda poner orden en la sociedad.

Agredir a un policía o intentar hacerlo, debe merecer una sanción ejemplar. En el pasado bastante de eso existía y en otras sociedades ello está presente. Desde lanzar una simple piedra a un policía debiera ser seriamente sancionado.


En mi opinión la gran causal de lo que enfrentamos es el estilo de desarrollo en que hemos caído y factor importante es la espuria constitución que nos rige.

Es importante conocer y analizar cómo se llegó a esta constitución. Fue el Gobierno Militar que comprendió que se necesitaba una nueva constitución. La de 1925 existente hasta el Golpe de 1973, de hecho quedó suspendida o derogada.

Para una importante proporción de la población chilena llegamos en el país en 1973 a una profunda crisis que la democracia de entonces no fue capaz de superar; la única salida fue el Golpe de Estado.

Desgraciadamente no se veía una salida democrática; pudo haber sido la que se habría pensado en un sector amplio del Gobierno del presidente Allende, basada en el llamado a un plebiscito. De su resultado adverso al gobernante, este renunciaría. Para después hacerse una elección democrática. Al parecer la salida pensada ya era tardía; no alcanzó a ser informada.

Hay que recordar o tener presente que la Junta Militar decidió tomar una serie de medidas (para ella legales) por encima de la legislación existente, entre otras trasformarse la Junta de Gobierno inicialmente en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Constituyente. Sólo mantuvo al Poder Judicial pero modificándolo, marginando a muchos de sus miembros, y manteniéndolo como un poder de hecho en alto grado incondicional a la dictadura; eso contribuyó a que muchos atropellos a los derechos humanos no fueran investigados ni menos sancionados y que se tuviera muchos desaparecidos, bastante de ellos previamente detenidos. Fue un periodo negro de la historia de la justicia de Chile. Muy pocos jueces dejaron un positivo recuerdo.

Posiblemente parte de esta actitud del Poder Judicial se generó por el trato que el Gobierno de la Unidad Popular le dio a este poder del Estado.

Posteriormente el Poder Ejecutivo quedó en manos del general Pinochet y la Junta continuó como Poder Legislativo y participante del Constituyente.

Inicialmente, toda legislación nueva que estaba en contra de la Constitución vigente se consideró que automáticamente la modificaba, para que esa ley pasase a ser o tener la imagen de constitucional.

Parece algo increíble, el que fueran dictadas leyes secretas, para ello y para que fuera “legal” se hacían dos ediciones del Diario Oficial, una de número muy limitado con todas las leyes y decretos y otra, la pública, de conocimiento general, con igual contenido pero quedando en blanco los espacios donde en la edición oficial iban las disposiciones secretas.

Para preparar la nueva constitución que entró en vigencia por el plebiscito de 1980, se siguió un largo proceso de trabajo iniciado por comisiones en distintos ministerios, para llegar finalmente a su revisión y aprobación inicial por el Consejo de Estado y la Junta de Gobierno hacerle modificaciones terminales.

Cabe destacar en este proceso el nombramiento de una Comisión encargada del estudio de una nueva Constitución integrada por siete miembros de confianza de la Junta encabezada por Enrique Ortúzar Escobar, razón por la cual se la conoce como “Comisión Ortúzar”. El resultado del trabajo se plasmó en un Anteproyecto Constitucional, que fue entregado el año 1978, para una primera revisión al Consejo de Estado, presidido por el ex Presidente Jorge Alessandri, quien entrega su informe en Julio de 1980. Fte. 2014 “Nueva Constitución Política de Chile”. Galas Ediciones.

La comisión estuvo presidida por Enrique Ortúzar Escobar, ex ministro del gobierno de Jorge Alessandri de los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores. Su secretario fue Rafael Eyzaguirre Echeverría. La integraron inicialmente además Jaime Guzmán Errázuriz, Alejandro Silva Bascuñan, Jorge Ovalle Quiroz, Alicia Romo Román, Enrique Evans de la Cuadra, Sergio Diez Urzúa y Gustavo Lorca Rojas.

Renunciaron en 1977 Alejandro Silva y Enrique Evans y posteriormente Jorge Ovalle. Fueron remplazados por Luz Bulnes Aldunate, Raúl Bertelsen Repetto y Juan de Dios Carmona Peralta.

Recordar que fueron invitados a constituir el Consejo de Estado que propondría a la Junta de Gobierno el nuevo proyecto de Constitución a los ex Presidentes de Chile. Jorge Alessandri Rodríguez y Eduardo Frei Montalva. El primero aceptó participar, no así Eduardo Frei, quien siempre defendió que la Constitución debía ser preferentemente preparada por una Asamblea Constituyente.

Jorge Alessandri no solo aceptó formar parte del Consejo de Estado, sino que también ser su Presidencia. Desde luego este Consejo fue constituido por miembros designados por el Gobierno Militar. Políticamente tuvo una orientación más de derecha, fuerte presencia de la representación empresarial; destacados abogados participaron en este consejo.

Señalo lo que Wikipedia expone sobre el tema:

Luego del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, no solo fue suspendida la Constitución de 1925, sino que, además, se buscó crear una nueva institucionalidad completamente desde cero. Se designó una «Comisión de Estudios de la Nueva Constitución» (CENC), más conocida como Comisión Ortúzar, a la que se le confirió la labor de crear un anteproyecto de constitución. El Consejo de Estado discutió e introdujo algunas modificaciones al anteproyecto entre 1978 y 1980. Tuvieron aquí alguna participación el expresidente Jorge Alessandri, Presidente del Consejo, y Enrique Ortúzar. Con posterioridad a la redacción afinada por dicho cuerpo consultivo, la Junta Militar también le introdujo algunos cambios”.

Nota de R. Chateauneuf. Se atribuye a que Jaime Guzmán habría sido uno de los principales autores de las modificaciones que se hicieron a la versión aprobada por el Consejo de Estado presidido por el ex Presidente Jorge Alessandri Rodríguez. Se ha comentado que Jorge Alessandri quedó muy molesto con los cambios finales que se le hicieron.

El texto fue, en definitiva, sometido a consideración de la ciudadanía mediante el plebiscito nacional de 1980, en el que fue aprobado. Dicho plebiscito fue cuestionado por las irregularidades formales de su celebración (entre otros problemas, no existían registros electorales y la oposición se vio impedida de efectuar campaña). La Constitución entró en vigencia el 11 de marzo de 1981, aunque hubo sectores de la ciudadanía que no reconocieron su validez”.


La nueva constitución tiene una clara orientación neoliberal

Etimula el individualismo y conduce a debilitar en grado importante las organizaciones sociales, entre éstas sindicatos y colegios profesionales. Esto motiva un alto grado del debilitamiento de estas organizaciones fundamentales en una sociedad para que se tenga más justicia social y económica. Los colegios profesionales son fundamentales en la vigilancia de la ética profesional.

Me parece conveniente presentar un párrafo del prólogo que redactó Carlos Huneeus, el 15 de septiembre de 2005, de la obra titulada “La Junta Militar. Pinochet y Constitución de 1980” de Robert Barros. Editorial Sudamericana. Traducción de Milena Grass

Por otro lado, el régimen siguió una política económica según una racionalidad neoliberal, que transformó las bases institucionales del orden económico, estableció nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad, y tuvo un importante impacto en sectores de elites y en una considerable parte de la ciudadanía. Chile fue uno de los pocos casos en que la modernización económica comenzó bajo un régimen no democrático –la España del general Franco (1936-1975) fue otro–, un hecho que no se debe dejar de lado, porque ese escenario estuvo caracterizado por desigualdades institucionales que marcaron las relaciones entre los agentes económicos, provocando distorsiones de poder que se dejan ver todavía en democracia. La amplísima discrecionalidad que tuvieron los empresarios en esos años se demuestra en su lenta y compleja adaptación a las condiciones institucionales propias de la democracia, que, a diferencia del autoritarismo conservador, pone énfasis en atender las necesidades y los derechos de los trabajadores. Las organizaciones de trabajadores no se han recuperado del debilitamiento institucional provocado por las políticas laborales de la dictadura, y la indiferencia de ciertos tecnócratas y algunos políticos de la coalición gobernante desde 1990 –la Concertación por la Democracia– hacia las necesidades de los trabajadores y los sindicatos, da cuenta de que las reformas neoliberales dejan rastros en sectores más amplios que los seguidores del antiguo régimen. Estas huellas del pasado explican que Chile pareciera ser un país con un sistema económico sin trabajadores, pues la agenda pública está fuertemente dominada por los temas que interesan a los empresarios y se ignoran las necesidades e intereses de los asalariados”.

Entre otras características la Constitución de 1980 y su ley orgánica constitucional transforman el Banco Central, importantísima institución nacional en una totalmente autónoma, dirigida en adelante por un consejo cuyos miembros que permanecen por 10 años en sus cargos, son designados por el Ejecutivo y el Parlamento. Su función principal es controlar la inflación y se le margina de las importantes tareas del pasado de contribuir el financiamiento de Gobierno y en la política cambiaria, tan importante para un país con tan alta relación económica y comercial con el exterior. Esto se manifiesta en un alto porcentaje de nuestras producciones van al exterior y parte muy importante de nuestro consumo y de nuestras inversiones provienen del extranjero.

Por otra parte la economía se la tiene muy dependiente del precio del cobre, el que a su vez depende del crecimiento de la economía de China y a sus políticas económicas y comerciales. El precio del cobre, que presenta grandes inestabilidades, acusa alta correlación con el valor del dólar, valor de gran influencia en el resto de la economía, en sus otros sectores productivos y en el precio de los bienes consumidos y en insumos, como por ejemplo los combustibles. Repercute todo ello en todo el país y especialmente en la agricultura.

Su ley orgánica constitucional establece en su artículo 3.  “El Banco tendrá por objeto velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos”. Nada dice de preocuparte de las tasas de cambio.

Otra característica en el tema económico y financiero que tiene esta constitución, es la que no pueden haber leyes especiales para financiar determinadas materias, salvo en el caso de que el 10 por ciento del valor de la ventas de CODELCO deben ir permanentemente a las fuerzas armadas.

Esto ha dañado profundamente a las universidades estatales, especialmente a la Universidad de Chile que tenía importante financiamiento autónomo proveniente de impuestos a remuneraciones, que le daban significativos recursos para desarrollar su amplia actividad académica a favor del desarrollo nacional, especialmente en docencia e investigación; recursos que se ampliaban al ritmo del crecimiento económico del país.

En adelante estos recursos vienen de la Ley Anual del Presupuesto de la República, que generalmente termina siendo aprobada precipitadamente. La Casa de Bello así se vio obligada a abandonar paulatinamente su educación gratuita y a establecer aranceles estudiantiles crecientes, en parte importante que conducen a fuertes endeudamientos de los profesionales que se reciben, los que pasan a ser aspirantes obligados prontamente a altos ingresos.

Se ha ido perdiendo la presencia de ese gran capital humano de sus egresados formados gratuitamente que salían comprometidos con la sociedad.

Cabe recordar que las universidades estatales fueron intervenidas por delegados de Gobierno. Se hizo desaparecer a la Universidad Técnica del Estado y se le quitó a la Universidad de Chile sus sedes regionales. Las sedes regionales de las universidades de Chile y Técnica del Estado, fueron fusionadas para crear nuevas universidades del Estado, regionales y varias de ellas muy débiles.

El proceso de privatización del Gobierno Militar mostró graves irregularidades, con grandes y discutibles beneficios para sus adquirentes, que se pensaban investigar una vez que se llegara a la democracia, pero desgraciadamente para conseguirla y avanzar en ella, se debió asumir el compromiso de no investigar sobre la materia. Sin duda procedimientos de esta naturaleza terminan explicando la pérdida de valores en la sociedad chilena.

Lo sucedido durante el Gobierno Militar y la posterior democracia afectada por una nueva constitución, han favorecido una concentración del poder económico, asociado a una muy desigual distribución del ingreso.

A muchos ha impactado las colusiones entre poderosas empresas privadas en materia de precios, destacables sin dudas las farmacéuticas por la naturaleza de los productos que entregan, empresas posteriormente vendidas al capital extranjero. La otra muy conocida es la referente al papel Confort, en que se ha visto comprometida Papeles y Cartones, que rompe un historial muy honesto de su pasado en manos de Jorge Alejandro Rodríguez como presidente y como gerente general y posterior presidente Ernesto Ayala Oliva.

 

Inquietante sin duda es lo que ha sucedido con nuestra economía, con la destrucción industrial de rubros importantes generadores de empleo. Gran proporción de la importante industria metal mecánica ha desaparecido, gran parte del abastecimiento de sus productos vienen del extranjero. Lo mismo ha sucedido con la gran industria textil del pasado como también la de la confección. Algo similar lo hemos visto con el sector industrial del cuero y calzado. Todas estas industrias tenían buenos sindicatos, estabilidades de sus empleos e importante apoyo a las actividades deportivas.

Mucho se habla de darle valor agregado a nuestras exportaciones de cobre y hemos terminado la manufactura de él que antes la producíamos para a lo menos nuestro consumo. Nacionalizamos y chilenizamos la gran minería del cobre aprobada por la unanimidad del parlamento y hoy más del 70% de la producción nacional del metal rojo está en manos de capitales extranjeros.

Muy grave en mi opinión ha sido la casi desaparición de la asignación familiar tan importante en la antigua democracia. Eran importantes en el mejoramiento del ingreso en las familias más pobres y en el robustecimiento general de la familia chilena. Algo importante que ello tenía, es dar más ingreso a las familias que más lo necesitan y no significaba mayor costos para las empresas contratantes. Posiblemente su desaparición para gran parte de las familias ha sido un factor causal de la reducción de la natalidad como también probablemente lo ha sido el mayor costo de la educación.

 

Grandes estadistas del pasado, especialmente Eduardo Frei Montalva, plantearon la necesidad de llegar en la futura democracia a una nueva constitución que naciese de una Asamblea Constituyente. Se desarrollaron esfuerzos de diferentes ciudadanos de distintas corrientes políticas por que se cumpliese el anhelo de esos viejos y valiosos estadistas, pero ese camino para llegar a una auténtica constitución democrática, que sea orgullo nacional, se ha ido debilitando.

 

La izquierda chilena es la que más ha defendido esta vía; el Partido Radical en algunos momentos apareció como defensora de es vía, no así la Democracia Cristiana a pesar de todos los planteamientos que hiciera Eduardo Frei Montalva frente al Plebiscito de la dictadura militar para sacar adelante la Constitución de 1980.

En Chile mucho se ha perdido de los grandes valores de políticos estadistas del pasado, una muestra de ello ha sido la forma como se han financiado varias de las campañas políticas de parlamentarios de diferentes partidos, lo que sin duda ha sido causa del desprestigio de los partidos políticos y de parte importante de sus parlamentarios. Posiblemente estos financiamientos a políticos han contribuido a la gestación de leyes favorables a sectores más poderosos.

Hoy preocupa el alto y creciente endeudamiento de parte importante de las familias chilenas, que pueden contribuir a situaciones más críticas en el corto plazo. Se fomenta un consumismo irracional, basado en un endeudamiento creciente a altas tasas de interés. El ahorro en Chile recibe intereses muy bajos, a menudo hasta interesas reales negativos.

Merece especial crítica al debilitamiento del ahorro en Chile, al que ha contribuido el Banco del Estado, institución creada en 1953 que entre de sus responsabilidades tenía la de asumir las tareas de fomento del ahorro de la antigua Caja Nacional de Ahorros. Debe señalarse que eso no fue responsabilidad del Gobierno Militar, sino del Gobierno de la Concertación Nacional y en particular de período de Lagos Escobar. Todo esto es una demostración de cómo se han perdido valores de nuestra sociedad.

Por otra parte hay importantes sectores que por conveniencias particulares indirectamente defienden la continuación del actual sistema constitucional.

Las esperanzas de que esto cambie sin duda que son débiles; desgraciadamente parece más bien que llegaremos a una profunda crisis política, económica y social que quizá en qué terminará.

Varios temas no han quedado abordados en este artículo. Desde luego lo referente al sistema universitarios existente, parte importante hoy en manos de capitales extranjeros con fines lucro, siendo que por ley las universidades privadas no lo pueden tener.

Otro tema omitido es el de los vertederos, que ya están en una serie crítica, que de inmediato no tiene una salida que seguir expandiéndose con el daño medio ambiental y al daño a población aledaña y especialmente en niños.

Omito un tema muy importante, el de la municipalización de la educación y parte importante de la salud. Eso da para un largo análisis; solo deseo destacar el perverso trato que se le ha dado al profesorado, que posiblemente ha repercutido en su pérdida de respeto por parte importante de los alumnos y de los padres y apoderados, incluso en violencia contra ellos. Además de generar inestabilidades en los cargos, ha tronchado la carrera funcionaria; en el pasado eran empleados públicos y sus ascensos eran en concursos nacionales y no pocos de ellos podían llegar a altos cargos en el Ministerio de Educación, funcionarios de méritos y con amplios conocimientos y experiencias.

El respeto al profesor, en un pilar fundamental para la estabilidad y el progreso de una sociedad.

Es increíble lo poco o lo casi nada que se ha logrado avanzar en estas materias.

Parece no haber conciencia en los que gobiernan que entregar los recursos a los municipios basado en el neoliberalismo extremo de una entrega calculada por asistencia-alumno, que perjudica especialmente a las comunas con mayor pobreza, en que en varias de sus escuelas deberían haber cursos de menos alumnos, disponer de los mejores profesores y donde la ausencia a clases es mayor. No pocos municipios han debido cerrar escuelas mediante fusiones, que en cierto modo distancia a los alumnos de su escuela y daña relaciones humanas entre alumnos entre sí y ellos con sus educadores.

0Sin voto aún

No hay comentarios todavía

Qué piensa usted ?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.