Al final de estos comentarios se presenta in extenso el editorial que se analiza.
En mi opinión su redacción es bastante mercurial, elegante y suave para decir las cosas, pero va algo de fondo en el mensaje. En este caso critica sin decirlo expresamente al “populismo”.
Destaco en torno a esto, párrafos del editorial como “Las reacciones suscitadas dan cuenta de lo complejo que resulta legislar con premura”, “Desde luego, aunque se trata de una medida popular, el beneficio de disminuir las dietas de congresistas no es evidente”, “Medidas apresuradas sugieren una suerte de desesperación por ganar la adhesión de la calle – como si esta fuese fácilmente identificable – , sin ponderar adecuadamente las consecuencias”.
Parte el editorial señalando que es explicable el debate abierto a partir de la rebaja en las dietas parlamentarias y sueldos de altos funcionarios del Estado aprobada en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
Destaca la gravedad de la inclusión de una disposición transitoria que establece de inmediato una rebaja temporal del 50% de las remuneraciones. Su tiempo de espera es mientras una instancia autónoma – en principio el Banco Central, aunque este ha advertido que se aparta de su función – determine cuál debería ser el sueldo adecuado para cada uno.
En mi opinión lo resuelto por la Comisión parece increíble. Constituye por una parte una demostración de ignorancia jurídica y en lo social, generaría un impacto gravísimo, una injusticia sin límite. También es no creíble que se piense en el Banco Central, cuando es una institución pública que no tiene atribuciones para enfrentar estas tareas. Y además como puede pensarse que esta u otras institución pueda desarrollar tan difícil tarea, basada mucho de ello en juicios de valores. Es difícil imaginar cuánto tiempo demorara en dar una decisión, y por lo tanto en todo ese período permanecerían las remuneraciones a la mitad de lo que los afectados recibían anteriormente.
Lo que quizás sea más grave es el temor del efecto que el populismo puede tener en la sociedad, si este ha influido en tal grado en un grupo de diputados, la mayoría de ellos abogados, que se debe supone que poseen sólidos conocimientos de la legalidad institucional chilena, y no son ignorantes en estas materias. Además el grupo lo constituyen en su mayoría militantes maduros de partidos políticos tradicionales, tanto de izquierda, como de centro y de derecha.
Tengo la impresión que con lo acordado en esta Comisión, se pueden escribir las páginas más negras de la historia parlamentaria de Chile, que se extienda también a negros capítulos de la historia de los partidos políticos.
Me ha llamado la atención que no haya habido sobre el tema pronunciamientos posteriores de los partidos políticos, por lo menos de los más tradicionales.
Meritoria ha sido la opinión dada verbalmente y el tono de ella por el Presidente de la Cámara de Diputados, el sexagenario demócrata cristiano Iván Flores García, distinguido Médico Veterinario de la Universidad Austral, de larga carrera política y de amplia formación en materias de desarrollo nacional y sectorial. Contrasta su actitud esperanzadora con la extraña del Presidente de Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el abogado de la Universidad Diego Portales Matías Walker Prieto, de familia antigua y actual de importantes políticos chilenos.
Poco se analiza y comenta el hecho de reducir de la noche a la mañana a la mitad las remuneraciones de parlamentarios y funcionarios públicos.
Cómo golpea tan injustamente a muchas familias. Es una verdadera indirecta expropiación de patrimonio. No sería extraño que varios parlamentarios que financiaron sus campañas con recursos propios, estén pagando sus deudas, las propias o de sus familiares más directos. En mi opinión esto constituye una medida inconstitucional; por de pronto genera intranquilidad no solo a los afectados directos sino que también a quienes se tienen contratados por los parlamentarios, ya que también se propone reducir a la mitad los otros aportes que se les entregan. Por parte, de estos últimos afectados, ya se tienen manifestaciones de fuerte crítica, con expresiones que irradian angustias.
Estoy muy de acuerdo con lo que señala el editorial en cuanto a que se perjudica o impide la presencia en la labor legislativa de individuos que carecen de riqueza personal.
Uno debe preguntarse qué nos está pasando en Chile que las protestas, las acciones y los acuerdos que pretenden mayor justicia económica y social, más están dañando a los de menores recursos, como sucede en las destrucciones de estaciones del Metro, en el ataque a las pequeñas microempresas comerciales y a privar de supermercados a los sectores de menores ingresos. También está repercutiendo en el empleo.
Da la impresión que el país se está autodestruyendo. Su economía seguramente va a decaer y aumentar apreciablemente el desempleo y especialmente la cesantía. Además seguramente aumentará el ritmo inflacionario con la elevación del valor de la divisa. Es posible que aumenten los ya altos niveles de delincuencia.
Muy bien señala el editorial sobre la importancia de tener en altos mandos de la administración pública a personal calificado y cómo se pretendió dar ingresos, remuneraciones más altas a ministros de Estado.
Recuerdo dos casos que conocí por los años 60 del siglo pasado, uno el de un destacado ingeniero agrónomo y empresario que fuera ministro de Agricultura del Presidente Ibáñez, quien señaló que fue bueno para él que los ministros duraran poco; él en 6 meses perdió su automóvil. Otro caso el de un ministro de Agricultura de gran prestigio y de larga permanencia en el cargo y con varios hijos, su esposa debió empezar a vender productos agrícolas para contribuir a financiar su hogar.
Recuerdo que en aquel entonces se inició una campaña para subir las remuneraciones de los ministros y leí en un editorial de El Mercurio que se respaldaba esa campaña. Ahora en cierto modo este diario está apoyando el tratamiento a los ministros que entonces finalmente se había logrado.
Conviene recordar como en el gobierno del Presidente Lagos se tuvo que cometer irregularidades financieras para poder tener en Obras Públicas a profesionales bien capacitados y así poder abordar el ambicioso programa de infraestructuras que tanto han favorecido al país. Bastante escándalo se produjo sobre el tema y fuerte sanciones a quienes debieron participar en ese proceso.
Quizás uno de los temas más delicados sea sobre el Poder Judicial; rebajar las remuneraciones a los jueces de corte. Un poder como el Legislativo se permite pretender alterar remuneraciones del Poder Judicial; es una arrogancia increíble. Ello ya causó molestias que significaron a lo menos una queja formal de la representación de la Corte Suprema al Ejecutivo, poder este último que manifestó no respaldar esa iniciativa.
Se puede comprender la molestia que ha originado esta actuación que afecta a jueces de carrera; la mayoría de ellos ha llegado a la cúspide de la carrera, por mérito y reconocimiento. Muchos de ellos próximos a jubilar. Profesionales que deben dar atención exclusiva a la justicia en su vida profesional, con la excepción de su contribución a la academia universitaria.
Interesante saber qué piensa el Colegio de Abogados por el proceder de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados que son abogados. Tener presente que la Corte Suprema ha dado importante respaldo al Colegio de esta Orden.
Es sin duda preocupante lo sucedido. Hasta donde puede conducir el populismo si uno analiza que una Comisión del Poder Legislativo llega a decisiones como las analizadas.
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A continuación se presenta in extenso el artículo editorial principal de El Mercurio del dia 24 de noviembre de 2019
Apresurada rebaja de sueldos
Intenso, pero en cierta forma anticipable, ha sido el debate abierto a partir de la rebaja en las dietas parlamentarias y sueldos de altos funcionarios del Estado aprobada en la comisión de Constitución de la Cámara. Se incluyó ahí una disposición transitoria que establece una disminución inmediata del 50% en esas remuneraciones, la que regirá mientras una instancia autónoma –en principio el Banco Central, aunque este ha advertido que se aparta de su función –determine cuál deberá ser el sueldo adecuado para cada uno. De acuerdo con estimaciones preliminares, serían casi 12 mil los afectados. Las reacciones suscitadas dan cuenta de lo complejo que resulta legislar con premura.
Desde luego, aunque se trata de una medida popular, en beneficio de disminuir las dietas de congresista no es evidente. No debe olvidarse el sentido democrático que las justifica, en cuanto a permitir la participación en la labor legislativa de personas que carecen de fortuna personal. Ciertamente su monto puede debatirse y es valiosa la señal de austeridad que se busca trasmitir, pero ha de tenerse presente en cuenta también la necesidad de no desincentivar la llegada al Congreso de personas de alta preparación y experiencia.
Más compleja es la situación en el caso de otros poderes del Estado. De hecho, existe evidencia en cuanto a que las remuneraciones de los altos funcionarios públicos se sitúan por debajo de cargos equivalentes en el sector privado. Sin duda, esta actividad demanda una vocación especial de servicio, pero resulta inevitable que si las diferencias son muy sustantivas, la posibilidad de atraer profesionales de alta calificación se reduce. La reciente experiencia de México es aquí categórica: la rebaja de los más altos sueldos ha generado un masivo éxodo de
«El apuro por ganar adhesión amenaza
Impactar la calidad del proceso legislativo»
altos funcionarios. No debe olvidarse tampoco el caso de Chile de los irregulares sobresueldos a ministros, con lo que precisamente se buscó elevar sus remuneraciones en el pasado. Por lo demás, en nuestro país, paradójicamente, es en los niveles medios e inferiores del aparato público donde las remuneraciones promedio superan a las del mundo privado. Sin embargo, el problema de fondo no son los de sueldo per se, si no la necesidad de modernizar el funcionamiento del Estado, de modo de prestar un mejor servicio a los ciudadanos.
En el caso del Poder Judicial, la medida agrega a las anteriores otras complicaciones, por tratarse de un poder del Estado cuyas máximas autoridades llegan en general a esos cargos como culminación de dilatadas carreras funcionarias, cuya estructura de remuneraciones podría quedar completamente desalineada.
Más que relegitimar la actividad pública con rebajas de sueldos, lo que el país espera de sus parlamentarios, altos funcionarios y miembros del Poder Judicial es que realicen su tarea de manera profesional y en búsqueda del bien común. Medidas apresuradas sugieren una suerte de desesperación por ganar la adhesión de la calle – como si esta fuese fácilmente identificable -, sin ponderar adecuadamente las consecuencias. Desafortunadamente, este apuro amenaza impactar la calidad del proceso legislativo en muchas materias, como el debate sobre pensiones o la discusión laboral en el proyecto de 40 horas, por ejemplo.
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