Pensaba erradamente que el Presidente de la Cámara tenía un pensamiento distinto, pero no fue así.
Lo aprobado corresponde a una modificación de la Constitución vigente. Los acuerdos en lo principal, fueron con respaldo unánime de los 150 diputados existentes; según algunas versiones con el respaldo a regañadientes de algunos parlamentarios. Entiendo que no hubo un respaldo ni una opinión del Ejecutivo a lo que se acordaba.
En mi opinión es sorprendente que las remuneraciones de todos los pertenecientes a los tres poderes del Estado dependerán de una comisión omnipotente de técnicos compuesta por: dos miembros designados por el Consejo de la Alta Dirección Pública, dos miembros designados por el Banco Central y un miembro designado por el Presidente de la República. Y que cada cuatro años, esa Comisión, deberá revisar de estos niveles existentes; en el intertanto estos montos se reajustarán por el IPC.
Apenas esta ley sea aprobada y entre en vigencia, se rebajarán transitoriamente por 60 días el 50% de la dieta y las altas remuneraciones del sector público, al momento de publicada la ley. Se extiende esta disposición a las empresas y universidades del Estado. Se excluye a los miembros del Poder Judicial.
Al parecer no se precisa por ahora en el proyecto de ley, qué se entiende por las altas remuneraciones del sector público. De aplicarse a solo la más alta remuneración, la autoridad quedará con remuneración inferior a las de muchos de sus dependientes.
Hoy oí dos opiniones de parlamentarios. La primera fue de Matías Walker, quien dijo que la Comisión omnipotente podía fijar dietas mayores a ese 50 por ciento, mientras que otro diputado de los promotores de estas ideas, señaló que esperaba que la comisión estableciera como máximo de la dieta futura de los parlamentarios, ese 50% de la actual.
Espero que en la pasada por el Senado, el populismo tenga menos influencia, como un poco se le redujo al pasar desde la Comisión de Constitución a la sala de la Cámara de Diputados.
Me parece increíble que un técnico designado por el Banco Central, o por el Consejo de Alta Dirección Pública o por el Presidente de la República tenga un poder de un 20% en establecer las dietas y las remuneraciones de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, e incluso de las Universidades del Estado. Y que baste con el acuerdo de tres de sus miembros, se pueda establecer todo lo antes señalado.
Además tendrán un plazo perentorio para dar su fallo.
Pienso que la ética de un profesional responsable le debiera sugerir no asumir una tarea de esta naturaleza.
Debiera pensarse darle prioridad a una reforma tributaria, especialmente en el impuesto a la renta con tasas más fuertemente progresivas con topes más alto, como sucede en el mayoría de los países desarrollados.
Sin duda que el efecto de bajar las dietas y las remuneraciones tan prontamente en forma provisoria, en nada afectará en las condiciones actuales por ejemplo al Presidente de la Repúblicas y a parlamentarios de familias adineradas, pero mucho puede dañar a las familias de muchos otros parlamentarios y funcionarios públicos que con toda seguridad están endeudados basados en las capacidades de pago que consideraban tener en sus actuales cargos. Se suma a las rebajas inmediatas, las incertidumbres sobre la situación futura.
Pienso que es esto lo último que escribo sobre este tema. Parece que soy de otra época y de otros valores. Tengo que convencerme que soy un obsoleto.
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