Me cuesta entender por qué se llega a cuestionar reconocimientos de la condición de exonerado con escándalo cuando cada caso pasó por un largo proceso y finalmente fueron visados por la Contraloría. Agrego esto hoy 7 de junio; parece quedar precisado recientemente que la Contraloría tenía sólo la responsabilidad de hacer observaciones pero no aprobar cada caso, eso sería responsabilidad del Presidente de la República; esto es muy positivo para el prestigio de la institución contralora. Muchos quedaron marginados en el trayecto de este reconocimiento.
Supe de muchos exonerados a quienes bastante les costó conseguir su calificación de tal; se les pidieron una serie de exigencias, muchas de ellas difícil de cumplir por la desaparición de documentaciones. Recuerdo haberle dado una certificación a un exonerado de CORFO del cual yo fui uno de los jefes superiores, certifiqué que él había sido profesional de la institución. También me parece haber dado un testimonio de que otro profesional que había sido funcionario de la CORA, por las relaciones que había tenido desde la CORFO con él por actividades de servicio. Desconozco si ellos utilizaron mis certificaciones o informes y si les sirvió.
Ahora me extraña que sea la misma Contraloría la que denuncia irregularidades masivas. Uno tiene derecho a preguntarse por qué lo hace y con qué finalidad.
Da la impresión que estas denuncias tienen una clara intencionalidad política para hacer responsable especialmente a la ex Presidenta Bachelet. Si ha habido irregularidades por qué ella debe tener responsabilidad si se siguieron muchos filtros y uno final él de la Contraloría. Responsabilidad puede haber sin dudas del exonerado que engañó al Estado para obtener este beneficio; ello debiera ser silenciosamente investigado y si hay delito ser sancionado, después de una justa defensa.
Cuántas personas está sufriendo frente a todo esto, ante un Gobierno que motiva incertidumbres y desconfianzas de correctos procederes.
Más adelante me extiendo en estos temas y me refiero a otros relacionados con la Universiadd de Chile, de la cual fui parcialmente exonerado, reconocida mi calidad de tal, pero sin ningún beneficio más alla de su reconocimiento de tal.
Se acusa de certificaciones masivas entregadas por parlamentarios, la mayoría hoy de la oposición, y especialmente de los partidos cuyos militantes o simpatizantes fueron más perseguidos por el Gobierno Militar. También se acusa que muchas de esas certificaciones se dieron en períodos previos a las elecciones.
Esto último parece algo lógico. Cuándo se acercan más los parlamentarios a sus bases, no es cuándo se presentan próximas elecciones. Cuándo saben los afectados que van a ser atendidos y mejor atendidos, sino que en los períodos preeleccionarios. Cuándo se van a preocupar más de sus bases los políticos que antes de las elecciones. Es quizás criticable, comprensible, pero ello no es un delito.
Oí hoy a la diputada María Antonieta Saá que daba como una de las posibles explicaciones de estas concentraciones de certificaciones, el hecho de que había fechas de vencimiento de plazos de algunas leyes para hacer esas entregas.
Hoy he sabido que esas certificaciones no son vinculantes, son sólo un antecedente más. Ellas no motivaban su aprobación o su rechazo. Eso refuerza la hipótesis de una intencionalidad política.
Hoy me desilusionó un dirigente de Renovación Nacional en un programa radial, quien se había ganado mis respetos por a mi juicio prudentes y criteriosas intervenciones anteriores, cuestionando que parlamentarios recibieran sus legales ingresos como exonerados por el hecho de recibir sus remuneraciones de parlamentario. Coincide esta intervención, a mi juicio poco feliz, con una encuesta que hoy hace La Segunda sobre el tema; sin duda que la mayoría está en contra de que los parlamentarios beneficiados con exoneraciones reciban esos dineros. En mi opinión esto es una demagogia de baja calidad política.
No es importante que los parlamentarios, especialmente los de centro y de izquierda que no son grandes capitalistas, empresarios o profesionales de ejercicios lucrativos, tengan ingresos estables, si se los merecen, una vez que terminen sus responsabilidades parlamentarias. No contribuye ello a un ambiente favorable a que procedan con mayor ética política en sus votaciones en las comisiones y en las cámaras del Poder Legislativo. Yo soy partidarios que ellos tengan al final del desempeño de sus cargos, adecuadas jubilaciones, las que se han hecho desaparecer. No se está contribuyendo a que los más poderosos económicamente sean los elegidos para altas responsabilidades políticas.
Esto me trajo de inmediato recuerdos del pasado. Qué tremendas irregularidades con beneficio de minorías se tuvieron con las privatizaciones de empresas del Estado durante el Gobierno Militar, irregularidades o más bien delitos que hubo que dejar impunes para poder volver a la democracia. Sin duda que los más favorecidos fueron hombres de derecha.
Creo que con lo que está sucediendo con los exonerados ameritaría que se hiciera un juicio a lo menos moral a todas esas vergonzosas privatizaciones amparadas en inmoralidades.
Las sanciones a los atropellos de los derechos humanos han recaído principalmente en personeros de las Fuerzas Armadas; cómo han quedado impunes los civiles que ganaron enormes patrimonios con esas adquisiciones. No significó aquello un atentado contra los derechos humanos al quitarle al patrimonio estatal enormes recursos que pudieron favorecer a los más pobres para beneficiar a minorías amorales que no sólo se favorecieron adquiriendo patrimonios a valores a veces hasta insignificantes, que les sirvió para obtener grandes utilidades posteriores y pasar a reforzar sus poderes políticos y económicos, sus poderes fácticos.
A los militares se les ha perseguido en gran parte justamente por delitos sobre violación a derechos humanos. Pero los civiles han quedado impunes de graves delitos económicos y no pocos también habrían sido instigadores de esos atropellos concretados por miembros de las fuerzas armadas o de las de orden. El Gobierno Militar dictó una ley de amnistía para delitos cometidos en un periodo inicial de la dictadura en la que más razones pudo existir para el uso de esa violencia extrema, ley que en parte no fue posteriormente respetada.
Poco se ha dicho de lo positivo que por un lado pudo tener esa ley. En mi opinión ella quizá contribuyó a reducir los delitos futuros de los militares después de su vigencia, ya que serían sancionados por su propio régimen.
Qué preocupante es que el Gobierno aparezca en estos días con esta agresividad contra los exonerados, creando justificada intranquilidad en tantos ya ancianos que recibieron una justa recompensa que ahora les sirve para estrechamente sobrevivir. El daño que se está haciendo a la sociedad, a sectores más desvalidos es enorme. Todo para qué, para detener a la ex presidenta Bachelet en su carrera aparente firme a la Presidencia. Es algo parecida a culpar a ella de la muerte de chilenos a consecuencias de los maremotos derivados de uno de los sismos más grandes que ha sufrido la humanidad.
No estaremos generando una nueva polarización socio política en Chile que nos lleve a mayores conflictos internos de los que ya se generan por las desigualdades de las más extremas del mundo tanto en la distribución del ingreso como en la de la riqueza.
Yo soy un exonerado político, me fue reconocida esa condición pero no obtuve ningún beneficio. Mi exoneración fue por la Universidad de Chile donde he tenido muchos cargos; fui exonerado en 1980, de mi docencia en la Facultad de Ciencias Económicas donde tenía en propiedad la Cátedra de Economía Agraria, la que había ganado por concurso de antecedentes.
Fui partidario del Golpe Militar en sus comienzos y mi exoneración al parecer fue motivada por los civiles, porque yo no compartía el pensamiento neoliberal en forma plena. La primera racha de exoneraciones en la Facultad de Economía fue inmediatamente tras del Golpe Militar; salieron gran parte de los que se le consideraban de izquierda; esa exoneración seguramente fue motivada principalmente por las autoridades militares. En la segunda oleada, primero fueron exonerados los que pensando en forma parecida a mí y tenían jornadas completas, después fueron los de media jornada para finalmente tocarnos a lo que teníamos jornadas parciales. Yo tenía un nombramiento en propiedad por sólo dos horas y recientemente se me había pedido que asumiera una asignatura de política agraria, cuyo programa debí crear; fue un nombramiento por otras dos horas pero sólo a contrata.
Reitero que mi exoneración fue en 1980 y se me comunicó por una nota en la que ni siquiera se indicaba mi nombre. Éste sólo estaba en el sobre, por lo que supuse que era dirigida a mí; los hechos lo demostraron que era así.
Con estas dos oleadas de exoneraciones, no cabe duda que gran parte de quienes se formaron con el nuevo profesorado salieron con una formación sesgada.
Recuerdo en pleno gobierno militar, cuando iba a hacer mi clase, se acercó un ayudante de otra cátedra y me solicitó que no hiciese la clase ya que había un foro organizado por lo ayudantes entre los que estaba invitado Ricardo Lagos. Suspendí la actividad docente y asistí al foro. Participaron otras dos personas, a lo menos una era académico de la Universidad de Chile. Recuerdo a Lagos cuando dijo que mientras no se reintegrara a todos los exonerados, la universidad no volvería a ser la auténtica Universidad de Chile.
Después lamenté cuando llegó la democracia que no se tuvo la voluntad política de realizar esas reincorporaciones y una de las razones principales fueron los recursos financieros, pero no fue la única causa.
Volviendo a mi exoneración, recuerdo haber reclamado a la Rectoría, en esa época a cargo de un militar. Señalaba en ella que seguía siendo profesor con nombramiento en otra facultad lo que podría considerarse un error. Le indicaba que a lo mejor no se habían dado cuenta que me quedaba otro cargo. Al no tener respuesta, insistí en conseguirla y frente a ella se me señaló algo así como que la Universidad de Chile se sentía honrada en que yo fuera académico de ella.
El destino quiso que al poco tiempo se me nombrara a jornada completa en el INTA y llegase a ser evaluado como Profesor Titular de la Universidad de Chile y varios años más, cuando se recupera la democracia se me pide que postule a decano de la facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, llegando a ser elegido en ese importante cargo en 1990.
Mi exoneración reconocida de nada sirvió ya que el INP consideró que ésta no me daba beneficios previsionales ya que yo había continuado en otro cargo remunerado. Era igualmente un cargo por un par de horas.
Aprovecho de recordar que para el Golpe Militar yo era profesor titular de la Cátedra de Economía de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. Había ganado la cátedra en propiedad después de varios años de ejercerla como interino, participando en un concurso por oposición. En el año 1973, el del Golpe, constaba nada menos que con cuatro docentes importante como colaboradores de la cátedra, nada menos que al Decano de la Facultad, al Director de la Escuela de Agronomía y a otro académico. Procuré que el equipo tuviese diferentes orientaciones políticas. Era un periodo en que la universidad esta fraccionada principalmente entre dos posiciones, una la del llamado Frente Universitario de orientación centro derecha y la otra la de la Izquierda identificada con el Gobierno de la Unidad Popular.
Producido el Golpe, se acusa a uno de mis colaboradores, que hacía política en la cátedra. Este profesor era nada menos que el director de la Escuela de agronomía elegido por los académicos, en donde la Facultad era de una mayoritaria posición de centro derechas. Él era elegido por una votación claramente mayoritaria, sacaba alrededor del 70% de los votos. Yo a cargo de la Cátedra era del Frente Universitario y jamás me llegó una crítica.
Tenía sí un pecado, en la reciente elección de Vicerrector de sede había ido de candidato al cargo por la Izquierda. Debo señalar que él era independiente de izquierda.
Inmediatamente después del Golpe se abre un sumario en su contra desde la Casa Central. El fiscal fue una académico de Derecho que lo sobresee. Terminábamos el curso y organizábamos la docencia del próximo año cuando se le suspende y se inicia un nuevo sumario con un fiscal de los denominados duros, a mi juicio sesgado. Se le hicieron los mismo cargos y se agregó otro que prefiero no nombrarlo. El fiscal pidió durante el transcurso del sumario que renunciara; como él no lo hizo, terminó dictaminando la eliminación del cargo, que era un resquicio para eliminar a una persona.
La eliminación de un cargo es para cuando una función no se necesita.
Lo sucedido generó mi molestia, suspendí mis clases y señalé que si querían consideraran mi suspensión como renuncia. Así lo hicieron y me alejé de la Facultad que me había otorgado mi primer título universitario, el de Ingeniero Agrónomo y donde había sido docente ya 18 años, desempeñándome a esa fecha en una cátedra en propiedad,
Quiso el destino que mantuviera docencia en la entonces Facultad de Ciencias Forestales, la que después es fusionada la de Agronomía, dando origen a la facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Eso me permite volver a ser académico en el campo agronómico y llegar a Decano de la que entonces era una importante Facultad.
He querido dejar algunos recuerdos históricos en lo aquí he escrito. Sirve un poco para que se sepan los difíciles momentos que vivimos en los últimos más de cuarenta años.
Pienso que en parte puede ser un aporte escrito a una historia del pasado de nuestra universidad y de nuestra política.
