Confieso que seriamente me ha afectado de un profundo pesimismo leer la Columna de Carlos Huneeus, Director del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea(CERC) publicada hoy en El Mostrador y que se titula “El rol clave de Luksic en el Caso Caval y el liderazgo de la Presidenta”. Se suma a lo anterior mis decepciones surgidas del llamado caso “nueragate”.
Siento que los graves problemas que enfrenta la sociedad chilena parecen no tener solución. Gran parte de ellos se derivarían de la concentración del poder económico, que en alta proporción se habría generado en los gobiernos democráticos posteriores a la dictadura militar de derecha.
Los escándalos que se presentan sin duda son un alimento, un aliciente, para que amplios sectores de ingresos bajos y medios delincan. Y para ello tampoco se vea solución: las cárceles están sobre saturadas de delincuentes, muchos de ellos de menores gravedades de sus delitos, donde en lugar de rehabilitarse se hacen potencialmente mejores delincuentes. Se habla de la cárcel como una universidad del delito.
Un párrafo destacado de la columna es el siguiente:
La participación de Andrónico Luksic ha mostrado con meridiana claridad cuán vulnerable es el sistema político ante decisiones del poder económico, imponiendo la necesidad de enfrentar el nudo gordiano constituido por la concentración económica y su efecto en la democracia, una realidad que no se plantearon los arquitectos de la nueva democracia.
Su primer párrafo dice lo siguiente: Muchos lamentan la baja confianza en la política y los políticos entre los chilenos y se atribuye la responsabilidad a los políticos de ese rasgo de la cultura cívica, sin que se considere que otros actores también han contribuido a ese resultado. Se denuncia a la autoridad o funcionario público corrompido, pero no se indica, generalmente, quién lo llevó a esa conducta.
La concentración económica la respalda con lo siguiente: Una docena de familias controla un 20-25% del PIB, un hecho probablemente único en las democracias, y el 1% de los chilenos tiene una concentración del ingreso, según estudios de T. Piketty, de los más altos del mundo. Para después señalar: Esta concentración económica, junto a la debilidad de los partidos y las instituciones políticas, lleva a una menor autonomía del sistema político.
Para mí lo que contiene este párrafo es un lamentable acierto. Parece imposible poder corregir esto en nuestra actual democracia.
Una esperanza podría ser una nueva constitución que nazca de una Asamblea Constituyente. Proceso que aparece debilitado o/y postergado indefinidamente. Hay muchos intereses por que no prospere esta iniciativa.
Impacta captar el poder económico de Luksic. Aparecen mencionados entre otros el Banco Chile, quien es el que otorga el crédito que permite a CAVAL hacer esa operación que se puede considerar escandalosa que compromete a la nuera y al hijo de nuestra presidenta y le hace caer fuertemente el aprecio a ella de esas mayorías que tanto confiaban en nuestra primera autoridad.
En la columna Huneeus señala más adelante. El grupo Luksic ha mantenido una estrecha relación con los gobiernos, que le ha favorecido. Tomó el control del banco de Chile con un crédito del BancoEstado, recibiendo la tasa de interés más baja del mercado, cuando su presidente era Jaime Estévez (PS), ex presidente de la Cámara y ex ministro de Obras Públicas. Al terminar el Gobierno, Estévez se integró al directorio del Banco de Chile, cargo que conserva hasta hoy. Todo esto sucedió en el gobierno del Presidente Lagos.
Cuesta entender cómo el Banco del Estado parece coludirse con la concentración del poder económico. Y cómo esta institución estatal de fomento al desarrollo y al ahorro en particular, destruyó todo el sistema masivo de ahorro individual y familiar que se iniciara con la Caja Nacional de Ahorros, quien fuera una de las cuatro instituciones financieras que dieran nacimiento al Banco del Estado en el gobierno del General Ibáñez. Llegamos a tener más de 10 millones de cuentas de ahorro a plazo que fueron destruidas en gran proporción por el cobro de comisiones a los ahorrantes, más allá de sus intereses y reajustes. Recuerdo con nostalgia cómo se fomentaba en la niñez en los colegios el hábito del ahorro, hoy tremendamente debilitado. Este sistema que incluso fue respetado u apoyado por el Gobierno Militar, fue destruido por la democracia posterior.
Nada de esto interesó al Parlamento chileno; será por la importancia que tiene este banco estatal en el financiamiento de las campañas electorales.
No conozco ni comprendo cómo cambió el sistema bancario cuando para la gran crisis económica, social y política de los comienzos de los años 80, el Banco de Chile fuera uno de los que estaba quebrado y el Estado chileno los salvó a través un fuerte apoyo financiero del Banco Central y del fomento de un capitalismo popular a base de préstamos de la CORFO y de exenciones tributarias.
Se habría establecido en esa época que nadie podía tener más allá de un par de por cientos de la propiedad de un banco. No sé cómo después estas exigencias de propiedad se modificaron y hayan permitido que una persona o una sociedad pase a ser dueña de un banco. Increíble que haya sido en el gobierno de Lagos que el Banco del Estado apoyara crediticiamente a Luksic para pasar a ser mayoritariamente dueño de uno de los bancos más importantes de Chile.
Otra propiedad de Luksic que impacta es el del Canal 13 que nació como canal universitario en la vieja democracia, empresa sin fines de lucro.
Se señala textualmente en el artículo:
A través de Canal 13, los Luksic establecieron relaciones con futuros colaboradores de la Presidenta Bachelet. Nicolás Eyzaguirre, titular de Educación, fue nombrado director y presidente de esta institución, y luego fue nombrado director Alberto Arenas, encargado de la redacción del programa de Gobierno y actual ministro de Hacienda
Actualmente cuatro de los diez directores de Canal 13 fueron ministros de Estado, tres de los gobiernos de la Concertación y uno en el de Piñera, en carteras de interés para el grupo: René Cortázar (DC), ex ministro del Trabajo y de Transportes; Soledad Alvear (DC), ex ministra de Justicia y de Relaciones Exteriores; y dos ex titulares de Energía: Alejandro Jadresic y Rodrigo Álvarez (UDI).
Además el artículo recuerda tantos otros escándalos que se han presentado como los de La Polar, las colusiones de precios y tarifas, y el uso de informaciones confidenciales. También menciona las sanciones que se han aplicado incluso por sistemas de vigilancia extranjeros. Destaca las corrupciones captadas en los casos Penta y SQM, especialmente en financiamientos electorales.
Muy acertadamente a mi juicio se expresa en esta columna: “Estos hechos dañan la confianza en las instituciones políticas y en los políticos y fortalece la distancia de los ciudadanos respecto del sistema democrático”.
A uno le cabe preguntarse. Cómo saldremos de esto. Será posible a través de una nueva democracia que tenga como base una nueva constitución que nazca de una Asamblea Constituyente. O deberá llegar a gobernarnos un nuevo líder-caudillo que nazca de un apoyo electoral de esa gran masa dormida, que posiblemente se acrescente con los últimos sucesos que desprestigian a los políticos y a los partidos tradicionales. A dónde nos podrá llevar ese caudillo que tome el poder; será una salida democrática o nos conducirá a un caos. En parte esto me recuerda cuando gana en 1952, en forma impresionante la presidencia de la República el General Ibáñez, con el símbolo de la escoba, que barrería la corrupción de los políticos y los partidos, y bajo el lema del General de la Esperanza, logró cerca del 48% de los votos.
A continuación presento in extenso la Columna comentada
Columnas
3 de marzo de 2015
El rol clave de Luksic en el Caso Caval y el liderazgo de la Presidenta
Carlos Huneeus
Director del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC).
La participación de Andrónico Luksic ha mostrado con meridiana claridad cuán vulnerable es el sistema político ante decisiones del poder económico, imponiendo la necesidad de enfrentar el nudo gordiano constituido por la concentración económica y su efecto en la democracia, una realidad que no se plantearon los arquitectos de la nueva democracia.
Muchos lamentan la baja confianza en la política y los políticos entre los chilenos y se atribuye la responsabilidad a los políticos de ese rasgo de la cultura cívica, sin que se considere que otros actores también han contribuido a ese resultado. Se denuncia a la autoridad o funcionario público corrompido, pero no se indica, generalmente, quién lo llevó a esa conducta.
Se puede criticar a ministros y parlamentarios, cardenales de la Iglesia católica y a parlamentarios o presidentes de partido, que serían responsables de esa desconfianza, pero no se tiene similar actitud crítica hacia los principales capitanes de las grandes empresas, como si fuese necesario mantenerlos fuera del escrutinio público y no tuviesen responsabilidad en ese descrédito.
Esta falta de escrutinio es inexplicable porque hay una estrecha relación entre el sistema económico y el político, particularmente por la alta concentración de la riqueza y del ingreso, limitando la autonomía de la política. Una docena de familias controla un 20-25% del PIB, un hecho probablemente único en las democracias, y el 1% de los chilenos tiene una concentración del ingreso, según estudios de T. Piketty, de los más altos del mundo. Esta concentración económica, junto a la debilidad de los partidos y las instituciones políticas, lleva a una menor autonomía del sistema político, acentuada por la «puerta giratoria» de ex ministros y altos funcionarios de Gobierno que trabajan en o con el sector privado como empresarios, lobbistas o asesores que favorecen los intereses de los grandes empresarios. Ese es uno de los factores que define al sistema político chileno como una democracia semisoberana.
La participación de Andrónico Luksic ha mostrado con meridiana claridad cuán vulnerable es el sistema político ante decisiones del poder económico, imponiendo la necesidad de enfrentar el nudo gordiano constituido por la concentración económica y su efecto en la democracia, una realidad que no se plantearon los arquitectos de la nueva democracia.
Se ha resaltado la participación de Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Bachelet, y de su esposa, Natalia Compagnon Soto, en un millonario negocio durante la campaña presidencial de 2013. Escasa atención se ha puesto a la intervención de un tercer protagonista, Andrónico Luksic, vicepresidente del Banco de Chile, que autorizó el crédito que lo hizo posible y esto luego de una reunión con Dávalos y Compagnon. Dos bancos habían rechazado apoyar el negocio, Santander y el Scotia, por ser un caso “políticamente sensible”, siguiendo normas establecidas por sus casas matrices, en España y en Canadá, respectivamente.
Andrónico Luksic no es cualquier banquero. Es la cara más visible de una familia que tiene un vasto poder económico, con una presencia en diversos sectores de la economía, desde la minería y las telecomunicaciones (Canal 13), hasta la energía, el transporte (CSV) y los licores (CCU), ejerciendo la presidencia en varias compañías. Tienen inversiones en otros países, que incluye hoteles en la costa de Croacia, el país de sus antepasados.
El negocio del hijo y la nuera de la Presidenta tuvo enorme impacto en la opinión pública porque ocurrió cuando hay un amplio malestar entre los chilenos hacia las “malas prácticas” económicas, tales como abusos contra los consumidores (La Polar), la colusión de precios (pollos y farmacias, entre otros) o el uso de información confidencial. Recientemente el regulador del mercado de valores de EE.UU., la SEC (Security Exchange Commission) sancionó al presidente del directorio de la institución financiera Consorcio, Juan Bilbao, y a Tomás Hurtado, por el uso de información confidencial para la compra de acciones de una empresa chilena que sería adquirida por una norteamericana. Hasta un ex Presidente fue sancionado por el regulador chileno, la SVS, por uso de información confidencial.
Empresas del grupo Luksic han incurrido en colusión de tarifas y precios: la CSV (Compañía Sudamericana de Vapores) fue sancionada por el regulador en EE.UU., y Enex fue denunciada por la Fiscalía Nacional Económica chilena por similar conducta. Ambas empresas se acogieron a la delación compensada para evitar mayores sanciones
Se han conocido graves irregularidades en el financiamiento de campañas electorales, especialmente por las empresas Penta, cuyos controladores dieron millonarios aportes a candidatos de la UDI, emitiendo facturas falsas. También la empresa SQM, controlada por Julio Ponce Lerou, que fuera yerno del general Pinochet, hizo aportes a políticos de derecha y de la Nueva Mayoría. Como si no fuera suficiente, un ex subsecretario del Gobierno de Sebastián Piñera es acusado de soborno por recibir durante dos años pagos del grupo Penta, en donde trabajó antes por un largo tiempo. Se han conocido irregularidades cometidas por parlamentarios, uno de los cuales ha sido formalizado por el Ministerio Público, mientras que otro es investigado por este.
Estos hechos dañan la confianza en las instituciones políticas y en los políticos y fortalece la distancia de los ciudadanos respecto del sistema democrático.
El grupo Luksic ha mantenido una estrecha relación con los gobiernos, que le ha favorecido. Tomó el control del banco de Chile con un crédito del BancoEstado, recibiendo la tasa de interés más baja del mercado, cuando su presidente era Jaime Estévez (PS), ex presidente de la Cámara y ex ministro de Obras Públicas. Al terminar el Gobierno, Estévez se integró al directorio del Banco de Chile, cargo que conserva hasta hoy.
El grupo buscó influir en el programa presidencial durante la campaña del 2013 a través del proyecto Res Publica, financiando a un amplio número de profesionales de derecha y de centro, bajo la coordinación de Klaus Schmidt-Hebbel, un economista de derecha. El grupo entregó un documento con 95 propuestas en un libro cuidadosamente editado, sin considerar temas controvertidos, como las reformas tributaria y laboral.
A través de Canal 13, los Luksic establecieron relaciones con futuros colaboradores de la Presidenta Bachelet. Nicolás Eyzaguirre, titular de Educación, fue nombrado director y presidente de esta institución, y luego fue nombrado director Alberto Arenas, encargado de la redacción del programa de Gobierno y actual ministro de Hacienda.
Actualmente cuatro de los diez directores de Canal 13 fueron ministros de Estado, tres de los gobiernos de la Concertación y uno en el de Piñera, en carteras de interés para el grupo: René Cortázar (DC), ex ministro del Trabajo y de Transportes; Soledad Alvear (DC), ex ministra de Justicia y de Relaciones Exteriores; y dos ex titulares de Energía: Alejandro Jadresic y Rodrigo Álvarez (UDI).
La intervención de Sebastián Dávalos en el negocio inmobiliario ha tenido consecuencias más amplias que dañar la imagen de su madre, de su Gobierno y de la coalición que lo apoya, pues ha fracturado la credibilidad en la Mandataria, un recurso indispensable para ejercer su poder, especialmente porque ella ha ejercido una Presidencia personal (Lowi), priorizando su función de jefa de Estado y cuidando su popularidad a través de una relación directa con la ciudadanía por medio de acciones “en terreno” o en actos públicos.
No ha sido una Presidencia institucional, que también enfatiza su función de jefe de Gobierno y se empeña en definir e implementar las políticas, trabajando con sus ministros y que prescinde de la popularidad de corto plazo, que es el estilo empleado por otros mandatarios exitosos y jefes de gobierno en el parlamentarismo.
Dávalos ha precipitado un cambio en el escenario político, que exige otro estilo presidencial y una nueva agenda, que considere reformas para regular eficazmente el financiamiento de la política, establezca barreras que separen los intereses públicos y privados y prevenga e impida las “malas prácticas” en el sistema económico.
La participación de Andrónico Luksic ha mostrado con meridiana claridad cuán vulnerable es el sistema político ante decisiones del poder económico, imponiendo la necesidad de enfrentar el nudo gordiano constituido por la concentración económica y su efecto en la democracia, una realidad que no se plantearon los arquitectos de la nueva democracia.
Esta agenda implica fortalecer los órganos regulatorios, establecer claras incompatibilidades entre altos funcionarios de Gobierno y parlamentarios que deseen trabajar después en o con el sector privado, y las disposiciones legales deben tener sanciones efectivas, que incluyan la cárcel, para quienes no las respeten, pues se ha demostrado que las multas no son suficientes.
Y deberá tener normas que capturen la plusvalía de negocios inmobiliarios beneficiados (o que se beneficiarán) por cambios en los planes reguladores o en grandes inversiones públicas (nuevas líneas de metro).
Se requiere, en una palabra, hacer cambios en “el modelo” y avanzar hacia “otro modelo”: una economía social y ecológica de mercado. Este hará posible que el sistema económico adquiera mayor eficacia y legitimidad y asegure la autonomía de la política, indispensable para tener una democracia soberana.
La Presidenta Bachelet debe involucrarse directamente en la formulación de esta agenda y en la tramitación parlamentaria de las reformas. Puede tomar medidas que apunten en esa dirección sin esperar la aprobación de leyes, con discursos que difundan esas ideas en la ciudadanía. Ella ha seguido un estilo similar al de su primera administración, manteniendo distancia de la dirección del Gobierno y apoyándose especialmente en colaboradores encargados de tareas comunicacionales. Esta asesoría mostró sus limitaciones porque, tres semanas después de estallar el Caso Caval, la Presidenta no estuvo en condiciones, el miércoles 25 de marzo, de entregar al comité político orientaciones relativamente claras para preparar la agenda que permita enfrentar el difícil momento en que se encuentra ella, su Gobierno y el sistema político y económico.
Estos cambios institucionales también los exige el desarrollo político, pues se necesitan políticos y partidos que gocen de credibilidad ante la ciudadanía y consideran primeramente el interés general y no el de sus donantes. Si no se hacen pronto y bien, el sistema económico perderá fuerza y se consolidará la democracia semisoberana, dominada por una baja calidad y la inestabilidad política, que tendrá una de sus fuentes en las “malas prácticas” en el sistema económico.
