Uno de los problemas más importante que afectan las pensiones y jubilaciones en nuestro país es el bajo ahorro previsional. Una solución que contribuya a superar esta situación sería gravar el gasto en consumo, creando así una especie de ahorro general forzoso que genere grandes y crecientes montos junto con aportar a una redistribución del ingreso.
Desde hace vario años se ha estado discutiendo modificaciones del sistema de pensiones y jubilaciones en diferentes frentes. Se ha desarrollado un movimiento popular en contra de las AFPs derivado en gran parte de las bajas jubilaciones que se están presentando en el sistema, frente a las que se obtienen en el sistema anterior proveniente de la legislación antigua y que hoy se otorgan por el llamado Instituto de Previsión IPS, anteriormente Instituto de Normalización Previsional INP, heredero de un conjunto de Cajas Previsionales que se tenían en la democracia anterior al Gobierno Militar.
En la democracia anterior a la del Golpe Militar nunca se pudo corregir el sistema de tantas cajas de previsión distinta, para lograr uno más homogéneo. Solo el Gobierno lo logró autoritariamente fusionando salvo una, en un solo instituto que se le denominó Instituto de Normalización Previsional (INP), quedando al margen del sistema la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA), que quedó definitivamente en el sistema de reparto.
Se consideraba que el INP sería de vida transitoria, pero no lo fue. Muchos imponentes prefirieron seguir en su sistema antiguo jubilando a través de su sistema anterior, al no abandonarlo. Mucho lo favoreció una muy buena administración que tuvo este nuevo servicio, que logró crear, a pesar de personal muy heterogénea que venía de tan distintos establecimientos
Durante ese gobierno de facto, influido fuertemente por el neoliberalismo extremo, se pretendió crear un sistema capitalista único basado en la capitalización individual a través de las AFPs (Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son sociedades anónimas de capitales privados pudiendo ser nacionales y/o extranjeros que tienen por objetivo administrar un fondo de pensiones y otorgar a sus afiliados las prestaciones que establece la ley).
Cabe reiterar que las fuerzas armadas mantuvieron su sistema anterior, conservando su caja previsional, la que opera con fuerte desfinanciamiento, el que debe cubrirse con las arcas fiscales.
La AFP cobra una comisión por esta administración que la fija libremente en términos competitivos en el mercado, comisión que se aplica sobre los fondos ahorrados, independiente de la rentabilidad obtenida por estos.
En la partida del sistema, el empleado podía seguir en el antiguo sistema o trasladarse al nuevo, llevándose un fondo relacionado con los aportes que había entregado al sistema anterior, el llamado “bono de reconocimiento”. Como atracción al nuevo sistema el Gobierno Militar estableció un descuento previsional más bajo para los que se trasladasen y por lo tanto el que lo hacía, recibía como remuneración neta un valor mayor; ese hecho fue grave en dos aspectos, uno crear un atractivo que podía considerarse poco ético y lo otro, que eso condujo a pensiones futuras menores, al generarse un ahorro previsional menor.
Además se anunciaba que las pensiones derivadas del nuevo sistema iban a ser notablemente más altas que las que serían si se mantenían en el antiguo sistema. Se suma a eso el que se señalaba que más adelante el traslado podría ser obligatorio.
Frente a esos anuncios muchos se trasladaron esperanzados, los que tardíamente están arrepentidos. Inicialmente los fondos tuvieron altas rentabilidades, posiblemente por el poder comprador de acciones que se creó que hizo subir los valores accionarios que aparecían deprimidos.
Posteriormente los resultados fueron adversos, lo que generó molestias bastante generalizadas. En esos resultados negativos ha influido el importante mejoramiento de la esperanza de vida, que al parecer no fue considerado o que en parte fue de un aumento mayor al esperado.
No me detendré más en informaciones que expliquen en forma más completa del sistema de operación, de la existencia de varios fondos con distintos riesgos, entre los cuales puede escoger el ahorrante previsional, con algunas restricciones.
Los resultados reales tan diferentes a los esperados y anunciados, han creado un notable malestar que se ha traducido a lo menos en un gran movimiento nacional con concurridas marchas con el título “No más AFP”.
El sistema anterior al de las AFPs, regido por distintas leyes que afectan en forma diferentes a las antiguas cajas, llamado de reparto, como en muchos países que lo tienen, ha quedado desfinanciado. Los aportes fiscales tienen que ser considerables, ya que el sistema de reparto desapareció porque gran parte de los activos que se pasaron a las AFPs dejaron de contribuir ya que sus aportes pasaron a sus cuentas individuales.
Por las bajas pensiones derivadas de las AFPs ha habido cierto consenso en la necesidad de una reforma previsional, que a lo menos considere un ahorro previsional mayor.
El problema ha resultado más difícil de solucionar, ya que el Poder Ejecutivo no tiene mayoría en el Parlamento, lo que ha conducido a transacciones complejas.
En principio hay acuerdo por un aumento de imposición de 4% de las remuneraciones a costa patronal y además que esos fondos vayan a otra institucionalidad pública que se crearía para manejar esos nuevos fondos adicionales, para continuar con el sistema antiguo de AFP e ISP para las imposiciones financiadas por el trabajador.
Al acuerdo se ha llegado solo hasta el momento para aprobar la idea de legislar, ya conseguida. Queda mucho trabajo todavía pendiente.
Se habla de que una parte de ese 4% vaya a beneficio general, es decir sea solidario para favorecer a las pensiones mínimas.
Estas ideas tienen varios bemoles, por una parte se encarece la mano de obra para el empresario, lo que puede conducir a bajar el empleo formal. Además al no pagar oportunamente el empresario esa cotización, incurre en un delito menor al que comete al no depositar el descuento de remuneración que se le hizo al trabajador por imposiciones, ya que al no hacerlo, se está apropiando de dinero que no le pertenece.
También al tener que imponer a dos instituciones o empresas distintas se amplían las tareas administrativas. Posiblemente el costo de administración de dos unidades distintas, socialmente puede ser mayor.
Las AFPs. se han esforzado por ser ellas las encargadas de recibir ese 4% de mayores cotizaciones, pero ya existe el compromiso de Gobierno de que se cree una entidad pública para manejar esos nuevos fondos.
Queda pendiente el delicado tema de la solidaridad. No es fácil llegar a establecer medidas solidarias en una sociedad dominada por otros principios y con tal alta desigualdad en la distribución de los ingresos y la riqueza.
Debiera pensarse en buscar medidas redistributivas principalmente mediante reformas tributarias.
Un camino que me permito proponer es el basado en el IVA.
El ahorro individual en Chile es muy bajo; el Banco del Estado, como heredero de la Caja Nacional de Ahorros debiera fomentar el ahorro. Lo hizo durante muchos años a través de las libretas de ahorro que habrían llegado a superar los diez millones de ellas. Eso fue hasta el Gobierno de Ricardo Lagos, cuando bajo la Presidencia del Banco del Estado de Jaime Estévez aprobaron el cobro de una comisión de mantención a esas libretas que para amplios sectores de ahorrantes las comisiones superaban los interés y los reajustes y así el banco estatal se fue apropiando en plena democracia de los patrimonios de millones de ahorrantes de menos ingresos. Fue extraño que a eso poca reacción hubo en la opinión pública; cartas que se enviaron a los diarios reclamando de ello, no fueron publicadas.
Debemos tener presente que el Banco del Estado fue creado durante el gobierno del Presidente Carlos Ibáñez del Campo mediante la fusión de varias instituciones existentes, la Caja Nacional de Ahorros que tanta importancia tuvo en el fomento del ahorro en Chile. Fue muy importante su acción promotora en los escolares con todo un sistema de alcancías, estampillas, publicaciones como su famoso almanaque. La otra institución que pasó a integrarse al Banco del Estado fue la Caja Agraria que prestaba a los agricultores, especialmente a los medianos y pequeños. También entro a integrar el banco estatal el Instituto de Crédito Industrial, también dedicado a ayudar a pequeños y medianos empresarios industriales.
Por lo anterior, el Banco del Estado debió dedicarse especialmente a continuar con el apoyo al ahorro especialmente familiar y a la agricultura. Fue muy importante el apoyo nacional a la agricultura chilena tanto con crédito como la venta de insumos agrícolas, a precios iguales en todo el territorio nacional. Muy importante la venta de insumos; estaba autorizado para importar fertilizantes sin pagar aranceles, en cambio el sector privado tenía que pagarlos.
El Banco del Estado en la nueva democracia ha abandonado gran partes de sus responsabilidades de fomento al ahorro y a la agricultura. Un ejemplo notable fue la labor de este banco de apoyo a la salida de la agricultura de la gran crisis de los comienzos de los años con créditos especiales basados en la garantía prendaria de la cosecha, para contrarrestar el alto endeudamiento de la agricultura que le dificultaba obtener nuevos financiamientos por la falta de garantías. Esto se hizo en el Gobierno Militar.
Así las libretas de ahorro del Banco del Estado fueron desapareciendo y aparece la cuenta RUT, que más bien fomenta el consumismo y cobra sensibles montos por cada giro que se hace. Sin duda la cuenta Rut aporta una importante ayuda a la sociedad, pero desgraciadamente eso es a base de un costo no despreciable. Se ha pretendido que se elimine el cobro por giro efectuado, como sucede en el resto de la banca comercial que nada cobra por cheque cobrado o por otro tipo de giros. Pero el Banco del Estado señala que no tiene capacidad financiera para implementar el dejar de hacer ese cobro.
Una fuente financiera para la previsión a mi juicio sería destinar una parte del IVA a un fondo previsional solidario. Ello podría establecerse a base de una modificación del IVA estableciendo variaciones por tipo de productos como era en el pasado, que no se le aplicaba a productos de primera necesidad como lo era por ejemplo el pan corriente.
El IVA podría contribuir a un gran ahorro nacional en la medida que se eleva el gasto del consumidor, por lo que crearía una generación de ahorro masivo. Incluso un IVA mayor a productos suntuarios, como por ejemplo automóviles de lujo y/o sobre dimensionados para los usos normales, aportaría significativos recursos a una solidaridad nacional. Sería mecanismo de redistribución de ingresos, en un país como Chile que posee una muy desigualdad de las más altas del mundo.
Así se lograría crear una especie de ahorro forzoso obtenido de la compra de los bienes de consumo. Con ello se podrían lograr importantes recursos para subir paulatinamente las pensiones mínimas que beneficien a toda la población que no reciba pensiones o que las reciban por montos inferiores. Los recursos provenientes de esta proporción del IVA serían creciente en la medida que los aportes aumenten al ritmo del crecimiento del consumo nacional, que está muy correlacionado con el del PIB.
Posiblemente una decisión de esa naturaleza requeriría una reforma constitucional, ya que la constitución actual impide que existan impuestos para fines específicos, salvo los existentes del 10% de las ventas de Codelco destinados a fondos reservados para las Fuerzas Armadas.
Impuestos de esta naturaleza que generen destinos solidarios serían importantes medidas para contribuir a la redistribución de ingresos.
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