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¿ No será un error reducir las velocidades máximas actuales a los vehículos en Santiago cuando no existe capacidad para controlar las existentes ?

En Chile hoy muchas disposiciones legales y reglamentarias que no se cumplen. Ahora el Gobierno actual promueve un antiguo proyecto de ley para limitar aun más las velocidades máximas existentes, que no se pueden o no se quieren controlar. Gran parte del Parlamento la respalda. La restricción mayor termina afectando a los que cumplían las anteriores y los que no las cumplían, seguramente van seguir haciéndolo como lo hacían con las anteriores, con las nuevas.

No estaremos contribuyendo a que menos en Chile se respete la ley como sucede en tantas otras materias.

Para no pocos los límites hasta ahora existentes eran los adecuados; es muy seguro que los accidentes se deben principalmente a que se circula a mayores velocidades que las de los límites existentes.

Se anuncia que ahora se establecerán sistemas de controles automáticos de las velocidades máximas. Uno se pregunta por qué no se establecen primeros los controles de las exigencias existentes y una vez que se presione al cumplimiento de ellas mayoritariamente, establecer mayores exigencias.

Más fácil será cumplir las nuevas mayoritariamente, si primero se logra que se cumplan las existentes.

Desgraciadamente hoy estamos en un libertinaje en estas materias. Los ruidos molestos nadie los controlan; en las noches en muchos sectores se sienten intensos ruidos de motocicletas a altas velocidades que uno cree que hasta de adrede los provocan. Parece increíble que existan carreras de autos clandestinas en varios sectores de Santiago; me parece que se ha pensado legislar sobre la materia. Cuesta comprender que con las disposiciones existentes no puedan controlarse y sancionar a los participantes como también a los propietarios de esos vehículos.

Es habitual que en las autopistas concesionadas se observen velocidades mayores a las permitidas, se superan no las máximas de 60 km/h, sino las de 100 y 120. Y por qué eso no se hace. No debieran los concesionarios tener la obligación de registrarlas y denunciarlas por ser delitos; no se les podría considerar encubridores a esos concesionarios. Pero nada de eso se hace.

Algo similar sucede con la venta callejera no autorizada, que si bien permite generar empleo e ingresos a muchos potencialmente desocupados, constituye una competencia desleal a los legalmente establecidos, que deben pagar impuestos y muchos de ellos tener personal contratado cumpliendo con leyes sociales y contribuyendo así a los sistemas previsionales y de salud.

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