Es lamentable que no pocos empleadores utilicen los fondos previsionales que les retienen a sus trabajadores y estos últimos se vean seriamente perjudicados en sus beneficios previsionales, en especial de jubilación. Sólo recientemente se ha presentado un fallo judicial sancionando drásticamente este proceder. La debilidad cada vez mayor del sindicalismo en Chile y el temor habitual del trabajador para enfrentarse al empleador en la defensa de sus derechos, hace que esta mala práctica tenga amplia difusión.
Presento a continuación un documento que envié por correo electrónico al Presidente de la Central Única de Trabajadores en noviembre del año pasado; del tema nunca supe más. Desconozco si lo recibió. He creído conveniente incluir la idea en esta página web por si tuviera alguna utilidad.
Mi sugerencia en resumen es que el Gobierno asuma la responsabilidad de lo que se adeude lo que podría hacerse creando un fondo y sea la autoridad central quien se encargue, con su mayor poder, de obtener esas recuperaciones con los recargos que procedan y persiga que se apliquen las sanciones correspondientes. La sola existencia de este procedimiento, probablemente reduciría en forma considerable esta irregularidades.
El tema puede tomar actualidad como consecuencia de las inquietudes laborales derivadas de las bajas y desiguales remuneraciones asociadas especialmente a la subcontratación y a la inestabilidad de los empleos, inquietudes que han motivados movimientos de dudosa legalidad, pero que han terminado con resultados favorables a los trabajadores y han contribuido a la aparición de nuevos líderes gremiales emblemáticos.
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IDEA DE PROYECTO DE DEFENSA DEL PATRIMONIO DE LOS TRABAJADORES FORMADO POR SUS APORTES AL SISTEMA PREVISIONAL PARA OBTENER SU PENSIÓN FINAL
Rolando Chateauneuf
Noviembre de 2007
Introducción
Un tema que debe originar preocupación en la sociedad, como lo es desde luego inquietante para los trabajadores, es el derivado de que muchos empleadores no hacen entrega de las retenciones previsional que les hacen a sus trabajadores, con lo cual se generan vacíos en sus tiempos de imposición y menores saldos de los que en verdad deberían tener. También el tema se asocia a la salud, especialmente en las relaciones con las ISAPRES.
Para un dependiente se hace difícil a veces informarse de su real situación, y más aún actuar contra su empleador, por los riesgos de salir perjudicado en su trato patronal e incluso en la pérdida de su trabajo y, en quizás, quedar «marcado desfavorablemente», para conseguir un nuevo empleo. Entiendo que esto último le sucede a muchos dirigentes sindicales y a otros que han tratado de crear organizaciones gremiales en sus fuentes de trabajo.
Me parece también que estando dispuesto el trabajador a defender sus derechos, corriendo los riesgos antes señalados, sus posibilidades de éxito son limitadas. Seguramente el sector patronal tienen muy buen apoyo profesional en lo legal, incluso con características corporativas, que le hacen difícil alcanzar al trabajador, después de un conflicto, un justo tratamiento.
Es probable que en muchas oportunidades el empresario tuvo y mantiene su intención de hacer sus depósitos en las instituciones previsionales o de salud, pero sus dificultades de caja se lo han impedido y en la medida que esas deudas se acrecientan, se hace más difícil efectuar las entregas correspondientes, con riesgos de si las concreta, hacer desaparecer su propia unidad productiva, su empresa.
Los resultados de estos incumplimientos dañan profundamente al trabajador en su jubilación futura, perjudicando generalmente a todo un grupo familiar. Genera en lo más inmediato inquietudes y desesperanzas, que también dañan al trabajador y a su familia. Esta situación también perjudica al Gobierno, en su imagen, ante los ciudadanos
Debería ser preocupación del Estado y del Gobierno de turno hacer cumplir la ley y defender especialmente al sector más débil, perjudicado tan seriamente.
Sugerencias
Que se establezca un sistema que permita resguardar integral y oportunamente estos derechos ciudadanos del trabajador. Para ello sugiero que:
1. En la medida que un trabajador pueda demostrar que una imposición no se ha hecho, a pesar de sus descuentos, sea el Estado que lo haga, con los montos agregados de compensaciones que puedan ser justamente merecidos. Así el empresario pasa a ser deudor del Estado, además del delito en el cual ha incurrido.
2. Que sea el Estado el que inicia el esfuerzo de recuperación de los recursos, mediante gestiones directas con el empleador, y si éstas no resultan, siga los procesos judiciales correspondientes.
El temor de la presencia del Estado ya será un factor favorable para reducir un porcentaje importante de casos. La gestión posterior de relación directa con la empresa, reducirá otro porcentaje y la vía judicial aumentará las reducciones de los casos delictuales. Si finalmente se llega a que el Estado no recupera parte del dinero, se podría considerar que ésta es solidariamente cubierta por la sociedad.
A este respecto puede recordarse la deuda subordinada que asumió el Estado chileno, para hacer salir al país de la quiebra bancaria bastante generalizada, que se hizo presente con la crisis de 1982.
Estos procedimientos permitirían además al Gobierno tener un conocimiento más real de lo que están viviendo las empresas y los trabajadores.
Un Gobierno con sensibilidad social podría incluso actuar como agente de apoyo a estas empresas para ayudarlas en sus financiamientos, darles apoyo técnico, ayudarlas en sus reconversiones o incluso aplicar medidas de política general, como podría ser aquellas que permitan velar por un valor adecuado del dólar.
En la actualidad se puede considerar casi absurdo el bajo valor de la divisa, que obstaculiza exportaciones y abarata productos importados. Las alzas de precios del cobre y del molibdeno y de algunos otros commodities, están dañando seriamente la diversificación de la actividad productiva, importante generadora de empleos. El auge de las balanzas comercial y de pagos, están afectando profundamente a la economía, por no ser capaz el Gobierno o no tener la voluntad para hacerlo, de mantener el dólar a un justo valor. Estamos invadidos de productos chinos, del país donde su gobierno mantiene estable el valor de su divisa, no teme acumularlas, las que después presta internacionalmente, pero da apoyo o estabilidad a sus exportaciones e impide que las importaciones afecten a su sector productivo dedicado a abastecer su mercado interno. Japón ha tenido procederes similares.
Los procedimientos sugeridos, también les facilitaría sus financiamientos a las instituciones de previsión y de salud, lo que debiera tener consecuencia positivas para todos los usuarios de los sistemas.
3. El sistema debería permitir diferentes fuentes de información de los no depósitos oportunos de las retenciones hechas a los trabajadores. Las mismas instituciones deberían estar obligadas a informar sobre atrasos que superen un período prudencial, para así el Gobierno actuar de oficio, sin necesidad de que sea el trabajador quien tenga que hacer la denuncia.
Es posible que una iniciativa legal de esta naturaleza, tenga el apoyo del Gobierno y un amplio respaldo político, porque además de ser de justicia, va a favor de los sectores más débiles de nuestra sociedad.
Una iniciativa de esta naturaleza contribuiría a reducir delitos, que es una de las preocupaciones actuales que se tienen, ya que en la medida que éstos se mantienen o aumentan, se contribuye a que se amplíen los incumplimientos, las irresponsabilidades y la corrupción. .
He tenido la oportunidad de plantear la idea central de esta política a varias personas y a todas ellas les ha parecido muy conveniente. No he recibido ninguna opinión en contra.
