– Días atrás vi la noticia en que en el barrio de Meiggs, cerca de la Estación Central, una pareja de carabineros era atacada por varios transeúntes porque pretendían detener a una vendedora callejera sin permiso, al parecer inmigrante haitiana. Él parecía un carabinero suboficial de cierta edad, estaba acompañada por una carabinera relativamente joven. A él le volaron su gorra, que saltó lejos, mientras se defendía como podía de los golpes que recibía; ella se refugiaba detrás de él. Una señora de edad, trataba de defender al carabinero. La noticia iba acompañada de opiniones de comerciantes establecidos que se quejaban de la venta clandestina.
Recuerdo haber visto muchos años atrás a un carabinero, también de cierta edad, deteniendo a un vendedor de frutas cerca de la esquina de Estado con Huérfanos. Parte del público defendía al vendedor y la situación se ponía tensa. El policía, con mucho criterio, tomó la determinación de llevarse detenido a un señor que defendía con fuerza al vendedor. Terminó sin ser detenido el vendedor, pero sí quien entorpecía al carabinero a cumplir con lo que la ley lo obligaba.
Desgraciadamente la venta callejera clandestina se ha extendido en forma impresionante en muy distintos lugares, en comunas muy diferentes, creando por una parte una competencia desleal con el comercio establecido y facilitando incluso irregularidades mayores al ser ocupados estos vendedores por sistemas de distribución incluso de productos importados; bastante se ven también en la venta de libros y otras grabaciones piratas.
No es fácil tratar de hacer cumplir la ley cuando ya el proceso está tan generalizado y mayormente, tácitamente permitido.
Corregir esto sólo se podrá hacer con una sólida política respaldada por campañas especiales, incluso con sanciones a los compradores, a lo mejor con inicios de marcha blanca, con partes de advertencia y con registros de los que cometen delitos de manera que al repetirlos, reciban una sanción real de alto costo.
Tema especial debería ser el respeto al Carabinero. El ataque a él debiera tener una muy fuerte sanción; ello le daría un respaldo muy grande para actuar, bastando muchas veces su presencia para prevenir el delito.
Lanzar una piedra a un carabinero merecería una sanción especial. Todo ello debiera iniciarse con crear conciencia de la necesidad que en una sociedad se respete a este representante de la autoridad. Incluir mensajes de esa naturaleza desde la educación preescolar. Recuerdo en el pasado esa asociación entre el carabinero y el amigo me parecía positiva; el carabinero se le presentaba como “un amigo en el camino”.
El tema da para mucho. Increíble es el fenómeno social de los encapuchados; como actúan contra la fuera pública. Llegan a acorralar a las fueras policiales. Al parecer son minorías; cómo ellos y otros usan las bombas molotov; y no se logra detenerlos y sancionarlos.
Algo profundo parece afectar a la fuerza pública y a la justicia chilena. Quién puede investigar esto.
No ameritaría una asesoría internacional al respecto; es muy posible como en el pasado estas asesorías externas den importante respaldo a planteamientos de profesionales chilenos que no son mayormente considerados internamente.
El tema carcelario merece especial consideración.
– La falta de respeto a las velocidades máximas. Indigna lo que se presenta en la realidad. Los delitos del tránsito no son controlados; superar las velocidades máximas debieran tener fuertes sanciones; ello no sucede. Los que se sancionan son los mínimos; ello motiva que muchos corran a alta velocidad ya que la probabilidad de que se le sanciones es mínima. Por otra parte, si uno conduce dentro de los márgenes autorizados, recibe presiones de diferente naturaleza; se le acercan por detrás peligrosamente, no sólo automóviles sino que también buses y camiones. No es extraño que le hagan por atrás hasta cambio de luces.
Parece increíble que ahora se quiera rebajar la velocidad máxima en la ciudad de Santiago a 50 Km/hora cuando muchos circulan a más de 60, sin ningún control efectivo. Exijamos que primero se cumplan los 60, para después considerar rebajarlo. Es importante que las disposiciones legales se cumplan, así la ley tiene valor.
Noticia que impacta. Ya hace algún tiempo atrás en El Mercurio de Santiago aparece en forma destacada la noticia de que a un diputado que había sido sancionado varias veces por conducir el elevado exceso de velocidad y una vez por causar daño manejando en estado de ebriedad el Juez de Policía Local de Casablanca, le había suspendido su licencia para conducir temporalmente para después hacerlo definitivo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso lo había absuelto por error de procedimiento dando la orden de que se le otorgara nuevamente su licencia. Cuando había sido sorprendido en Casablanca, tenía ya su licencia retenida en Curacaví.
No leí comentarios a esta noticia, ni desde luego algún pronunciamiento de la Suprema. De esperar que Carabineros de Casablanca y Curacaví sigan controlando las velocidades y los jueces de policía local continúen aplicando sanciones. Aquí no se puede dar la disculpa de que las cárceles están repletas.
Me parece conveniente transcribir la publicación de El Mercurio del 1 de noviembre de 2017
«Según Juzgado de Policía Local de Casablanca, parlamentario registra 12 infracciones de tránsito.
Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó sentencia que canceló licencia de conducir del diputado Felipe Letelier
La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en decisión unánime, revocó la sentencia dictada por el Juzgado de Policía Local de Casablanca que canceló indefinidamente la licencia de conducir del diputado Felipe Letelier Norambuena (PPD). La sentencia había sido dictada por el juez Mario Cortés Cevasco, el 23 de enero último, basado en el historial de infracciones del parlamentario, las que a juicio del juez “hace peligrosa su conducción de vehículos motorizados”.
La causa se inició luego que el 2 de agosto de 2016, según Carabineros, conducía su vehículo a 166 Km/h, sin portar su licencia, la que estaba retenida en el Jugado Local de Curacaví, después de ser sorprendido el 19 de julio de 1916, cuando conducía a 147 Km/h.
El tribunal de alzada, al resolver una apelación interpuesta por el abogado Juan Carlos Manríquez, en representación del diputado Letelier, estimó que el juez lo sentenció por un mismo hecho con una multa de seis Unidades Tributarias Mensuales y a la pena accesoria de suspensión de la licencia por 45 días y además – cumplida esa pena -, a la cancelación de la licencia. Al respecto, indica la Corte que el juez está facultado para suspender o cancelar, pero no puede aplicar ambas. Además, estimó que no se practicaron exámenes que permitieran determinar que Letelier efectivamente está incapacitado para conducir.
Según Cortés, Letelier registra desde 1987 otras doce infracciones, entre ellas conducir sin licencia y manejar en estado de ebriedad con resultado de daños. Sin embargo, el tribunal de segunda instancia las consideró prescritas.
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Por otra parte parece increíble que se hagan carreras clandestinas, que ellas queden registradas en grabaciones, y que la autoridad policial no tenga capacidad o voluntad de controlar, evitarlas y detenidos a los que participan, retener a los vehículos y entregar los antecedentes a los tribunales.
Las carreteras concesionadas deberían cumplir la obligación de denunciar los delitos que ellos identifican con las velocidades excesivas de los vehículos junto con sus placas, que muy bien registran para hacer sus cobros. Por qué ello no se hace.
Por qué en otros caminos no se establecen sistemas automáticos de control de velocidades y registros de las placas de los vehículos que van a exceso de velocidades.
Muy poco se informa de las distancias que deben respetarse entre vehículos a distintas velocidades. Una alta proporción de los accidentes o son por excesos de velocidad o por los llamados “por alcance”, muchos de ellos accidentes en cadena.
Seguramente los cumplimientos de exigencias se verían más frecuentes, si se establecen sistemas de amplia cobertura asociados al establecimiento de multas progresivas, que además de financiar estos montajes, contribuirían a reducir los accidentes. Los excesos de velocidad y el no cumplimiento de distanciamientos establecidos deberían no sólo ser sancionados con multas sino que también con suspensiones temporales de licencias, suspensiones que debieran alargare en sus lapsos a medida que se produzcan reiteraciones hasta llegar a suspensiones permanentes.
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, adoptado por unanimidad sin duda que es preocupante. Lamentablemente da a lo menos la impresión de que descansa en los llamados resquicios legales. También es preocupante que un parlamentario chileno haya apelado a una sanción que frente a la opinión pública aparece probablemente de plena justificación. Este parlamentario es mencionado en la información de prensa, nada menos que Presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados.
Pienso en otros artículos referirme a otras materias y posiblemente extenderme en las ya analizadas.
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