Termina marzo con grandes inquietudes y preocupaciones, en parte importante de nuestra sociedad.
Se agrega a ello primero el tema de los incendios, la repetición en Valparaíso y los tantos otros en amplios sectores del país y posteriormente, en los últimos días, las grandes catástrofes climáticas de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo.
Bastante se ha hablado y analizado de una crisis institucional y de una alarmante pérdida de valores.
En El Mercurio de hoy aparece el titular relacionado con dos importantes dirigentes gremiales empresariales “Santa Cruz y Salas coinciden en que Chile vive hoy la mayor crisis institucional desde vuelta a democracia”, es sólo una de las manifestaciones captadas al respecto.
Los casos de PENTA, SQM y CAVAL han golpeado seriamente a amplios sectores de nuestro país. Poco antes han sido los de La Polar y Johnson.
Nuestra presidenta parece haber salido fuertemente dañada con el caso CAVAL. Las últimas encuestas muestran un apoyo de sólo un 30% y un rechazo de un 60%. No sólo la han afectado a ella sino que a todo el Gobierno.
Se había logrado a principios de año una buena recuperación en el apoyo a la Presidenta y a su Gobierno al terminar el 2014 después de haber sacado una gama amplia de leyes anunciadas en su programa. Ahora ese apoyo se derrumba, con bajas posibilidades de sensible recuperación.
La UDI, el partido político que era el de mayor electorado, ha sido fuertemente dañada por el caso PENTA. Posteriormente se hace presente el caso de SQM, que compromete a otra amplia gama política; parecen ser afectados sectores de la llamada Nueva mayoría y de muchos otros.
No puede dejar de recordarse que ambas empresas, PENTA y SQM fueron privatizadas en oscuros procesos financieros, que quedaron sin investigar como una necesidad desgraciadamente inmoral de la llamada transición a la democracia. Para muchos ese compromiso fue tremendamente serio y dejó oculta lo que sería una segura corrupción, creando un gravísimo precedente que no puede olvidarse y que probablemente ha hecho caer en la amoralidad a amplios sectores de ingresos medios y bajos. Si gente que menos necesita cae en esos graves delitos impunes, qué se les puede pedir a otros mucho más necesitados. Cómo con esta privatizaciones se fue reforzando y concentrado poder económico y hasta político, en personas y grupos de baja moralidad.
Los delitos en Chile son masivos y varios de ellos han quedado ya aceptados por la sociedad sin ser investigados y sancionados. Robar valores bajos en supermercados hasta cierto monto ya no es sancionado; robar una gallina es un delito de abigeato sancionado obligadamente con cárcel, gracias a que es una sanción establecida cuando había otros valores y otras realidades en nuestra sociedad.
Encancelar hoy día para la mayoría, genera una sanción superior a la que le corresponde; debe enfrentar altos riesgos y condiciones inhumanas existentes en gran parte de las cárceles. Además la prisión nada sirve para rehabilitar al que delinque; por el contrario. sale mejor preparado para su ascenso en su productividad delictual.
Las cárceles están copadas; aparece la detención domiciliaria tan difícil de vigilar y de un nivel de sanción, sin duda inferior. Muchos que debieran estar encarcelados gozan de libertad reincidiendo en sus delitos, incluso repetidamente.
Se recuerda y se comenta críticamente como grandes y poderosos delincuentes quedan sin sanción y se trae a la memoria la muerte de ese joven encarcelado por vender en la calle casettes o disquetes falsificado, quien fallece en el tristemente recordado incendio de la cárcel de San Miguel.
De lo de PENTA queda una sensación bastante generalizada de que los que disponen de dineros y mal los utilizan son los que determinan las mayorías políticas que nos gobiernan, no conformadas por meritorios militantes de partidos, sino que elegidos por los que destinan los dineros, en parte obtenidos de las oscuras adquisiciones de patrimonios del Estado que no fueron investigadas, dineros también aumentados por fraudes tributarios. Estas influencias políticas hace pensar que terminan fortaleciendo estas estructuras de poder.
Preocupa que los casos de PENTA y de CAVAL se habrían detectados por conflictos laborales en esas empresas y en el caso de SQM, sería principalmente en las denuncias por búsqueda del llamado “empate” especialmente por sectores de la UDI. Parece algo similar a que los resultados positivos en las investigaciones del gran robo de dineros en el Aeropuerto de Pudahuel se estén debiendo principalmente a conflictos entre los delincuentes en la distribución de sus usufructos.
No ha sido la institucionalidad fiscalizadora, constituida especialmente por superintendencias e Impuestos Internos, quien haya detectado estos delitos y que incluso las auditorias externas de alto prestigio hayan aprobados balances con graves delitos económicos como los cometidos en La Polar. Uno puede preguntarse qué ha pasado con las auditorías externas que debe haber tenido SQM, como sociedad anónima y más aún donde hay importante presencia de inversionistas extranjeros.
El tema del Servicio de Impuestos Internos pasa a tomar especial importancia; desgraciadamente se desconfía de sus formas de proceder. Aparece el Servicio con la capacidad de bloquear investigaciones judiciales de delitos tributarios, paralelamente a que su director es de la exclusiva confianza del gobernante de turno. El caso de la empresa Johnson por el trato recibido durante el gobierno pasado, dejó serias inquietudes, no del todo aclaradas. En este gobierno también surgió la inquietud de que frente a SQM habría tenido el Servicio una actitud inicialmente pasiva, asociada a que el destino a lo menos anormal de recursos, por no decir fraudulentos, habría favorecido a personeros y candidatos de la Nueva Mayoría.
Inquietud y amargura se siente cuando una abogada – contratada por Impuestos Internos, por lapsos anuales, sin estabilidad funcionaria – denuncia exitosamente para el país y para su Servicio irregulares procedimientos, sea quien aparece posteriormente en apariencia sancionada ya que a fin de año no se le renueva su contrato. Qué importante hubiera sido que esta profesional fuese funcionaria de planta. Ahora se pretende denigrarla, aparentemente por dar a conocer esos hechos y se llega hasta que un abogado de la defensa de SQM la denuncia de ser nada menos que pareja de un fiscal.
El caso de SQM parece traer graves efectos negativos en la imagen de Chile en el ámbito internacional. Parte importante del patrimonio de esta sociedad pertenece al capital extranjero, especialmente de canadienses. Sus acciones como Adrs se transan en los EE. UU., país que es muy celoso en el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el sano funcionamiento de las sociedades anónimas y del respeto y protección de accionistas minoritarios. Poco parece haberse preocupado todavía el país y sus instituciones de este tema. Importante sería tener un pronunciamiento del Comité de Inversiones Extranjeras.
Desgraciadamente no pocos de los que hacen denuncias terminan siendo ellos los perjudicados. Casos de estos lo hemos observado especialmente en la Iglesia Católica; cómo fueron denigrados aquellos que denunciaron delitos sexuales de religiosos contra menores que quedaron finalmente comprobados.
Creo que no a pocos nos ha golpeado cómo minorías recurren al Tribunal Constitucional para bloquear leyes aprobadas por amplias mayorías en largos procesos de gestación. Junto a eso se capta cómo los cuoteos políticos llevan a elegir miembros del tribunal en procesos apresurados y vergonzosos.
Podría considerarse conveniente que el Parlamento designe parte del Tribunal Constitucional y que se llegue a ciertos compromisos en que en él queden representantes de distintas corrientes ideológicas, pero que desgraciado es que se llegue al extremo poder de los cuoteos políticos en que el partido designe a quien lo represente sin que los parlamentarios analicen los méritos de los propuestos para desempeñarse en funciones de tan alta responsabilidad. No deberían seguirse procedimientos aún más meticulosos que los que se emplean en la designación de nuevos miembros de la Corte Suprema.
Lo sucedido, posiblemente tenga como beneficio, una mayor justificación de una Nueva Constitución, nacida principalmente de la participación de una Asamblea Constituyente.
Uno de los golpes que seguramente a muchos nos ha afectado, fue la designación de Juan Barros como Obispo de Osorno, con oposiciones mayoritarias e incluso acompañadas de las manifiestas desconformidades de la superioridad de Iglesia Católica chilena, que ya ha llegado a estar seriamente debilidad por su actitud. para muchos católicos, captadas como encubridoras de delitos sexuales especialmente a menores.
El caso de Karadima vuelve a la actualidad. El Obispo Barros es uno de los varios obispos de meteórica carrera, que en menos de diez años de ser ordenados sacerdotes son consagrados obispos habiendo sin duda muchos otros sacerdotes con mayores merecimientos. Fue increíble el poder que llegó a tener Karadima, respaldado por el cardenal Errázuriz y aparentemente por el Nuncio Apostólico, embajador del Vaticano ante el Estado de Chile. Al parecer esas estructuras de poder de la Iglesia se mantienen.
Uno tiene derecho a preguntarse, qué ha pasado con esta designación aprobada o impuesta por quien hemos creído el gran nuevo Papa Francisco que tan claras y fuertes declaraciones ha hecho contra la pedofilia y de sus deseos de destruir las estructuras de poder que serían perversas dentro del Estado del Vaticano y de su diplomacia tradicional.
Extraña que amplios sectores de la jerarquía católica de Chile se hayan lavado las manos con esta designación del obispo Barros, dejando su responsabilidad casi exclusiva al nuevo Papa. Qué pasa en torno a todo este proceder.
Uno tiene derecho a preguntarse qué pasa con nuestro esperanzador nuevo Papa. Por qué ha actuado así. Habrá influencia del cardenal Errázuriz en quien tendría alta confianza y que estaría en el Vaticano a su lado.
O no habrá una máquina de la diplomacia vaticana tradicional y de otros sectores poderosos de la Iglesia de dañar al nuevo Papa y lograr finalmente su caída. Extraña sin duda la actitud de la cabeza de la Iglesia chilena, el cardenal Ezzati, con su proceder y su forma de hacerlo.
Sin dudas la Iglesia Católica mundial y chilena se ha debilitado. Muchos se han alejado de ella. Impresiona en Chile como se expanden las iglesias evangélicas, que tan cerca están del pueblo y de los sectores de más bajos ingresos.
Es igualmente destacable la presencia en diferentes frentes de los Jesuitas. El Hogar de Cristo se ha hecho merecedor de un gran reconocimiento nacional. Sacerdotes jesuitas pasan a destacarse en nuestra Iglesia Católica chilena en diferentes frentes; con qué franquezas expresan sus puntos de vista. Qué importante es su Revista Mensaje.
Ojalá la Congregación pueda ayudar a su primer Papa, apoyarlo en seguir adelante con sus grandes propósitos y a neutralizar los posibles esfuerzos negativos de poderosos sectores de la Iglesia Católica mundial que persiguen obstaculizar los grandes cambios.
Qué importante sería llegar a una gran unidad de los cristianos del mundo, en una gran Iglesia integrada. Los cristianos debiéramos rezar por ello.
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