En El Mercurio de hoy aparece una columna en su página editorial cuyo autor es Gonzalo Rojas, titulada “Asamblea Constituyente: ¿golpe de Estado? En ella se dan una serie de argumentos en contra de una Asamblea Constituyente.

Para mí son sorprendentes los argumentos negativos que contiene; hace pensar que con esta columna se pretende también contribuir a un debate, que como tal, sería muy beneficioso. Algo de eso ya se está generando en los comentarios que sobre esta columna está recibiendo el diario.

Sin duda que una constitución impuesta por una dictadura que procuraba perpetuarse no sólo como poder político sino como modelo de desarrollo impuesto por una minoría, no dejaría establecido en su texto la posibilidad fácil de modificarla. Eso ha quedado demostrado en la realidad.Parte afirmando que una asamblea es “absurda en un país que vive una plena estabilidad política, jurídica y económica, pero que no sorprende al considerar los fuertes cambios sociales y moral-culturales de sus instituciones”. Ya esta afirmación merece discusión; tenemos realmente esa estabilidad política y económica; se proyectará esta para el futuro. Debemos estar conscientes de la baja participación cívica y de la profunda desigualdad que existe en nuestra sociedad, una de las más altas del mundo.Además, si es bueno lo que tenemos, por qué no tratamos de mejorarlo o bien de lograr para lo existente un apoyo ciudadano mayoritarios que valide democráticamente lo que tenemos.

Sin duda que una constitución impuesta por una dictadura que procuraba perpetuarse no sólo como poder político sino como modelo de desarrollo impuesto por una minoría, no dejaría establecido en su texto la posibilidad fácil de modificarla. Eso ha quedado demostrado en la realidad.

Es inaceptable en una verdadera, en una auténtica democracia, que una constitución espuria en su gestación no pueda ser profundamente modificada, como lo necesita la nuestra.

En el artículo se buscan o se presentan muchos argumentos para justificar la imposibilidad de una modificación profunda, de llegar a una nueva constitución, entre otros que ello originaría un caos.

Un cambio político nacido de una nueva y auténtica constitución debe considerar todo un período de transición, que evite los problemas de un cambio inmediato; debe contener los necesarios artículos transitorios que hagan posible constituir lo que podría llegar a llamarse la nueva república. La misma constitución de 1980 lo consideraba en sus artículos transitorios.

Con mayor razón la normalidad podrá darse en la medida que el cambio haya sido convenido por una gran mayoría nacional. Es muy probable que los grandes conceptos o principios de una constitución tendrán un gran respaldo nacional como también gran parte del resto de su contenido, ya que los que no compartan parte de su texto posiblemente en su mayoría, como demócratas, estarán dispuesto a aceptarlo como auténticos ciudadanos respetuosos de lo que mayoritariamente se apruebe.

Extraña la afirmación en torno a la elección de los asambleístas en caso “Que se practicase una elección popular sobre la base del sufragio universal; si así fuera, muchos grupos y partidos optarían por no presentar candidatos”. Pienso todo lo contrario, los diferentes partidos y otros grupos procurarán designar a sus mejores representantes para esas funciones, para lograr que sus ideales y principios tengan su significativa presencia.

La formación cívica tan debilitada en Chile, con los debates que se originarían, se formalizaría en gran parte de la ciudadanía; éste sería sin duda un beneficio de gran valor para la sociedad chilena y para su democracia.

A continuación presento in extensa la columna comentada

Columnistas

Miércoles 06 de febrero de 2013

«¿Y si, superados los problemas anteriores, más por la fuerza de los hechos que por la razón y el derecho, llegase a establecerse una Asamblea Constituyente? Existe otra serie de dificultades…»

Gonzalo Rojas

¿Una Asamblea Constituyente para Chile? Pregunta absurda en un país que vive una plena estabilidad política, jurídica y económica, pero que no sorprende al considerar los fuertes cambios sociales y moral-culturales de sus instituciones.

Todos los sistemas constitucionales establecen mecanismos para su propia reforma. Si no operan por mucho tiempo, se hacen más difíciles de validar, pero si han funcionado con fluidez -en Chile, en 32 oportunidades-, lo lógico es que sigan siendo utilizados o que sean modificados dentro de sus propias reglas.

Por eso, si se quiere organizar una Asamblea Constituyente, todas las opciones utilizables son contrarias a la institucionalidad vigente.

¿Cuáles son? Que las cámaras así lo decidan; pero no fueron elegidas para eso. Que el Presidente de la República se lo pida a las cámaras; pero en ese mismo acto el Presidente -al denunciar la institucionalidad vigente- debería renunciar. Que el Presidente de la República disuelva las cámaras y convoque a una elección especial. Que una reunión de pueblo fuerce la organización de la Asamblea. Pero esto es justamente lo que desde 1823 nuestras Constituciones consideran delito de sedición o actos que producen nulidad de derecho público.

Y en caso de que se optara por una elección, ¿qué sistema se podría usar? Que la elección la realizase el propio Congreso y de entre sus miembros. ¿Podría encontrarse un método más oligárquico?

Que se practicase una elección popular sobre la base del sufragio universal; si así fuera, muchos grupos y partidos optarían por no presentar candidatos.

Que se contemplase un sufragio a través de los cuerpos intermedios, de los grupos de interés, del movimiento social o como se quiera llamar a esas organizaciones: un sufragio corporativo. Las dificultades prácticas y doctrinarias serían numerosas.

Que se expresase la voz de la calle movilizada: unas decenas de miles de personas se tomarían unos lugares, oirían a unos pocos oradores, aprobarían por aclamación unos nombres. Pero, ¿qué podría tener eso de democrático?

¿Y si, superados los problemas anteriores, más por la fuerza de los hechos que por la razón y el derecho, llegase a establecerse una Asamblea Constituyente? Existe otra serie de dificultades: el carácter abierto o cerrado de las reuniones; los mecanismos de toma de decisiones, dentro de los que cabría incluso la posibilidad de que las votaciones no quedasen concluidas en la Asamblea misma, sino que hubiese que acudir a las bases para obtener ratificación; los textos en discusión, ya que la Asamblea debería decidir si los encarga a una comisión de expertos, o sus propios miembros quedan autorizados para presentar proyectos, facilitando la competencia de los distintos grupos, facciones y sensibilidades, con el obvio resultado de un engendro producto de múltiples transacciones.

Y hay más problemas. Primero respecto del texto mismo: cabría la posibilidad de darlo por promulgado en la propia Asamblea, pero se podría optar también por un referéndum, con bajas posibilidades de éxito. Después, ¿qué sucedería con la Asamblea Constituyente? Lo más obvio sería su autodisolución y las consiguientes elecciones de nuevas autoridades. Pero sería perfectamente posible que fuesen justamente las fuerzas contrarias a la Asamblea las que triunfasen, invalidando toda la tarea constituyente. Por eso, seguramente la Asamblea Constituyente decidiría permanecer en funciones como garante de la nueva institucionalidad.

Entonces, ¿en qué podría diferenciarse la instalación de una Asamblea Constituyente y su funcionamiento de un auténtico golpe de Estado?

En nada.