Por la prensa se han dado interesantes informaciones pero sobre estas materias pero no se ha dado da una versión completa ni se expone claramente sus resultados finales.
Hoy sale en El Mercurio una carta muy positiva a su director firmada por Genaro Arriagada. La presento in extenso más adelante.
En ella destaca en su contenido que había una demanda contra el Estado chileno que ascendía a unos 800 millones de dólares, que el tema se prestaba para especulaciones “siendo una de las más destructivas aquella que sugería que los gobiernos de la época no se estaban defendiendo adecuadamente como un modo de favorecer a una fundación que usaba el nombre de Salvador Allende, con sede en España”.
Desgraciadamente había alguna base para esa suposición.
En mi opinión, merecidamente se menciona la actitud del presidente Lagos de entregar la defensa a Jorge Carey, prestigiado abogado ideológicamente contrario al pensamiento del presidente y que aceptó esta defensa con la condición de que no se le pagaran honorarios. Fueron sin dudas actitudes que señalan nobleza. habilidad política y profesional de las partes. Bien expresa Arriagada en su carta “vale la pena destacar estos gestos de Ricardo Lagos y Jorge Carey como un ejemplo de colaboración que nos enaltece como país”.
El 20 de diciembre del año pasado apareció interesante artículo en El Mercurio, el que acompaño más adelante, que se titula “Caso Clarín: Ciadi cierra juicio y acoge recurso de nulidad a favor de Chile”.
En él se señala que el día anterior llegó a su fin el litigio de inversiones de más extensa duración -15 años- que ha tramitado el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). El tribunal -dependiente del Banco Mundial- acogió el recurso de nulidad presentado en 2008 por Chile y cerró el proceso. En el 2008 Ciadi falló a favor de Víctor Pey y la fundación española Presidente Allende, fallo que obligaba al Estado a pagar diez millones de dólares a los demandantes.
En este artículo se dan otros muy interesantes antecedentes; recomiendo leerlo en detalle. Entre éstos me cabe destacar que el actual vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras, el abogado Matías Mori, quien ha llevado adelante la defensa chilena, dice en relación con el anulado fallo que «la sentencia condenatoria del 2008 era improcedente, dado que los argumentos de Chile eran muy contundentes. El señor Pey es chileno, por lo tanto no podía demandar a Chile, no había inversiones y tampoco estaba cubierto por el APPI” (Acuerdos para la Protección y Promoción de Inversiones extranjeras).
Se señala en el artículo, entre otras cosas interesantes que: 1) fue uno de los juicios más anómalos, procesalmente muy confuso, ha habido siete árbitros, uno tras otros, y 2) el fallo es un gran triunfo para Chile, después de una batalla legal que lleva más de 15 años y que es el juicio más largo en la historia del Ciadi
Me extraña que en otras informaciones se indica que Chile sólo tendría que pagar costas por el proceso; con los antecedentes que dispongo, la demanda no debió ser acogida por el Ciadi ya que Pey no pudo legalmente hacer la adquisición del Diario El Clarín como extranjero, ya que la legislación vigente, Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena puesto en vigencia en Chile por un Decreto Supremo, impedía la venta de empresas nacionales al capital extranjero y además este capital no podía ir a inversiones en medios de comunicación. Hay responsabilidad del Ciadi en este aspecto.
Es posible que Pey haya sido propietario de El Clarín y que debió ser indemnizado por los tribunales nacionales; se indemnizó a otros para los cuales puede se discutible la entrega de tan considerables recursos.
Considero que el Banco Mundial, indirectamente financiado con aporte de los países incorporados al Sistema de Naciones Unidas, debe analizar profundamente todo este caso, el más extenso en tiempo que ha debido atender el Ciadi, para ver las deficiencias que han éxito en este extenso proceso, que en mi opinión ha comprometido internacionalmente el prestigio del sistema. De su análisis deben identificarse responsabilidades, asumir si fuera necesario parte de sus costas, y no asignar a Chile responsabilidades en este terreno.
A continuación presento los dos documentos antes mencionados, Carta de Arriagada al Director de El Mercurio y artículo de este diarios del 20 de diciembre de 2012.
Cartas
Viernes 11 de Enero de 2013
Caso «Clarín»
Señor Director:
A mediados de la década pasada, a propósito de la expropiación por el régimen militar del diario “Clarín”, en tribunales internacionales había una demanda contra el Estado de Chile que alcanzaba los 800 millones de dólares.
Las características del caso se prestaban para especulaciones, siendo una de las más destructivas aquella que sugería que los gobiernos de la época no se estaban defendiendo adecuadamente como un modo de favorecer a una fundación que usaba el nombre de Salvador Allende, con sede en España.
El Presidente Lagos quiso terminar con este clima enrarecido, entregando la defensa de este asunto a Jorge Carey, destacado abogado que era su opositor político, hecho que algunos comentamos en esos días como una decisión de buen gobierno. Carey, a su vez, aceptó el encargo, pero expresó que lo haría sin cobrar honorarios, cumpliendo esa función, en Washington y París, por casi diez años.
Hoy, que este asunto está llegando a término y en condiciones muy favorables para el Estado de Chile, vale la pena destacar estos gestos de Ricardo Lagos y Jorge Carey como un ejemplo de colaboración que nos enaltece como país.
Genaro Arriagada
Jueves 20 de a Diciembre de 2012
Caso Clarín: Ciadi cierra juicio y acoge recurso de nulidad a favor de Chile
T.C. y G.M.
Con un fallo emitido a la una de la madrugada de ayer (hora local), llegó a su fin el litigio de inversiones de más extensa duración -15 años- que ha tramitado el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).
En efecto, ayer el tribunal -dependiente del Banco Mundial- acogió el recurso de nulidad presentado en 2008 por Chile referente al denominado caso Clarín y cerró el proceso.
Dicho recurso fue presentado en relación con la sentencia que emitió en 2008 el propio Ciadi a favor de Víctor Pey y la fundación española Presidente Allende. La resolución obligaba al Estado a pagar diez millones de dólares a los demandantes.
Estos, sin embargo, quedaron descontentos con dicha resolución, dado que pedían 517 millones de dólares por la expropiación del diario Clarín el 11 de septiembre de 1973. En su momento, de hecho, presentaron un recurso de revisión al fallo de 2008, que fue rechazado, cuando aumentaron la pretensión a 797 millones de dólares.
La resolución de primera instancia, sin embargo, no estuvo fundada en la expropiación solicitada, sino en una supuesta infracción al «trato justo y equitativo», según lo establecido en el APPI firmado entre España y Chile, como consecuencia de la indemnización a través de la decisión 43 que emitió en el año 2000 el Ministerio de Bienes Nacionales a los herederos de los propietarios de las sociedades dueñas del diario Clarín.
En segundo lugar, la resolución argumentaba una «denegación de justicia», atendiendo al retardo de siete años en la decisión de compensación de la máquina rotativa Goss.
Recurso de nulidad
Los argumentos que presentó Santiago para lograr la nulidad se basaron, entre otras aristas, en el quebrantamiento de una norma fundamental del procedimiento porque a Chile se le privó del derecho a ser oído respecto a la determinación de los supuestos daños por la denegación de justicia y trato justo y equitativo.
«El 2008 se tomó como base la indemnización de la decisión 43, y se hizo un calculo rápido y sin expresar fundamentos para decir que Chile estaba condenado a pagar 10 millones de dólares, lo cual no tenía ninguna razón lógica ni estructuración», explicó el vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras, Matías Mori, quien ha llevado adelante la defensa chilena.
El abogado dice en relación con el anulado fallo que «la sentencia condenatoria del 2008 era improcedente, dado que los argumentos de Chile eran muy contundentes. El señor Pey es chileno, por lo tanto no podía demandar a Chile, no había inversiones y tampoco estaba cubierto por el APPI».
Mori además señala que este fue «uno de los juicios más anómalos. Ha habido siete árbitros, procesalmente fue muy confuso». Agregó que «lo bueno es que quedó claro que acá no hubo expropiación».
El socio del estudio de abogados Carey, Gonzalo Fernández, señaló que «el fallo es un gran triunfo para Chile, después de una batalla legal que lleva más de 15 años y que es el juicio más largo en la historia del Ciadi. Esta victoria nos deja, en mi opinión, en un excelente escenario, ya que se anuló el único ítem indemnizatorio que se había concedido a Víctor Pey y a la Fundación Allende».
En tanto, Víctor Pey dijo «tengo primero que leer el fallo, después hablar con mis abogados y saber cuál es la trascendencia que pueda tener. Tengo que informarme de cuál es el tono del que estamos hablando». Ante la pregunta de qué le parecía que se haya rechazado la indemnización de $10 millones dólares, dijo: «Me parece que están muy equivocados si sacan esa conclusión. La información sintética que tengo es que al contrario, el fallo ha sido altamente auspicioso para las peticiones de la fundación y mías», afirmó sin dar mayores antecedentes.
Fuentes ligadas al caso señalan que «habiendo anulado un fallo que nos condenaba a pagar una suma injusta, la cantidad de los daños a discutirse ha quedado acotada a una cifra muy baja que probablemente hace que no sea económicamente justificable seguir adelante».
»La sentencia condenatoria en contra del Estado de Chile carecía de fundamentos suficientes para exigir el pago de una indemnización por parte de nuestro país».
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