Este editorial de El Mercurio en parte se puede relacionar con mi último artículo que publiqué en mi página web que titulé “Preocupación por la política de relaciones exteriores del actual gobierno. Se han estado escribiendo páginas negras de la historia de la Cancillería de Chile
En el corazón del editorial va lo siguiente “Debe haber un giro que termine con este encadenamiento de hechos lamentables”.
Copio textualmente su primer párrafo: “Crítica transversales sobre la gestión diplomática provoca la sucesión de lamentables acontecimientos, con repercusiones negativas para los interesas e imagen nacionales”.
A continuación se señala: “Desde la Convención de Viena, de 1815 la diplomacia es reconocida como una profesión, con precisas reglas y convenciones, dentro de un ministerio especializado”. Después se informa que ya hace 150 años que en Chile se creó el Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE).
Informa este editorial que gradualmente se han elevado los requerimientos de ingreso al grado más bajo del Servicio Exterior. Actualmente se exige dos años de estudios continuos en la Academia Diplomática y además un título universitario.
Ello contrasta que no se establecen las mismas exigencias para el nombramiento de embajadores que no provienen de la carrera académica.
Muy interesante párrafo de este editorial es el siguiente: Como lo señala el recordado embajador José Miguel Barros, en columna publicada en mayo de 2006, “para ser embajador basta con tener educación básica”, lo que contrasta con las exigencias de los diplomáticos profesionales.
Me parece conveniente copiar textualmente este párrafo del editorial: Los embarazosos eventos en que se ha visto envuelta la Cancillería han motivado declaraciones de los gremios del Servicio con especial inquietud por las designaciones políticas de embajadores. En mi artículo anterior me refiero con mayor extensión a este último tema.
Más adelante el editorial se refiere a lo que aprobó al respecto la fallida Convención Constitucional de establecer un porcentaje mínimo de un 80% proveniente de la carrera diplomática y restablecer la aprobación del Congreso para esos cargos.
Cuestiona el editorial justificadamente a mi juicio ambas propuestas. Considera la primera propuesta que ello no garantiza la idoneidad del designado y lo segundo, la aprobación parlamentaria puede conducir a politizar los nombramientos, a cuotas partidarias y restarle responsabilidades al Presidente de la República.
Da respaldo a esto último el que personalidades de gran prestigio sufrieron demora o rechazo por el Senado debido a rencillas políticas ajenas a sus capacidades.
Plantea el editorial que en estos casos sea exigir estudios superiores y pronunciamiento sobre la idoneidad del candidato por la Alta Dirección Pública.
Desgraciadamente en mi opinión, los antecedentes favorables anteriores propuestos no garantizan el adecuado criterio del postulante, muy importante para un embajador.
No creo conveniente terminar mi artículo sin antes no omitir el último párrafo del editorial. Éste es: “Lo experimentado durante los últimos seis meses en la gestión internacional del Gobierno no es una única situación desafortunada, fortuita, aislada o casual. Debe haber un giro que termine con el encadenamiento de acontecimientos atribuibles a la falta de la debida consideración de las buenas prácticas de la diplomacia profesional, por la Cancillería, el Presidente, sus asesores y embajadores designados en función de relaciones de amistad o afinidades políticas”.
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