El último IMACEC entregó una buena noticia que se une en lo positivo con la baja en los índices de desempleo, pero estos buenos datos deben mirarse con prudencia. Dos otras informaciones merecen atención y preocupación. Ellas son: una que el crecimiento del IMACEC en parte se debe a un aumento del gasto de las personas, el que a lo menos parcialmente se asocia al preocupante aumento del endeudamiento personal con relación a los ingresos que se reciben; la otra es la caída de la tasa de cambio, asociada a su inestabilidad y a pronósticos que manifiestan nuevos descensos, hasta caer por debajo de los $ 500 y aún de los $ 480. Hoy nuevamente cae de los 500.
Críticas al financiamiento de la reconstrucción y el tema energético.
Loa encuesta última de CASEN habría mostrado que se ha agudizado una redistribución regresiva de los ingresos; por otra parte se aprecia el aumento en los últimos trimestres de las utilidades bancarias y de las grandes tiendas. No deja de ser preocupante, como caso, el suscitado por la Fiscalía Nacional Económica(FNE), frente a una denuncia de la Cámara de Comercio de San Vicente de Tagua Tagua de que grandes cadenas de supermercados estaban vendiendo el pan a un precios manifiestamente por debajo de los costos.
El fallo de la FNE fue muy extraño. Se basó al parecer en lo principal que esa práctica era aceptada en otros países, como mecanismo para atraer clientes y que no perseguiría dañar o destruir a la industria panadera y a la de las amasanderías, actividades desarrolladas por medianas y pequeñas empresas; en casos como éste no es fácil calificar intenciones. Información de otras fuentes han señalado lo contrario; existen países desarrollados que prohíben este tipo de prácticas. A mi no me cabe dudad de que éstas son perniciosas, dañan sin duda a las pequeñas y medianas industrias de la elaboración de pan y atraen – maliciosamente a especialmente sectores de bajos ingresos con un falso valor transitorio del pan – a un sistema que fomenta el consumismo asociado a un endeudamiento.
Falta una visión integrada de las desigualdades de nuestra sociedad, de la agudización de la desigual distribución de los ingresos que nos presenta como uno de los países peores, del debilitamiento de las pequeñas y medianas empresas frente a los grandes conglomerados de establecimientos de ventas al retail.
El nuevo Gobierno, sus personeros desde antes del triunfo electoral, habían anunciado que el país requería de una divisa de valor alto y estable, pero desgraciadamente al parecer nada se ha hecho al respecto, por el contrario su política de financiamiento de la reconstrucción parece haber contribuido a la caída del dólar y a su inestabilidad.
En mi opinión se ha llevado una mala política de financiamiento de ella. He planteado por varios conductos que debió haberse recurrido al empréstito del Banco Central al Fisco, ya que los problemas serios están en financiar moneda nacional. Estoy seguro que si ese camino se hubiese planteado, éste habría tenido el poder político para reformar la limitación constitucional de que el Banco emisor preste al Fisco lo que es sólo permitido en caso de guerra o peligro de guerra. Un desastre nacional como fue el último sismo y sus maremotos derivados, justificaban por demás una iniciativa en ese sentido.
Como lo he señalado en otras oportunidades, no puede el valor de la divisa estar dependiendo de los artificiales e inestables precios del cobre y los de otros commodities de exportación, dañando los procesos productivos para las cuales el país tiene ventajas naturales y a otras actividades grandes generadoras de empleo como son las pequeñas y medianas empresas.
Dos malas medidas a mi juicio se han presentado para financiar la reconstrucción. Una es sacar recursos de aportes aprobados para zonas no afectadas y la otra, recurrir a la venta de reservas y de nuevas divisas obtenidas por el Fisco de créditos externos, captados con relativa facilidad. Considero muy poco transparente este proceder, pasa a ser una actividad que se presta para que unos pocos puedan disponer de información privilegiada, tanto de los volúmenes y las oportunidades de venta de dólares que hará el Fisco.
Hace poco pude captar en Punta Arenas la molestia por el retiro de fondos comprometidos para obras públicas, lo que habría motivado el alejamiento de empresas y un aumento del desempleo regional, que ya ha mostrado niveles que empiezan a alarmar.
Hoy nuevamente se anuncia la preocupación del Gobierno por la PYMES a consecuencia de la fuerte y reciente baja del dólar. Pero se plantean más bien medidas paliativas pero no van yendo al tema de fondo. La preocupación parece ir sólo al tema de las exportaciones y no al de las importaciones competitivas con la producción nacional. También se acompaña la noticia con la preocupación de algunos consejeros del Banco Central por el tema, pero de lo que se informa, se deduce que podrían sostener el dólar basado en que una medida de esa naturaleza no afectaría la inflación por la tendencia a la baja de los precios internacionales. Nuevamente pasa a manifestarse que el Banco Central está siempre mucho más preocupado de la inflación que del desarrollo del país, de una más justa distribución del ingreso y del empleo.
No deja de preocupar que promesas electorales no se cumplan o que éstas sólo se respeten a base de las presiones populares, como ha sucedido recientemente con la planta termoeléctrica de Barrancones.
Por dios que hace falta una política de Estado para Chile con visión de largo plazo, como existió en el pasado democrático anterior al Gobierno Militar, con una gran Corporación de Fomento de la Producción complementada posteriormente con un Ministerio de Planificación que se preocupaba tanto de lo económico como de lo social y de grandes empresas nacionales como la ENDESA y ENAP.
Hoy el tema energético pasa a ser una verdadera amenaza para el desarrollo futuro por la carencia de una política de Estado al respecto y de la inexistencia de una institución fuerte con equipos humanos permanentes que ayuden a definir las grandes políticas, los programas y los proyectos necesarios con visión de mediano y largo plazo, con el interés para toda la nación y no que en gran parte de todo ello quede en manos de empresas privadas en las que predomina las rentabilidades cortoplacistas y cuya propiedad pasa de una a otra mano, incluso a grandes consorcios internacionales a quienes sólo se les puede llevar a que actúen en beneficio nacional a base de asegurarles altas rentabilidades.
