Medicina natural, actualidad y economía

Altas autoridades de Gobierno intervienen tardíamente en investigar atraso a pago de proveedores

El sábado pasado, noticia de El Mercurio titula: “Pérez Yoma y Velasco dan 10 días a ministros para aclarar deudas con pymes proveedoras”. Impacta la noticia con parte del contenido “30 días es el plazo máximo fijado por el Gobierno para pagar a las empresas proveedoras del Estado. Ese lapso de tiempo se estableció en abril de 2006 en otro instructivo enviado a los ministros, a propósito de las tareas para los para los 100 primeros días de la administración de Michelle Bachelet”. “$ 1.000 millones es la deuda que tiene la Central Nacional de Abastecimiento(Cenabasta) con dos laboratorios farmacéuticos”. “3.500 reclamos hay en ChileCompra por atraso del Estado en sus pagos
Es criticable que esta reacción ministerial, al parecer, provenga de las impactantes noticias de la televisión donde se mostraba la difícil situación de varias pymes, que debieron reducir producción y despedir a trabajadores. Extraña que el Gobierno parecía no estar informado de esta situación, o no haberle dado importancia y además impacta la información de que la Presidente en abril de 2006 emitió un instructivo sobre los 30 días de plazo para pagar a los proveedores.

El instructivo firmado por los dos ministros, del Interior y de Hacienda señala: “En el contexto de la actual situación económica, y consciente de la importancia que tiene el cumplimiento oportuno de sus obligaciones pecuniarias para la subsistencia comercial de las empresas que le proveen de bienes y servicios, se solicita a US. Informar en un plazo de 10 días , acerca del cumplimiento de las citadas instrucciones respecto de los órganos y servicios públicos dependiente o relacionados con su repartición
Me parece que este planteamiento debiera ser independiente de la actual situación económica. La obligación debe cumplirse en cualquiera circunstancias. Las moras dañan a todo el sistema y tienden a reducir perjudicialmente la gama de oferentes de bienes y servicios al sector público, como también a hacer ofertas a más altos valores para resarcirse los proveedores de los costos adicionales que los atrasos involucran. Además se presta para discrecionalidad en los pagos, lo que no debería producirse.

La noticia de El Mercurio señala más adelante que la morosidad en pagos estatales afecta a varios sectores. Se destacan a dos: El sector Farmacéutico y a empresas del área automotriz de Arica, donde aparece con responsabilidad nada menos el Cuerpo Militar del Trabajo, perteneciente al Ejercito.  Los proveedores han debido recurrir a endeudamiento e incluso a despedir trabajadores.
Parece increíble que dos de los principales ministros, como son del Interior y Hacienda, tengan que estar preocupados de estos temas, como también otros ministros de donde dependen órganos y servicios públicos dependientes o relacionados con su repartición.
Es de esperar que se investiguen las causas de estas situaciones. Uno puede plantearse posibles diferentes causales: mala administración; irresponsabilidades; incapacidades directivas y funcionarias carencia de recursos; despreocupación, u otras prácticas que persigan otros fines. Años atrás un amigo alcalde de la Concertación de una comuna del Sur me comentaba los atrasos en las entregas de recursos por parte del Estado a su municipalidad.
Esto además de investigación requiere que se apliquen sanciones y que se establezcan procedimientos que eviten de raíz la repetición de estos hechos. Es absurdo que los ministros tengan que estar preocupados de estos temas, debieran sí buscar formas que esto no se repita. En un artículo anterior sugiero un mecanismo, que permita que una factura a su vencimiento pase a tener una valor ejecutivo y se establezcan altas tasas de interés para los pagos que se atrasen más allá de los treinta día, de manera que no perjudique al proveedor y que éste pueda recurrir al crédito, sin perjudicarlo económicamente. Además estos pagos de intereses contabilizados en cuenta especial, que podrían considerarse morosos, puedan ayudar a ubicar y medir los incumplimientos. Esto también motivará a los servicios públicos a que busquen oportunamente los recursos financieros.

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