Ha sido habitual que el Sector Público, instituciones y empresas, no paguen oportunamente a sus proveedores de bienes y servicios. Algo parecido ha sucedido con los contratistas de obras públicas. Esto debiera corregirse por varios motivos que se analizan más adelante.
Con los proveedores debería existir un tratamiento similar al de los empleados fiscales en cuanto a los pagos puntuales de sus remuneraciones.
Esto se hace más importante en momentos actuales, en que las empresas proveedoras enfrentan situaciones difíciles en general frente al mercado, cuando se ha contraído la demanda.
Deben buscarse mecanismos que conduzcan a los pagos oportunos o que los proveedores puedan ellos recibir oportunamente los dineros correspondientes. Más adelante se hace una proposición.
Esto ha tomado actualidad el tema por la difusión por prensa, radio y televisión de críticas situaciones que se les está presentando a muchas empresas; algunas habrían tenido que cerrar y otras despedir trabajadores por el atraso en los pagos. El tema ha llegado al Parlamento y han tenido que concurrir a él los ministros de Hacienda y Economía. La respuesta de ministros es que se irá mejorando la situación y que se han reducido las demoras. Pero estas demoras no debieran existir o no dañar a proveedores y contratistas..
No es conveniente que los ministros deban destinar sus esfuerzo a corregir las deficiencias de tantas instituciones y empresas, sino que el Gobierno procurar establecer procedimientos que fuercen a los pagos oportunos o para que los proveedores por otros mecanismos financieros puedan recibir sus dineros oportunamente, sin que se les castiguen sus ingresos presupuestados.
El Gobierno se ha preocupado de que los empresarios no despidan a sus trabajadores y parece grave que la ineficiencia o la falta de voluntad de pago oportuno de las cuentas fiscales, fuerce a empresas a paralizar o a reducir personal, especialmente a las pequeñas y medianas, que son las que se ha dicho que más se quiere proteger y más generadoras de empleo. Se supone que el Fisco dispone de recursos financieros y además las instituciones y empresas deben disponer en sus presupuestos de los recursos, para pagar las adquisiciones. La demora en estos pagos tiene menos justificación, para un Estado que dispone de excedentes presupuestarios y. financieros.
Uno puede preguntarse, qué autoridad moral tiene el Gobierno para pedirle a las empresas que no despidan trabajadores, cuando sus mismas instituciones o empresas están generando estos efectos. Este mal proceder puede tener un “efecto de demostración” adverso ante empresas privadas, para que tampoco paguen oportunamente a sus proveedores, como se sabe que ocurre con las grandes cadenas comerciales.
En la historia chilena estos atrasos aparecen en repetidas ocasiones. Se ha hecho sentir en forma más grave en los abastecimientos del sector salud; lo sería especialmente en medicamentos y alimentos.
Recuerdo que al llegar el Presidente Jorge Alessandri Rodríguez al Gobierno, había una elevada deuda con los contratistas de obras públicas. Él como ingeniero y empresario comprendía la gravedad de la situación y optó por endeudar al Gobierno para pagar esas altísimas sumas. Eran épocas en que el Fisco podía endeudarse con el Banco Central, hoy la constitución neoliberal chilena lo impide.
Esos pagos de deudas atrasadas significaba un importante aumento de circulante, que podría traducirse en presiones inflacionarias. El Gobierno de Alessandri estableció un interesante sistema de sobre encaje bancario para los aumentos de sus obligaciones y así evitar un alto efecto multiplicador, generador de aumento de circulante y de presiones inflacionarias.
Debe tenerse presente que si se tiene un encaje de un 10 %, los depósitos bancarios que aumentan pueden multiplicarse como potencial de incremento de circulante en 10 veces, es el llamado dinero giral creado por el sistema bancario a través principalmente de las cuentas corrientes. Si el encaje es de un 20 % la multiplicación puede llegar a sólo 5 veces. Para evitar la intensidad de este efecto inflacionario en esa época, se estableció un aumento del encaje para el incremento de las obligaciones bancarias derivadas del aumento principalmente de los depósitos. Esto se denominó un sobre encaje, que fue establecido inicialmente en un 50 por ciento para el incremento de las obligaciones bancaria y si no mal recuerdo, para otras mayores obligaciones, se llevó el sobre encaje hasta un 75 %.
Esto motivó un importante incremento en las reservas obligadas de los bancos. Con visión de desarrollo el Gobierno de Alessandri permitió que esos fondos generados por los sobre encajes se pudieran destinar a financiar, mediante créditos, a proyectos de desarrollo contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo de CORFO. Parte de los recursos podían ir así a inversiones consideradas prioritaria para el país.
El no pago a proveedores o a contratistas oportunamente, junto con crear trastornos importantes a las empresas afectadas, genera elementos de defensa de proveedores y contratistas a través de elevar los precios de los productos ofrecidos o elevar los costos de las obras. al Gobierno, considerando que en esas postergaciones se generan costos superiores. Además esto motiva que potenciales buenos proveedores o contratistas se marginan de trabajar con el Estado, lo que debilita la competencia. Eso también motiva los discutidos uso del lobby u otros mecanismos para lograr los pagos oportunos, generando tratamientos discriminatorios. Para los grandes contratos de obras públicas, entiendo que hay formas en que en las disposiciones contractuales se garantizan los pagos a tiempo..
Se pueden barajar diversas medidas para que esto no ocurra. No basta con los esfuerzos de las autoridades de Gobierno para evitar que esto suceda o para que los pagos menos se retracen. No debe ser la tarea de ellos, sino que amerita buscarse mecanismos que automáticamente operen para que esto no sucede y, de acontecer, no perjudique al proveedor o contratista. Los atrasos debieran significar altos intereses y mecanismos de sanción para las instituciones o empresas que caigan en estas irregularidades.
Los no pagos oportuno pueden tener principalmente dos orígenes, uno que el Fisco no entregue oportunamente los recursos y el otro, el comportamiento mismo de las instituciones y empresas.
La UDI ha planteado que con las sumas adeudadas se puedan cubrir con las retenciones del IVA de las empresas, a lo cual Hacienda ha respondido con una fuerte posición en contra, posiblemente con buenas razones.
Sugiero un mecanismo
Creo que éste podría ser que la institución o empresa al hacer la adquisición, extienda un documento descontable, en que se recargue en intereses relativamente altos, devengados a partir de su vencimiento, por ejemplo a los 30 días de la entrega. Esto motivaría dos efectos positivos, por una parte la institución o empresa vería que su atraso por ineficiencia o por significarle disponibilidades financiera u otras causas, le motivarían costos mayores y por otra parte a los recibidores o poseedores de estos documentos los pagos atrasados no los afectaría, ya que podrían descontarlos en el sistema bancario, costo que se cubriría con los intereses que devenga el documento.
El sistema tendría otro importante beneficio, que le permitiría a las autoridades de Gobierno, e incluso a la opinión pública, estar informadas de las ineficiencias de las instituciones y empresas por los montos que ellas deban desembolsar en estos intereses.
Esto también obligaría al Fisco a entregar los recursos financieros oportunamente a instituciones o empresas, si es que sus operaciones deban ser financiadas con recursos fiscales presupuestados, para no ser él culpado de estas responsabilidades.
El sistema también podría favorecer la participación de más proveedores y contratistas.
También se evitaría nefasto uso de influencias de distinta naturaleza para conseguir los pagos oportunos.
