Existe la impresión de que la Asamblea Constituyente(AC) que sirva de base para alcanzar una nueva y auténtica constitución democrática, es una aspiración mayoritaria de la ciudadanía chilena; así lo señalaría a lo menos una encuesta realizada, que arrojaría un apoyo superior a un 60%. Es probable que este respaldo provenga de ciudadanos que están más conscientes de lo que es una democracia auténtica y de la importancia que Chile llegue a ella. Es una masa ciudadana que puede ir tomando paulatinamente más fuerza; su argumentación sin duda es muy sólida y convincente. El reforzamiento de esta posición puede llevarla a un gran apoyo mayoritario, que contribuiría a que esta vía de generación de una nueva constitución pase a motivar una salida positiva para ella dentro de las restricciones que nuestra actual constitución estableció para impedir un cambio profundo en ella o para crear una verdadera y nueva constitución que se llegue a poner en vigencia por la presión social y política de una aplastante mayoría nacional.
En mi opinión, por otra parte, es muy probable que el llegar a una AC que nos ayude a esa anhelada constitución, constituirá sin duda un gran proceso de enseñanza y aprendizaje de educación cívica para la ciudadanía nacional. Lo que puede lograrse en este resultado pedagógico, será sin duda un valioso patrimonio social y político que aportaría este proceso a nuestra cultura cívica, a una enriquecida cultura ciudadana.
Pero esta manifestación ciudadana enfrenta una potente barrera creada por las directivas políticas. Es comprensible que esto se presente en parte importante de la derecha política que respaldó la generación de la constitución de la dictadura cívico militar establecido por un espurio proceso y que se benefició con ella. Pero extraña que en los partidos que se ha considerado tradicionalmente defensores de la democracia, se presente en sus directivas posiciones contrarias a la vía de una AC; es probable que esto esté contribuyendo a sostener y acrecentar el desprestigio de la política partidista chilena.
El desprestigio de los partidos políticos no debe dejar de preocuparnos. Se aprecia en ellos un distanciamiento de las ideologías que sirvieron de sólidos cimientos a la conformación de estos conglomerados y al respeto de sus tradiciones históricas. Se capta la existencia de una mayoría de las directivas de los partidos políticos contrarios al proceso de generación y operación de una AC.
Me cuesta comprender que partidos como la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Partido Radical aparezcan hoy con posiciones al respecto tan tibias.
Mucho me ha extrañado que destacados políticos como los demócratas cristianos Soledad Alvear y Jorge Burgos tengan posiciones contrarias a una AC, como también lo ha manifestado reiteradamente el senador Escalona del Partido Socialista. Pienso que esa posición nos puede motivar a muchos a no votar por ellos ni respaldar a otros por quien ellos recomiendan votar.
El Presidente del Partido Radical, José Gómez, se ha manifestado abiertamente a favor de una AC, sin embargo al parecer hoy el Partido Radical estaría en otra posición.
Recuerdo un poco con nostalgia las valientes declaraciones de Eduardo Frei Montalva cuando cuestionaba la Constitución impuesta por la dictadura militar y su sólida posición, muy bien argumentada, a favor de una Asamblea Constituyente para generar una auténtica futura constitución democrática . La mayoría de las cabezas directivas de este partido parecen olvidarse de tan sólidos planteamientos y tan identificados con próceres como Bernardo Leighton. En artículo anterior me permití calificar a Frei Montalva como uno de los últimos grandes estadistas de Chile.
En el día de ayer me impresionaron las intervenciones de ese destacado historiador, Gabriel Salazar, quien se refería a estos temas en el Programa Tolerancia Cero y que muy claramente señalaba cómo se están reforzando las organizaciones ciudadanas de base, con las cuales él mantiene contactos, que aparecen tan distanciadas de los partidos políticos.
Me ha motivado escribir este artículo el hecho que hace unos días atrás conversé con un ingeniero radical que apoyó como candidato presidencial en las primarias de la Nueva Mayoría a José Gómez, por quien yo voté como manifestación de apoyo a su clara posición a favor de una AC. Conversando sobre el tema, me manifiesta que los partidos de la Nueva Mayoría de la Comuna de Providencia han recomendado no marcar el voto con AC. La razón que me dio fue para evitar que hubiese anulación de votos.
Me extrañó esa posición y le manifesté que me parecías una actitud muy delicada, ya que de extenderse esa idea podría generarse una baja de la presencia de la marca AC, con lo cual debilitaría la iniciativa de llegar a su aprobación. Me pareció débil, por no decir poco honesto, el argumento del riesgo de anulación de voto. Está muy claro que un voto marcado, es voto que se debe escrutar y en ningún caso es un voto nulo; esos lo ha ratificado nada menos que el actual presidente del Servel.
Esto me ha traído a colación la declaración sobre el efecto anulativo del voto de su marca AC hecha por el General Emilio Cheyre cuando era Presidente del Servel, opinión que fue posteriormente descalificada por sólidos fundamentos, como también lo dado a entender al respecto por el ministro del Interior Andrés Chadwick. Esto permite llegar a pensar que se están usando malas armas, procedimientos poco éticos, para neutralizar o debilitar la llegada a una Asamblea Constituyente no solamente en los personeros de Gobierno.
Apenas llegué a mi casa mandé un correo a un exalumnos mío universitario, gran defensor de la AC, advirtiéndole mi malestar y mi inquietud. Le señalé que de existir esta posición de no marcar el voto, convendría proceder a dar amplio anuncio a esta recomendación, para no desprestigiar la iniciativa al llegar a obtenerse una baja proporción de votos marcados. Con las dos simbólicas letras.
Mi amigo exalumno me abrió los ojos al señalarme esa gran distancia que se está dando entre las directivas de los partidos y las bases.
Al parecer en las directivas se manifiestan intereses beneficiados por el actual sistema constitucional, privilegios minorías que no quieren ser perdidos.
No puede olvidarse la presencia de muchos de ellos en los negocios de colegios y universidades y en otras estructuras que les generan importantes beneficios como son en los sistemas de salud,- ISAPRES y grandes clínica, en el sistema previsional y en los sistemas financieros.
