Rolando Chateauneuf

Mi intención inicialmente no era referirme a este tema, pero al conocer posteriormente mayores antecedentes me pareció una obligación analizar este delicado asunto.

Criticable es la aprobación rapidísima, por muy amplia mayoría, sin un voto en contra, de un bono discrecional sólo para parte de los empleados públicos de una sola región del país. También lo es la manera como se gestó esta iniciativa, en los momentos que se hizo y con qué recursos se financió.

He podido encontrar un interesante artículo publicado en junio del 2013 en el Diario Chañarcilllo. Periódico regional. Lo presento in extenso al final de este artículo. Allí se menciona la proposición de un bono trimestral que se respalda por los parlamentarios regionales, ambos senadores y los cuatro diputados de la época. También cuenta con el respaldo de la presidenta de la CUT. Copio a continuación un par de párrafos de este artículo.

Una importante jornada se realizó ayer en pos de los funcionarios públicos de Atacama, puesto que la Mesa del Sector Público, entregó una propuesta a parlamentarios de la zona para declarar a la Tercera Región como zona estratégica, lo que le permitiría entregar a los trabajadores un bono trimestral que amaine el alto costo de la vida.

Dicha moción fue firmada por los senadores: Isabel Allende y Baldo Prokurica, y por los diputados Lautaro Carmona, Alberto Robles y Carlos Vilches, todo ante la mirada de todos los asistentes, entre ellos la presidenta nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa.

Se han tenido pocas opiniones en contra, pero las aparecidas son de bastante peso. Importante ha sido un editorial de El Mercurio, como también cartas dirigidas a su Director. Estos antecedentes los incluyo más adelante.

Puntos críticos en mi opinión son:

1. Origen del proceso legislativo. Oscuras causas de éste. Al parecer una de las justificaciones es la que se hayan presentado protestas de los empleados públicos de la región. Como origen sería un acto celebrado en la región el año 2013.
2. Discriminación nacional, regional y entre los mismos funcionarios públicos de la única región favorecida.
3. Desprestigio de los partidos políticos que impulsaron esta idea.
4. Perjuicio de la imagen de dirigentes nacionales que respaldan una iniciativa para un sector tan minoritario y con baja justificación. Impacta el respaldo a la iniciativa frente a otras realidades de compromisos arrastrados en el tiempo como la deuda llamada histórica al profesorado. Triste ahora observar que este bono no lo recibirán los profesores.
5. Nuevo golpe que se le da al profesorado chileno, en medio de un período en que se gesta una importante regorma educacional.
6. Posible generación de conflictos políticos dentro de los partidos. Por qué no se atiende a los sectores más necesitados.
7. Es grave que se haya hecho a través de un trámite acelerado, aprovechando urgencia de otras legislaciones.
8. No responde a estudios serios. No beneficia a los que más lo necesitan. Favorece a una minoría nacional sin mayores justificaciones.
9. Desprestigio del Ejecutivo: Presidencia, ministros de Interior, Hacienda y Economía. No aparece la Presidenta en forma directa, pero sí nada menos que sus ministros del Interior y de Hacienda. Al parecer patrocina el proyecto el ministro del Interior, como vice Presidente de la República. La Presidenta debiera vetar este proyecto de ley, pero muy difícil que lo haga.
10. Desprestigio del Parlamento. No hubo un voto en contra, sólo abstenciones de parlamentarios del PPD y de la UDI. Varios parlamentarios que criticaron el proyecto lo votaron a favor.
11. Minorías que objetaron. Difícil hacerlo por una oposición seriamente afectada por principalmente el escándalo Penta-UDI.
12. Pasividad de la Cámara de Diputados para aprobarlo; su presidente lo cuestiona pero vota a favor, ni siquiera se abstiene.
13. No beneficia a los más pobres ni del país ni de la región.
14. Financiamiento de un gasto con recursos para la inversión. Contra principios básicos del financiamiento público, genera un preocupante precedente.
15. Sacrificio de inversiones de beneficio general para trasladarlo a aporte de una minoría que no es la más necesitada.
16. Daño a la justificación para futuros montos destinados a recursos de inversión para esta a la región.
17. Seguramente pan para hoy en favor de esta minoría, ¿qué sucederá para años siguientes?

A continuación señalo algunos antecedentes recogidos especialmente de El Mercurio, de crítica a este proyecto y a su aprobación.

1. Noticia destacada en primera página de El Mercurio del 30 de enero de 2015

Congreso aprueba en sólo cuatro sesiones bono de $ 1 millón para funcionarios públicos de Atacama.

Tuvo seis abstenciones en el Senado y una en la Cámara.

Ejecutivo acogió propuesta de diputados de la zona: Provoste(DC), Cicardini(PS), Carmona(PC) y Robles(PR).

Subsidio trimestral se pagará durante 2015 y se financiará con el FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional), lo que se cuestionó en la Cámara Alta.

El 30% de los empleados públicos de esta región no recibirán bono que beneficia a 7.800 de esos trabajadores.

2. En página 2 del Cuerpo C se dan otros antecedentes.

Extraigo los que me parecen más importantes de mencionar:

• El proyecto recogió una moción de los diputados de la zona, la cual fue declarada inicialmente inadmisible.
• Los ministros Rodrigo Peñalillo (Interior), Alberto Arenas (Hacienda) y el subsecretarios del Interior Mahmud Aleuy, son los firmantes de la iniciativa del Ejecutivo con que se aprobó el miércoles (28 de enero) en el Congreso.
• La iniciativa ingresó a la Cámara con suma urgencia, y en un día después fue aprobada por la comisión de Hacienda y despachada por la Sala con el respaldo de 100 diputados. Sólo se abstuvo el PPD Ramón Farías.
• Posteriormente el Senado lo despachó sin observaciones con el respaldo de 23 parlamentarios y la abstención de seis: Jaime y Felipe Harboe (PPD), Jacqueline van Rysselberghe, Juan Antonio Coloma, Víctor Pérez y Jaime Orpis (UDI).
• Llama la atención que ningún parlamentario de RN, de la DC, del PC, de independiente y ni de la brigada juvenil independiente se abstuvo. Sólo las abstenciones provinieron de parlamentarios de la UDI y del PPD.

3. De El Mercurio del 31 de enero, página C4, destaco lo siguiente:

• Profesores de la zona manifestaron su molestia por quedar excluidos del beneficio.
• Parlamentarios de todos los sectores presentaron ayer sus reparos al proyecto que el Gobierno envió el 20 de enero al Congreso. Debo señalar que de varios que cuestionaron el proyecto, votaron a favor.
• El presidente de la Cámara, Aldo Cornejo (DC), explicó que el proyecto debió haber ingresado al menos 45 días antes del 20 de enero.
• Además habría señalado que el proyecto respondía a negociaciones entre el gobierno nacional y el local luego de una serie de manifestaciones de funcionarios públicos de la zona.
• También dijo que en reunión de comités los diputados acordaron votar esta iniciativa sin discusión, debido a que su tramitación coincidía con otros cuyo contenido era “de mayor envergadura”.
• Llama la atención opiniones críticas de parlamentarios de oposición que a pesar de ello votaron a favor.
  El senador Albert Espina (RN) dijo “Es una injusticia con otras regiones que viven un nivel de pobreza mucho más alto y situaciones dramáticas como La Araucanía. El Gobierno tiene que actuar con criterios mucho más amplios” (votó a favor).
  El diputado, Felipa Ward, jefe de bancada de la UDI dijo: “Si el Gobierno tiene que pagar deudas políticas, que no lo haga utilizando el Congreso, y legislando de una manera torpe, porque se legisla a la rápida dejando fuera a muchos funcionarios públicos bajo un procedimiento que no es el adecuado” (votó a favor).
  Nicolás Monckeberg, jefe de la bancada de RN agregó: «La forma como este gobierno legisla demuestra que no tiene ritmo, que actúa bajo presión, lo que tiene el riesgo de desencadenar en populismo. Hoy se le otorga un beneficio a una región, y por qué se les priva del mismo beneficio a las otras regiones del país” (también votó a favor).
• La publicación en forma separada destaca las siguientes expresiones:
  1. “Ha primado la urgencia sobre la razón, y el populismo sobre la elaboración adecuada de políticas públicas” JUAN ANTONIO COLOMA Senador UDI (se abstuvo).
  2. “Es una injusticia con otras regiones que viven un nivel de pobreza mucho más alto y situaciones dramáticas como la Araucanía” ALBERTO ESPINA (votó a favor).
  3. “Esto va a marcar un precedente para que en todo el país miremos a las regiones en sus especificidades” ISABEL ALLENDE (votó a favor).
  4. “A través de esta votación se ratifica el compromiso que debemos tener no solo con los trabajadores de Atacama, sino también con todos los trabajadores del país” YASNA PROBOSTE. Diputada DC.

4.- A continuación presento la Editorial de El Mercurio y varias cartas al director del diario. Que fueron publicadas.

Debo sí señalar que este diario es posible que tenga un sesgo más crítico que otros medios de comunicación.

Editorial
Martes 03 de febrero de 2015

Asistencialismo en Atacama

Todas las regiones necesitan ser potenciadas, pero para lograrlo corresponde legislar con responsabilidad social, priorizando políticas eficaces y responsables.
Velozmente y sin discusión se aprobó la semana pasada la bonificación especial de 240.000 pesos trimestrales para aproximadamente 7.800 empleados públicos de planta y contrata de la Región de Atacama, a pagarse durante 2015. La iniciativa, despachada justo antes del receso parlamentario de febrero, parece ser más el resultado de negociaciones políticas que de una discusión técnica respecto de las reales necesidades de la región. De hecho, el propio mensaje que acompañaba al proyecto de ley reconocía la ausencia de un estudio que lo avalara.

De acuerdo con la última encuesta Casen, Atacama posee un ingreso autónomo promedio mensual del hogar de 764.759 pesos, el quinto más alto del país y superior al promedio nacional (736.958 pesos). Por otra parte, su desigualdad medida de acuerdo con el índice de Gini (considerando ingresos autónomos en base a la nueva metodología de la misma Casen) fue de 0,45, también inferior a la nacional, y si bien la tasa de desempleo ha aumentado durante el último año, lo cierto es que aún se mantiene por debajo del promedio nacional (5,7% versus 6%). Por cierto, la región exhibe carencias importantes en materia de pobreza. A modo de ejemplo, con un 26,2%, Atacama presenta la segunda tasa de pobreza regional multidimensional más alta del país. Sin embargo, un bono dirigido a personas con un empleo estable no tendrá ningún impacto sobre este indicador, ni tampoco sobre la desigualdad. Así, las cifras no justifican la bonificación especial entregada.

Algunos han planteado que el alto costo de la vida en la región -«un 20% por sobre el nivel nacional», según el senador Carlos Bianchi- justificaría la medida. Curioso argumento, toda vez que el país aún no cuenta con indicadores regionales en este ámbito. Solo en diciembre pasado el Congreso solicitó al Ejecutivo un IPC regional, el que aún no se ha reportado. Quizás quienes impulsan la idea se refieren al Índice de Costo de Vida de Ejecutivos (ICVE). Sin embargo, este indicador muestra en los últimos años una importante caída para la capital regional, Copiapó, producto de una reducción del 19% en el precio de los arriendos. Entonces, la evidencia contradice el argumento del mayor costo de vida, dejando como alternativa más probable la predilección de los parlamentarios de la zona -entre ellos, los cuatro diputados oficialistas que pidieron originalmente la medida- por políticas asistencialistas de este tipo.

Todas las regiones necesitan ser potenciadas, pero para lograrlo corresponde legislar con responsabilidad social, priorizando políticas eficaces y sustentadas en evidencia.

Al momento de aprobarse la peculiar medida, se ha afirmado por parte de parlamentarios que marcaría un precedente respecto de la forma de mirar a las regiones, entregando soluciones a sus problemáticas específicas. Es una expresión desafortunada, que solo confirma las aprensiones: todas las regiones tienen carencias particulares, pero esto no justifica un reparto millonario para determinados funcionarios públicos. Es de esperar que elbono de Atacama marque el comienzo y el fin del asistencialismo en esta administración.

5.- Cartas al Director de El Mercurio

1- Sábado 31 de enero de 2015

Bono Atacama I

Señor Director:

He leído, con sorpresa, la rápida y sigilosa tramitación de una ley que redujo la inversión regional de Atacama en $7.581 millones para repartir un bono de $1 millón por persona a un grupo de funcionarios públicos que trabajan en dicha zona. Esta sustitución de inversión por gasto corriente reducirá el programa de inversión regional de Atacama en cerca de 25%, con lo cual cabe preguntarnos qué proyectos no se realizarán, qué poblados no podrán acceder a agua potable y electricidad, qué caminos rurales no se pavimentarán o si la construcción de los centros de atención familiar de Freirina y Chañaral se postergará una vez más. En suma, los habitantes de la Tercera Región deben saber cuál fue el costo de oportunidad del bono otorgado a esos funcionarios públicos. Lo más irónico de este lamentable episodio es que gran parte de dicho bono será gastado en el comercio de Santiago. Todo a costa de la calidad de vida de los más pobres de Atacama.

Tomás Flores

2.- Sábado 31 de enero de 2015

Bono Atacama II

Señor Director:

La aprobación de un bono especial a los funcionarios públicos de Atacama, promovida por los parlamentarios de la región, patrocinada por el Gobierno y aprobada por casi todos los parlamentarios, salvo unas pocas abstenciones, no puede llamarse con otro nombre que no sea cohecho.

Los argumentos que se citan para justificarlo son de una pobreza vergonzosa y podrían aplicarse a cualquier otra región.

Un ejemplo más de la decadencia de nuestra política y nuestros políticos, pero debe ser lo que merecemos.

Alejandro Fernández Beros

3.- Sábado 31 de enero de 2015

Bono Atacama III

Señor Director:

Resulta llamativo el tono de reproche al informar el pronto despacho del proyecto Atacama Nuevo Trato, que presentamos los parlamentarios de la zona y que el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet acogió y optó por discutir con urgencia.

El citado bono responde a una demanda sentida de los funcionarios públicos de Atacama, que constituyeron una mesa de trabajo en orden a la urgente necesidad de paliar el aumento en el costo de la vida de la región, que por ser zona minera en los últimos años disparó sus cifras. Los trabajadores del sector privado han sido beneficiados con aumentos salariales; sin embargo, los funcionarios del sector público han quedado rezagados.

Es un logro que se reconozcan las especificidades de las regiones y sus demandas particulares. Los habitantes de Atacama sufren la contradicción de vivir en una región que aporta profusamente al desarrollo, pero que no ha tenido una retribución adecuada.

Es mañoso el argumento de que la entrega de este beneficio es discriminatoria, pues no llega a todo el universo de funcionarios públicos. El protocolo de acuerdo firmado en la mesa de trabajo entre el Gobierno y el sector público establecía que no era posible la incorporación de los profesores municipales a este beneficio debido a su situación contractual, por lo cual se generará otra mesa técnica para apoyarlos.

Estoy disponible para buscar una solución particular para los profesores. Sin embargo, creo que la gran apuesta para mejorar de manera real su situación es apoyando la tramitación de la ley de Carrera Docente, que es el próximo gran proyecto de la reforma educacional que debe ingresar el Gobierno al Parlamento.

Daniella Cicardini
Diputada PS

4.- Carta del domingo 01 de febrero de 2015

Bono en Atacama

Señor Director:

En relación con el bono de $1 millón para funcionarios públicos de Atacama publicado por «El Mercurio», el Gobierno ha encargado un estudio sobre el costo de una canasta de consumo nacional y sus variaciones entre regiones al INE. Al respecto, este puede ser el comienzo para que a nuestros legisladores se les ocurra instaurar por ley una Unidad de Fomento (UF) regional. Frente a la gravedad que supone esta idea, no cabe más que esperar que prime la cordura por parte de los ministros de Hacienda y de Economía para que tomen los resguardos necesarios.

Jorge Hermann A.
Economista

5.- Miércoles 04 de febrero de 2015

Bono Atacama

Señor Director:

A estas alturas no queda más que felicitar y alabar la avezada muñeca política de los diputados Alberto Robles (PRSD), Lautaro Carmona (PC) y, especialmente, de las novatas Yasna Provoste (DC) y Daniella Cicardini (PS) por haber logrado que el Ministerio de Hacienda haya patrocinado con su firma un proyecto de ley que beneficia, en forma exclusiva, a los funcionarios públicos de la Región de Atacama con un bono de $ 960.000 por el solo hecho de vivir en dicha región.

A los diputados de las 14 regiones restantes, solo advertirles que estamos frente a un ministro de Hacienda que -aun antes de contar con un indicador objetivo que refleje verdaderamente el costo de vida en regiones- está disponible para volver al sistema que existió en Chile hasta 1943, tiempo en el cual nuestros flamantes parlamentarios estaban facultados para presentar proyectos de ley que importaran gasto para el erario fiscal.

Francisco Moreno Guzmán
Ex Coordinador Legislativo
Ministerio de Hacienda

Nota. Esta carta también habría sido publicada por el diario La Tercera.

Importantes antecedentes del origen de este proyecto se derivan de lo publicado en el diario regional “Diario Chanarcillo”. Región de Atacama el 28 de junio de 2013.

A continuación va su contenido in extenso

Proponen bono trimestral para funcionarios públicos de Atacama

Una importante jornada se realizó ayer en pos de los funcionarios públicos de Atacama, puesto que la Mesa del Sector Público, entregó una propuesta a parlamentarios de la zona para declarar a la Tercera Región como zona estratégica, lo que le permitiría entregar a los trabajadores un bono trimestral que amaine el alto costo de la vida.

Dicha moción fue firmada por los senadores: Isabel Allende y Baldo Prokurica, y por los diputados Lautaro Carmona, Alberto Robles y Carlos Vilches, todo ante la mirada de todos los asistentes, entre ellos la presidenta nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa.

Esta iniciativa fue impulsada por los funcionarios del Gobierno Regional de Atacama, con apoyo de la CUT regional, siendo en su momento dada a conocer a las máximas autoridades locales.

Bárbara Figueroa, junto con anunciar un paro nacional para el 11 de julio, indicó que esta acción “nos entrega una mirada muy positiva de lo que debiera ocurrir, esperamos que esta sea una señal potente para el Ejecutivo, para que asuma este proyecto”.

Carlos Vilches, a su vez, señaló que “éste es un documento positivo, que está buscando una solución para remediar una compensación que necesitan los trabajadores públicos en Atacama”.

Por su parte, Lautaro Carmona, explicó que con esta gestión, los trabajadores y trabajadoras “nos dan una gran lección de mirada país, están ejerciendo los derechos y diciendo que Santiago no es Chile, que tienen demandas legítimas justas y particulares, y que debemos proteger el poder adquisitivo de quienes vivimos en Atacama”.

Finalmente, Isabel Allende sostuvo que Atacama necesita de este reconocimiento, “pues no tan solo los funcionarios públicos sufren los altos costos de la vida en nuestra región, sino todos aquellos que se desarrollan en ella. Por eso, hacemos un llamado al Ejecutivo, para que acoja esta petición, envíe el proyecto de ley respectivo, y le permita a Atacama gozar de un estatuto especial, dada la importancia de nuestra región en el contexto económico nacional”.

Vale mencionar que este proyecto de ser aprobado, beneficiará a todos los funcionarios públicos de Atacama, léase: de planta, a contrata y a honorarios.

Tras dicho protocolo, también se firmó la ratificación de un compromiso por el apoyo al sector Salud de la Tercera Región, el cual fue rubricado por los parlamentarios presentes y dirigentes de Asociaciones Gremiales de Atacama, entre ellos del Capítulo Médico del Hospital Regional, perteneciente al Colegio Médico Regional Copiapó.