Frente a la catástrofe del sistema fiscal nacional derivada del ataque del coronavirus (covid19) debería autorizarse a que el Banco Central pueda prestarle al Gobierno, tal como existe la autorización constitucional y legal de hacer este tipo de préstamo en caso de guerra o peligro de guerra.
La crisis que se nos avecina sólo podrá ser superada si el fisco chileno dispone de recursos en moneda nacional para favorecer el financiamiento de supervivencia de las familias chilenas y poder además financiar a las empresas para que puedan seguir existiendo. Por otra parte seguramente va a ser necesario crear grandes programas de empleo directo, como también llevar adelante importantes inversiones estimuladoras de la generación de empleo. Debe recordarse la positiva medida del Gobierno Militar frente a la crisis económica y social de comienzos de los años 80, del siglo pasado, de crear los llamados PEM (Programa de Empleo Mínimo) y POJ (Programa de Ocupación para Jefes de Hogar).
Ha salido la noticia de que podría pensarse que el Banco Central compre emisiones de bonos del Estado para así disponer de recursos financieros. Las opiniones de economistas importantes que han tenido relación con el Banco Central están divididas entre los que plantean que eso sería ilegal e incluso inconstitucional y los que opinan que eso podría hacerse.
El poder hacerlo iría en mi opinión contra la letra y el espíritu contemplados en nuestra constitución. A mi juicio, hacerlo sería entre una inconstitucionalidad y a una falta de ética de una política de un país serio.
Pienso que modificar la constitución y establecer las leyes que lo permitan, no sería difícil de contar con el apoyo parlamentario requerido.
Sin duda que lo que se nos avecina, puede requerir muchos más recursos estatales que una guerra o un simple temor de guerra.
La modificación constitucional podría presentar en mi opinión dos alternativas. Una para autorizarla para esta situación específica y la otra en que se permita esos préstamos del Banco Central al Gobierno, frente a una catástrofe nacional calificada como tal por el Poder Ejecutivo y, por ejemplo, a lo menos el 60% de los senadores en ejercicio.
Esta segunda alternativa facilitaría enfrentar más adelante por ejemplo un gran terremoto, como el del 2010, cuya reconstrucción debió distraer recursos financieros que estaban destinados a financiar inversiones de regiones no afectadas por ese gran sismo.
