La materia da para un largo análisis. Pero hay temas que desde ya no pueden omitirse.
La municipalización de la educación pública que en el pasado fuera un orgullo nacional ha sido nefasta y entre sus grandes defectos ha estado la forma como se determinan los dineros que se les entregan a las municipalidades a base de alumnos matriculados y de asistencia de ellos. Eso ha significado que las comunas más pobres han sido las más perjudicadas. Un importante número de escuelas se habrían cerrado.
No hace mucho leía información entregada por el ex Presidente Lagos, quien hacía mención de un interesante plan piloto de su gobierno de positivos resultados basado en dar recursos especiales, humanos y financieros, a escuelas de las comunas más pobres.
El sistema que ha perdurado durante todos los gobiernos democráticos siguientes a la dictadura militar, han mantenido ese nefasto proceso. Nada se ha hecho por corregirlo.
No hace mucho el Presidente del Colegio de Profesores planteaba marginalmente este tema, sin darle mayor peso.
El trato a los profesores por el sistema municipal también ha sido perverso. Basta recordar la famosa llamada deuda histórica con el profesorado, tan desigualmente pagada y que muchos profesores poco o nada recibieron en pago de ella.
En las comunas con más recursos, este sistema ha terminado dándole más poder político a sus alcaldes, los que contribuyen a obstaculizar la desmunicipalización.
El profesorado del sector publico ve limitada su carrera al ámbito comunal y no al nacional como era en el sistema antiguo. Los viejos sistemas de perfeccionamiento prácticamente desaparecieron. Los sueldos del profesorado fueron seriamente castigados.
Cada unidad educacional, escuela o liceo, debiera tener un presupuesto propio basado en costos e inversiones para cumplir su función; proporcionalmente mayores debieran ser los aportes a los establecimientos de zonas más pobres.
Por otra parte, cuántas cosas pueden decirse de la educación universitaria. Nada se recuperó de las destrucciones que tuvieron durante el gobierno militar, las dos grandes estructuras públicas, de cobertura nacional, en primer lugar la Universidad de Chile y en segundo plano la desaparecida Universidad Técnica del Estado.
No podemos olvidar que eran gratuitas y que aceptaban alumnos por selección a base de vacantes que se basaban en las necesarias para el desarrollo del país.
Se les privó de recursos financieros provenientes de leyes especiales, que la nueva espuria constitución de 1989 las eliminó. Solo se deja para financiarlas las leyes anuales de Presupuesto. Las nobles casas de estudio debieron recurrir a aranceles crecientes para financiarse y reorientar sus investigaciones en muchos casos a actividades de interés para capitales privados que contribuían a su financiamiento. Para qué decir de la valiosa función académica de la extensión universitaria. Prácticamente ella desapareció.
Se creó aceleradamente antes de terminar el gobierno militar todo un nuevo sistema universitario privado, aparentemente sin fines de lucros, pero que varios de sus integrantes del sistema al parecer lo lograron. Algunas de estas universidades han pasado las dos decenas de miles de alumnos y han llegado a constituir grandes patrimonios. Incluso hay establecimientos que se han vendido al capital extranjero.
Se ha llegado así a formarse un número irracional de profesionales en varias carreras, especialmente en las de costos más bajos, con altos aranceles. Se han establecido sistemas de créditos algunos a altos intereses que han generado elevadas deudas e importantes beneficios al sector financiero. El Estado se ha visto obligado a asumir parte de esas deudas.
Con el alto costo de la educación universitaria se ha ido cambiando la mentalidad de los profesionales, perdiéndose racionalmente posiciones de solidaridad que era muy frecuentes entre quienes pudimos obtener gratuitamente nuestros títulos profesionales.
Ha sido impresionante como se han construidos edificios universitarios privados, especialmente en los llamados “barrios altos”.
Hemos llegado a anormales relaciones entre profesionales y técnicos, con excesos manifiestos de los primeros. Sin duda que es más rentable entregar títulos profesionales.
Corregir mucho de esto no es fácil. Hay muchos intereses creados a favor de mantener lo existente, como también se observa en dilatar el que Chile llegue a tener una autentica constitución democrática, que seguramente ayudaría a correcciones.
Comparto la crítica en torno a que debe principalmente reforzarse la educación pública, para que ella paulatinamente vaya recuperando su prestigio y capacidad educadora.
Muy importante a mi juicio sería lograr integrar nacionalmente las universidades regionales del Estado en un gran sistema que podría tener de alguna manera una relación muy estrecha con la Universidad de Chile, de manera que sus alumnos por ejemplo pudiesen hacer los primeros años en las regiones y terminar en la Casa de Bello, como también pudiesen en forma fácil o automáticamente obtener el título de la Universidad de Chile. Muy importante podría ser también trabajos integrados en investigación y en formación de posgrados y postítulos.
