Medicina natural, actualidad y economía

Extraño planteamiento del editorial de El Mercurio, que el Estado deje de cumplir su obligación de aplicar y cobrar multas. Los ingresos por multas son un patrimonio de todos los chilenos, no pueden éstos por condonación ir en beneficio de unos pocos, creando nefastos precedentes.

Sería interesante que se pronunciase el Consejo de Defensa del Estado sobre una proposición de condonar multas para que otros se vean beneficiados. No será además grave el  no aplicar una justa sanción al crear así el precedente de que se usen las condonaciones de multas para evitar quiebras. Hay otras fórmulas de proteger un patrimonio del Estado que no provoquen la quiebra y que incluso contribuyan a que la empresa tenga menos probabilidad de que aquélla se produzca.

Pienso que una fórmula puede ser que el Estado haga valer su obligación de captar un patrimonio que en justicia le merece, pero buscar fórmulas que ello no conduzca a una más rápida quiebra, la que posiblemente de todas maneras se va a generar. ¿No habrá una posibilidad que ese monto adeudado por la justa y ejemplar multa pase a ser un aporte de capital del Estado a la empresa y llegue así él a ser un accionista más?. Con ello no le crea una aflicción financiera a la empresa y puede como accionista contribuir a soluciones positivas y constructivas, a generar más confianza en los caminos de solución.

En el pasado el Estado, especialmente a través de CORFO, transformó deudas en aportes de capital, incluso pasando a constituir parte del directorio, hasta con poderes especiales de veto para determinadas materias y esas empresas pudieron salir así adelante.

Me parece delicado que El Mercurio, nada menos que en su editorial exprese:”Sin embargo, ese esfuerzo requiere no sólo de la flexibilidad de los acreedores -que la han tenido, al otorgar plazos y descuentos compatibles con la delicada situación de la compañía-, sino también de realismo en la aplicación de multas o posibilidades de repactar las deudas de sus clientes afectados en condiciones mutuamente aceptables, que son determinadas por la justicia”.

 Puede estar bien que acreedores y clientes se sacrifiquen en parte para no perder más o todo, pero el Estado no está en la misma situación. Sería grave crear precedentes nefastos.

Más adelante presento in extenso el nada menos que primer editorial de El Mercurio de hoy, 24 de enero de 2012 y hago otros comentarios

 

Éste es el texto del editorial en referencia:

Martes 24 de Enero de 2012

Caso La Polar: ¿pragmatismo o procedimentalismo?

El problema de La Polar proviene de dos fuentes principales: por una parte, la errónea y excesiva sobrevalorización de las cuentas por cobrar a los titulares de tarjetas de crédito de la empresa, estimada en alrededor de US$ 1.000 millones, que ha hecho desplomar el valor de sus acciones -incluidos los fondos en los que las AFP administran los ahorros de los trabajadores chilenos- y devaluar los bonos emitidos al mercado, y, por otra, pero relacionada con la anterior, la renegociación de las deudas de los tarjetahabientes morosos, que incluían cobros de comisiones y extensiones de plazos hechos de manera unilateral, lo que constituye una falta grave a la relación entre las partes, las más de las veces en perjuicio del cliente.

Los accionistas de la empresa han visto caer el valor de sus acciones a una fracción del que tenían antes que estallara el escándalo, y lo mismo ha ocurrido con los tenedores de bonos, que recuperarían sólo una parte de sus inversiones, y en plazos muy distintos a los originalmente pactados. Asimismo, los principales administradores de la empresa han sido formalizados, y algunos de ellos se encuentran recluidos en recintos carcelarios a la espera del juicio respectivo. Una porción de los costos del caso ya ha sido absorbida por todos ellos.

En la actualidad la empresa está dirigida por un directorio y una administración distintas, que intentan afanosamente evitar una quiebra, pues ella no sólo terminaría con la posibilidad de que los trabajadores chilenos recuperen el valor de los ahorros que mantienen en los fondos de las AFP, y de que los proveedores y tenedores reciban la devolución de una parte de sus acreencias, sino que en caso de quiebra los trabajadores de la compañía perderían su fuente de trabajo, y los consumidores verían desaparecer una alternativa donde satisfacer su demanda por bienes. Sin embargo, ese esfuerzo requiere no sólo de la flexibilidad de los acreedores -que la han tenido, al otorgar plazos y descuentos compatibles con la delicada situación de la compañía-, sino también de realismo en la aplicación de multas o posibilidades de repactar las deudas de sus clientes afectados en condiciones mutuamente aceptables, que son determinadas por la justicia. En ese sentido, el pragmatismo para lograr que la empresa continúe sus operaciones, lo que permite algún tipo de mitigación para la multitud de afectados, debe superar los rigores de los procedimientos judiciales o de las reparticiones públicas como el Sernac. Si se cobran todas las multas por renegociación unilateral, que es lo que el Sernac solicita, la empresa quiebra, y lo mismo sucede si se le impide renegociar con los clientes perjudicados. La Corte de Apelaciones ha mostrado disposición a aclarar los alcances de su reciente fallo, y ello abre opciones para que finalmente se eviten los nefastos efectos de una quiebra.

Lo sucedido con La Polar puede considerarse como una vergüenza nacional. Hasta dónde en lo sucedido existen actitudes vergonzosas en beneficio de unos pocos, hasta dónde se dieron incapacidades profesionales en un mundo donde cada vez aparecen más formaciones de postítulos y posgrados, magísteres y doctorados; quizás cuántos de ellos nacen más con la finalidad de ser fuentes de lucro y de prestigio que de la ética de dar formaciones útiles a la sociedad, asociadas a valores morales.

Uno puede preguntarse cómo firmas de auditores que usan nombres de prestigio mundial no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta de las realidades existentes. Cuántos directores con elevadas dietas no percibieron o no quisieron percibir lo que realmente estaba sucediendo. Cómo tampoco lo hizo la Superintendencia responsable o el Banco Central.

Hasta donde la prensa no captó los problemas que se avecinaban o no quiso manifestar inquietudes que llegaron a captar por la importancia de los gastos del retail en publicidad. No ha pasado lo mismo con las Universidades con ocultos fines de lucros que financian páginas y páginas enteras atrayendo a clientes alumnos y que obligan a otras a caer en lo mismo para poder sobrevivir, incluso tienen que hacerlo las universidades estatales.

Qué poco se dice de la sobre oferta de profesionales que están llegando al mercado recargados de deudas, endeudamiento que en grado importante se han transformados en importantes ingresos para la banca nacional. Excedentes de profesionales frente a déficit de técnicos capacitados

Es grave que a toda esa vergüenza nacional se sume ahora la condonación de multas, alentada por El Mercurio, que crearía un nefasto precedente.

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