Medicina natural, actualidad y economía

La importancia de la designación de Ministro de la Corte Suprema. El caso Pfeiffer

La Corte Suprema sin dudas constituye una de las más importantes instituciones del país. Debe cumplir en democracia una muy importante función. Muchas críticas se le han hecho al Poder Judicial y no pocas a su corte superior, especialmente a su desempeño durante el Gobierno Militar. El rechazo a la designación del Juez Alfredo Pfeiffer como ministro de la Corte Suprema, ha originado un complejo resultado político y, al parecer, deja imágenes de posibles errores conceptuales y de procedimiento, que han conducido entre otros resultados a criticar el sistema de designación de ministros de la Suprema. En torno a todo esto se capta una especie de suma de errores políticos.

No es fácil establecer sistemas de designación de la justicia que redunden en eficiencia, imparcialidad y que proyecten a la sociedad respeto y confianza mayoritarios. Lo recientemente sucedido permite criticar el sistema actual, el que sin duda es mejor que los existentes en el pasado.

La justicia chilena ha sido criticada desde hace bastantes años. Se le ha considerado clasista; durante el Gobierno de la Unidad Popular fue poco respetada; en momentos se llegó a considerar por muchos que en esos tiempos se puso en jaque al Estado de Derecho.

El Golpe Militar pareció ser recibido con simpatía por la Corte Suprema. Ese nuevo gobierno de facto, que muchos consideramos necesario en esos críticos momento de la realidad nacional, derogó de hecho la Constitución chilena; cerró el Parlamento, – ambas cámaras, las de Senadores y Diputados – y fusionó dos poderes e incluso un tercer poder en el Presidente de la República, Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y en la Junta de Gobierno, integrada por las máximas cabezas de la Armada, la Aviación y de Carabineros y además la segunda autoridad del Ejercito. El Poder Ejecutivo quedó en manos durante todo el período del gobierno militar en el General Augusto Pinochet. De los integrantes de la Junta, sólo el Almirante Merino estuvo todo el lapso de gobierno. La Junta de Gobierno pasó a constituir el Poder Legislativo y en los primeros años, el Poder Constitucional; la Constitución existente al momento del Golpe Militar, quedó vigente con todas las limitaciones establecidas por la Junta de Gobierno desde un comienzo; además toda nueva ley que estuviese disposiciones contrarias a la Constitución, se consideraba que automáticamente la modificaba para que apareciera así respetándola. Más adelante se gestó la nueva constitución que se llevó a un cuestionado plebiscito, constitución que en gran parte se mantiene vigente hasta ahora. Muchos pensamos que en la nueva democracia se debió llegar a una Asamblea Constituyente y gestar así una nueva constitución, sólidamente elaborada, representativa de las mayorías de la ciudadanía nacional.

 El Poder Judicial, conservado por la Junta de Gobierno, se pudo apreciar que estaba satisfecho por el aparente respeto que se le tenía, que contrastaba con los atropellos e insultos que había recibido durante el Gobierno del Presidente Allende. Además ese gobierno de izquierda, para muchos, pasó por encima del espíritu de la ley, basado en la habilidad para utilizar los llamados “resquicios legales”.

 El Gobierno Militar logró destituir a los magistrados proclives a la Unidad Popular; Alejandra Matus en su libro señala que el Juez “Dunlop, quien presidía la Asociación de Magistrados, se acoplaría enseguida al grupo se jueces que se manifestaron abiertamente partidarios del régimen militar. Tal vez por eso se le permitió continuar en su cargo de presidente de la Asociación y sería uno de los colaboradores de Urrutia en la confección de listas de magistrados considerados proclives a la Unidad Popular, que fueron destituidos del servicio”. El juez Enrique Urrutia era el presidente de la Corte Suprema.

Lo que sucedió en la Justicia fue similar a lo que experimentaron las Universidades del Estado, las que después del Golpe Militar destituyeron a muchos académicos de posiciones de izquierda. Fueron medidas que contribuyeron a romper relativos equilibrios en estas dos importantes institucionalidades, la de la Justicia y la de la Universidad.

El Poder Judicial chileno se desprestigió profundamente durante el Gobierno Militar, tanto en el interior del país como en el exterior. Los derechos humanos fundamentales no fueron respetados por él, frente a la tolerancia o pasividad de la gran mayoría de los miembros del Poder Judicial. Miles de recursos de amparo no fueron acogidos, ni incluso el presentado a favor de los prestigiados abogados Jaime Castillo Velasco y Eugenio Velasco Letelier; sólo unos pocos recursos lo fueron. Los pocos jueces que trataron de defender esos derechos, fueron marginados. Especial mención merecen algunos de ellos como el Juez José Canovas, ministro de la Corte de Apelaciones, propuesto en quinas para la Corte Suprema, pero lógicamente no elegido.

Existe la convicción de que la acogida a recursos de amparos podría haber evitado muchos asesinatos, como también torturas, y podría haber forzado al Gobierno Militar a morigerar su actuar.

Es interesante lo que escribió el que llegara a ser Ministro de la Corte de Apelaciones José Cánovas en su Libro “Memorias de un Juez”, que fuera publicado en 1989, de su período de vida de 1942-1987, sobre los nombramientos de los Ministros de la Suprema. El Ministro Cánovas quien como ya se señalara figuró varias veces en la quina para ministro de la Suprema, pero nunca fue designado. En el Capítulo 20 titulado “Nombramientos de Supremos” escribe textualmente:

El sistema de nombramiento de los Ministros de la Suprema presenta graves inconvenientes. Desde luego, la denominada independencia judicial no existe, especialmente si se toma en cuenta que la designación de Supremo se hace por el Ejecutivo con un criterio eminentemente político, prescindiéndose de los méritos de los candidatos que integran la respectiva quina. Esto ha sucedido en todas las épocas. Lo más grave es que durante la existencia de los partidos políticos, las dos corrientes más poderosas se iban repartiendo alternativamente los cargos de ministros de la Suprema (si era nombrado uno de tendencia de izquierda, en el próximo nombramiento le correspondía a otro de tendencia de derecha, pero no siempre se respetaba estrictamente este orden).

En el seno de la Corte Suprema se respetaban por lo general los méritos para la inclusión en la quina. Pero existen enormes prejuicios, que la llevan muchas veces a excluir a funcionarios valiosos, ya sea porque les supone de una tendencia política o de otras instituciones, como la logia masónica. En esas circunstancias, suelen entrar las quinas funcionarios de carreras mediocres, pero que tienen la suerte de contar con “padrinos” influyentes tanto del sector económico como político (en el que se incluye obviamente al militar). Este mal ha recrudecido últimamente con motivo del ingreso de Ministros que ostensiblemente han entrado con criterio político.

Ausentes los partidos políticos, las designaciones se hacen con un criterio especial, desconocido anteriormente. Desde luego, tiene importancia vital la relación o parentesco con algún militar de alta graduación. El Servicio de Inteligencia tiene catalogados a todos los magistrados según sus posibles ideologías, y no obstante que se repita en las quinas el nombre de un prestigiado funcionario, no saldrá nunca nombrado si no está conceptuado como simpatizante del gobierno o francamente partidario. Predomina el criterio político.

En la decisión definitiva juega un papel importante el acuerdo entre el Ministerio de Justicia y el Presidente de la Corte Suprema.

Todos los factores que se toman para los nombramientos conducen desgraciadamente a la formación de un cuerpo cada vez más debilitado. Esta nueva gestación es incompatible con la independencia del Poder Judicial, el que de esta manera deja de tener autonomía.

Un libro que muy bien relata lo que sucedió con nuestra justicia es el titulado “El Libro Negro de la Justicia Chilena” escrito por la periodista Alejandra Matus, que debió enfrentar muchos problemas a pesar de que su primera edición se hizo en abril de 1999, a casi 10 años del inicio de la nueva democracia. Muchos en Chile conseguimos ese libro en copias clandestinas. Su contenido es realmente impresionante.

Durante todo el Régimen Militar habrían sido designados pocos nuevos miembros de la Corte Suprema, los que serían políticamente adeptos al Régimen. Debe recordarse que los nombramientos eran prácticamente vitalicios; sólo la nueva democracia pos Gobierno Militar, logró limitar la edad de los supremos a 75 años, en un proceso paulatino estimulado por alicientes económicos.

El sistema actual de designación de nuevos miembros tiene el valor de concurrir a él los tres poderes del Estado. El Judicial a través de las quinas que presenta la Corte Suprema, el Ejecutivo a través de la proposición por el Presidente de la República de uno de ellos al Senado y el pronunciamiento del Senado que requiere los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en la actualidad 25 pronunciamientos a favor. La abstención equivale al rechazo, ya que no suma a formar el alto quórum requerido.

Al parecer el sistema existente podría perfeccionarse; se critica que el Ejecutivo en la actualidad puede dilatar indefinidamente las proposiciones. Se plantea como solución dar un plazo para enviar cada proposición al Senado. Además se ha planteado que debiera haber un análisis más público de los postulantes, “mecanismos claros de recopilación de información acerca de la trayectoria del candidato, y su publicación con la debida anticipación. También debiera contemplarse las posibilidades de impugnaciones por parte de cualquier ciudadano y la generación de audiencia públicas en las que se discuta sobre la base de antecedentes conocidos, y así cada senador pueda basar su decisión”(Cristián Riesgo R. Director Ejecutivo Centro de Estudios de Justicia de las Américas. La Segunda 11 de agosto de 2008).

Debido a que el Senado ha tendido a actuar políticamente y no en conciencia, se ha tenido que llegar al sistema de acuerdos políticos entre las mayorías relativas, a base de considerar nombramientos alternativos entre jueces que den confianza política a cada una de las mayorías. El sistema generó una crisis con el rechazo a la proposición del Ejecutivo del nombre del Juez Alfredo Pfiffer, que sólo logro 23 votos favorables, en circunstancias que el anterior nombrado, el Juez Haroldo Brito fue con el apoyo unánime de los senadores presentes.

La proposición del Juez Pfiffer a muchos nos originó sorpresa, por su identidad con ciertas posiciones sobre derechos humanos y sobre compromisos jurídicos internacionales. Extrañó que fuera la Presidenta de la República que lo haya propuesto y que hubiese tenido todo el apoyo de la derecha chilena; se suma a esa extrañeza que se haya generado la proposición después de ser detenido el ex fiscal militar de Temuco Alfonso Podlech Michaud en el aeropuerto de Barajas, España, por una orden de arresto internacional, cursada por la justicia italiana, acusado por la desaparición del ex sacerdote italiano chileno Omar Venturelli.

Este caso y la detención del general Pinochet en Londres, son golpes fuertes al prestigio de la Justicia Chilena en el ámbito internacional. Se proyecta una imagen de que la justicia chilena es débil para hacer justicia en los temas de derechos humanos.

La derecha chilena, que mayoritariamente respaldó al Gobierno Militar en sus políticas y entre éstas a las relacionadas con los derechos humanos, aparece nuevamente con esas características; ni uno solo de sus senadores se opuso o abstuvo a esta designación. Da la sensación que el país no cambia. Cabría preguntarse si esto no es un error de nuestra derecha política.

Cuesta comprender cómo la mayoría de la Concertación se pudo haber comprometido a respaldar la designación de Pfeiffer y haya sido incluso la Presidenta de la República que haya concurrido a ese compromiso, el que ella cumplió.

Varias interrogantes surgen de lo sucedido.

¿Puede éticamente existir acuerdos políticos cuando la votación de cada senador debiera ser en conciencia?

¿Hasta dónde el acuerdo político comprometió a todos los partidos políticos?. Al parecer en este acuerdo no participó la Democracia Cristiana, pero sí el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Radical Social Demócrata. Sólo el PPD habría cumplido plenamente el compromiso asumido.

¿Cómo puede prestarse el sistema político a tomar compromisos antes que el juez candidato haya asistido a la sesión de la Comisión de Constitución del Senado en que expone sus concepciones y atiende consultas?. Si el acuerdo ya está, ¿se justifica ese proceso?.

¿Se justifica llegar a acuerdos previos para procesos de esta naturaleza, y que éstos sean promovidos por un ministro de Estado, incluso avalados por la Presidencia de la República?.

¿Qué algunos senadores hayan en el pasado votado en contra sólo por no haber sido previamente consultados?.

¿Pueden los presidentes de partidos políticos y los jefes de bancadas tomar compromisos a nombre de todos los integrantes de sus representaciones?. Significa que para votos en conciencia se acepte el acuerdo de partidos y por lo tanto, la eventual orden de partido.

¿Fue fundamental la posición del senador Frei Ruiz Tagle que gatilla todo este rechazo?. Al parecer así fue, especialmente habría influido al menos en el senador Presidente del Partido Socialista, quien estaba comprometido con su voto positivo.

Es conveniente presentar planteamientos captados del Senador Eduardo Frei Ruiz Tagle. Su posición de rechazo la basa en que por un tema de principios no podía dar el vamos a la propuesta del magistrado; habría comentado a los diputados que en los últimos días se había documentado in extenso sobre las opiniones y el actuar de Pfeiffer en casos de derechos humanos, por lo que, más allá de que se tratara de una sugerencia de la Presidenta de la República, él no podía sumarse. También mencionó entre otras razones la manera en que el ministro ha asumido la Ley de Amnistía. Igualmente ha señalado que nadie conversó con él para apoyar a Pfeiffer.

En la prensa (El Mercurio del 1 de agosto), se señala que él negó que hubiera sido parte de acuerdo alguno con la Alianza. Esto en relación a que la nominación y posterior aprobación del hoy ministro del máximo tribunal Haroldo Brito, habría estado “amarrada” a la de Pfiffer. “No firmo nada con nadie, y voto en plena conciencia, porque no me guío por razones políticas, ni antipatías, sino que estrictamente apegado a lo que pienso”. Señala en la prensa que notificó de su rechazo la misma mañana del miércoles al ministro de Justicia.

Interesante fue la presentación que hizo el Ministro Pfeiffer en la Comisión del Senado. Defiende la tesis de la vigencia de la Ley de Amnistía, e incluso basa su juicio en el respaldo que a ella le dio el Presidente Aylwin, al señalar que sólo podía aceptarse una amnistía una vez que se conocieran los delitos y los culpables. Debe recordarse que existió en parte del Poder Judicial la posición para rechazar los juicios sobre derechos humanos, basado sólo en la naturaleza del delito y dentro del período en que se había cometido, sin profundizar en los afectados ni en identificar a los culpables y desde luego especificar en forma acabada los delitos.

También se ha hecho ver que delincuentes opositores al Gobierno Militar experimentaron los beneficios de la Ley de Amnistía.

Debiera considerarse que un posible efecto positivo de la Ley de Amnistía fue que evitó que se cometieran nuevos delitos, en períodos posteriores a la fecha límite que ésta establecía.

Llama la atención la votación sobre Pfeiffer por partidos políticos. La Alianza completa vota por él con un solo ausente. Los independientes también votan a su favor, con un ausente. Ningún socialista, partido de la Presidenta de la República, vota a favor, dos se abstienen y seis en contra; aquí es donde se genera el cambio más importante. Ominami que primero vota a favor, después cambia su voto a en contra. Escalona, el Presidente del Partido que se sentía comprometido con el acuerdo con la Alianza, se abstuvo. La abstención tiene valor práctico equivalente al voto en contra. Llama la atención el voto en contra de uno de los tres senadores del Partido Radical, a pesar de que el ministro de Justicia pertenece a ese partido y ha sido muy crítico al incumplimientos de compromisos que habrían existido.

No queda claro por los antecedentes que hubiera un pacto político. Lo que ayuda a comprender la situación es lo que declara el ministro de Justicia en El Mercurio del 1 de agosto “la mayoría de los senadores de la Concertación se había comprometido directamente conmigo, e incluso algunos de ellos directamente con senadores de la Alianza, su voto a favor del ministro Pfeiffer“. Debe tenerse presente que estuvo ausente un senador de la Alianza, posiblemente por razones muy justificadas y dos socialistas, Escalona y Ominami reconocen haber cambiado su posición; también aparece de los antecedentes con compromiso el senador Letelier, quien no da definitivamente su voto a favor. Con esos tres votos, no hubiera existido todo esta compleja situación.

Un acuerdo político fue negado por varios senadores oficialistas, quienes aseveraron que nunca lo hubo.

Cabe destacar algunos titulares de la prensa derivados de este rechazo.

“Se rompen designaciones de equilibrio en Corte Suprema” El Mercurio 31 de julio.

“Alianza: rechazo a Pfeiffer ´erosiona gravemente´futuros acuerdos políticos”. La Segunda 31 de julio.

“C. Suprema: retroceso en nombramientos” Editorial de El Mercurio 31 de julio

“Los acuerdos políticos se deban cumplir”(Senador José Antonio Gómez). El Mercurio 1 de agosto.

“Bachetet y el rechazo a Pfeiffer: ´Yo no me doy gustitos…cumplo la palabra empeñada´”La Segunda, 1 de agosto.

“Ministro Maldonado acusa que no se cumplió un compromiso”. El Mercurio, 1 de agosto.

“Suprema preocupada por la ´politización´ para designar a sus integrantes”. El Mercurio 2 de agosto

El Senador Naranjo ha sido uno de los que ha liderado los juicios en contra de Pfeiffer. En carta al diario La Tercera del 3 de agosto señala en parte de ella “Lo decisivo para quienes votamos ´no´, es que el ministro Pfeiffer no acepta los tratados internacionales en materia de DDHH; siempre ha aplicado la Ley de Amnistía, ante lo cual la sala penal de la Corte Suprema le ha llamado la atención y ha revocado sus resoluciones. Si esto no hubiera ocurrido, Contreras, Espinosa, Iturriaga Neumann y Krasnoff gozarían de libertad”.

Mucha publicaciones y cartas destacan las grandes cualidades de Ministro Pfeiffer, proveniente de diferentes sectores. Respecto a lo que escribí “El conocido ex magistrado Sergio Dunlop Elzo señala en carta a El Mercurio” (reconozco el error que cometí y que agradezco me lo haya advertido una nieta del magistrado, el que escribió la carta ese 1 de agosto es un hijo del magistrado  con su mismo nombre y su primer apellido) del  1 de agosto juicios como éstos: “creo que don Alfredo Pfeiffer reunía sobradamente todas las condiciones requeridas, y es una lástima que se le haya negado esa posibilidad de modo tan injusto”. “Pero creo asimismo que, más allá del aspecto político, Chile está perdiendo la oportunidad de tener en su máximo tribunal a un hombre que no es sólo entendido en cuestiones legales, sino que es justo y prudente en sus decisiones, virtudes escasas y que se buscan afanosamente en aquellos llamados a impartir justicia”.

Alguna polémica ha originado lo planteado por el abogado Carlos Peña, columnista de El Mercurio, el 3 de agosto que en su título y otras leyendas señala. “Pacto entre caballeros”. “Recién se supo de un pacto para repartirse los nombramientos en la Suprema. Hoy por ti, mañana por mí. Esos pactos violan las reglas. Por eso, la Presidenta y la oposición se equivocan al reclamar su cumplimiento. ¿A dónde llegaríamos si hacemos del cumplimiento de los pactos – cualquiera ellos sean – la medida del buen comportamiento?.

¿Cómo va a ser legítimo u obligatorio cumplir un acuerdo que elude las reglas entregadas por los ciudadanos?. ¿Desde cuándo basta acordar algo para que ese algo sea legítimo?.

Comparto juicios críticos a los planteamientos de Carlos Peña. Los compromisos deben respetarse; no se deben asumir compromisos que violan principios; pero si se asumen, deben cumplirse.

El prestigiado periodista Ascanio Cavallo en La Tercera del 3 de agosto presenta un interesante artículo cuyo título es El cambalache de los supremos. En sus leyendas se expresa: “La pregunta es si estos negocios oscuros – tú me das un juez, yo te doy otro – no estaría infiriendo un daño a la institucionalidad judicial y a su independencia; la pregunta es si es bueno que el ministro Brito sepa que le debe su cargo al PS y que Pfeiffer sepa que lo perdió por un grupo de senadores con nombre y apellido”. “Cualquiera habría predicho que Frei no lo apoyaría. Él era Presidente cuando Pfeiffer inculpó a funcionarios del Interior por la no captura del comando que asesinó a Guzmán”.

De La Tercera de ese mismo día se da información de que “Abogados y organizaciones de DD HH, lo acusan de abogar por la impunidad a causa de fallos como el del asesinado Jécar Neghm, vocero del MIR, donde sobreseyó sin procesados ( y una investigación posterior reveló que la CNI estaba involucrada) o la fallida causa contra Rodolfo Stange en el caso degollados. También se cuestionan sus votaciones en los casos Caravana de la Muerte, Operación Cóndor y Calle Conferencia y que cada vez que votó en juicios a Pinochet, su postura favorable a éste”.

Sus dichos también han generado polémica: se declaró partidario de la pena de muerte, indicó que su modelo de juez fue Israel Bórquez – ex presidente de la Corte Suprema que declaró que los desaparecidos lo tenían ´curco´- y en la comisión de Justicia se refirió a la homosexualidad como una ´enfermedad´”.

Un interesante artículo es el Editorial de La Segunda del 6 de agosto titulado “Supremos”: Momento de corregir. En él se defiende el sistema de su designación con la participación de los tres poderes: Judicial, Ejecutivo y Legislativo, siguiendo el orden del proceso, a pesar de que “la propia lógica del mecanismo lleva a la necesidad de que los nombres que se propongan al Senado susciten acuerdos transversales, los cuales, a su vez , en contadas ocasiones pueden lograrse por una vía distinta de la negociación política”. Lo importante es no llegar al cuoteo político. Se señala textualmente: “El camino para conjurar ese peligro, sin embargo, no pasa por un utópico rechazo de las negociaciones y acuerdos políticos, sino por introducir mayores niveles de transparencia al sistema, que garanticen a la ciudadanía la designación de jueces idóneos y de alto mérito”. Se dan en este interesante editorial varias positivas sugerencias.

Es interesante mencionar contenidos de la carta del ex Senador Demócrata Cristiano José Musalem Safie, publicada en El Mercurio ayer, 12 de agosto. Musalem fue designado notario de Santiago en 1983, durante el Gobierno Militar.

Confirma lo que señalan varias fuentes que “El ministro Alfredo Pfiffer ha tenido una carrera intachable por 38 años en el Poder Judicial. Honesto, correcto a carta cabal, siempre ajustado a la ley, transparente, consecuente, honorable y sapiente, reconocido por estas características por todos los que no albergan prejuicios ni posiciones ideológicas. Si a la izquierda no le parece bien que él haya cumplido con lo que la ley vigente prescribe, es harina de otro costal. Jamás pudo ser una tacha para el ministro”. En su párrafo tercero y final” señala: “Es indispensable que se repare esta injusticia y el daño hecho a un hombre de bien y a su familia, evitando así también el desprestigio de los partidos políticos y los parlamentarios por el incumplimiento de compromisos y de la palabra empeñada, proponiendo nuevamente su designación”.

Sin duda el tema es de bastante complejidad.

Lo concreto es que afortunadamente puede decirse que la justicia chilena ha ido paulatinamente mejorando y entre estos caminos está la forma de designación de los miembros de la Corte Suprema, cuerpo jurídico que está teniendo una importante renovación. Lo sucedido con el rechazo del calificado juez Alfredo Pfeiffer, deja muchas lecciones que pueden contribuir a mejores procesos futuros y ha servido para dar base a mejorar aún más la forma de seleccionar a los supremos.

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2 respuestas

  1. Estimados, soy nieta de don Sergio Dunlop RUDOLFFI queria hacer notar que en este articulo, aparte de haber informacion erronea hay una falta. Se habla de que mi abuelo escribio una carta al mercurio, me gustaria que vieran bien eso ya que sale sergio dunlop elzo y el es hijo de su segundo ” matrimonio” y su actuar y pensar se alejan mucho del hombre que fue mi abuelo. Desconosco si esa carta la escribio mi abuelo pero de ser asi, sigue existiendo un error en el nombre y me parece importante se haga el cambio de nombre es por eso que me di el tiempo de escribir este mensaje.
    Gracias

  2. 31 de mayo de 2018

    Sra Macarena De Elorriaga Dunlop

    Agradezco su aclaración. Corregiré el error. Le agradecería que me precisara cual otra información a su juicio ha sido errónea.
    Atentament. Rolando Chateauneuf

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