Un tema preocupante de la actual crisis de salud en torno al coronavirus, es el serio problema socioeconómico relacionado principalmente por la falta de ingresos para sobrevivir por la paralización de muchas actividades y empresas, asociado a ello un notable desempleo. Varias iniciativas del Gobierno actual van destinadas principalmente a reducir gastos y no a aumentar ingresos y empleo, que es lo más importante.
Para crisis de esta naturaleza como para enfrentar guerras, se deben seguir estrategias muy distintas, que protejan en lo posible a toda la población y además a las empresas existentes.
Un tema interesante es que la actual constitución de Chile y su legislación permite que el Banco Central preste al Gobierno sólo en caso de guerra o temor de guerra.
Lo que enfrenta hoy nuestro país es más grave que una guerra, afecta a todo el país, a todo su territorio y a gran parte de su población y de sus empresas.
Medidas de política económica social que las creo fundamentales
- La primera es que el Gobierno pueda recurrir a préstamos del Banco Central para cubrir sus mayores requerimientos financieros nacidos de la crisis tanto para financiar las ayudas humanitarias como para inversiones y otros gastos necesarios para enfrentar a esta pandemia y a la crisis socioeconómica que se agudiza. Posiblemente también para apoyar a las municipalidades para enfrentar las mayores obligaciones que se les hacen presentes como además para reemplazar sus menores ingresos derivados de la recesión y de otras fuentes que son afectadas por restricciones a determinadas actividades.
- Financiar a las empresas privadas con los recursos que necesiten para evitar sus quiebras no sólo a través de créditos preferenciales sino también con aportes de capital. Con ello no sólo conseguir que no generen eliminación de trabajadores sino también darles a ellos mayor confianza de estabilidad. Destruir poco cuesta, es rápido; construir o reconstruir es mucho más difícil y más lento. Más adelante amplio ideas sobre este tema.
- Otra medida es establecer programas nacionales de empleo mínimo para dar trabajo a toda persona cesante que desee trabajar. Tenemos las experiencias en Chile frente a las crisis que se hicieron presente en el Gobierno Militar, primero con el PEM (Programa de Empleo Mínimo) en los años 70 y posteriormente con el POJH (Programa de Ocupación de Jefes de Hogar), en los años 80. Contemplar en estos programas actividades de inversión de manera que sean reemplazados cesantes por nuevos activos reales que participen en la conservación y ampliación del patrimonio nacional. Incluir además acciones de capacitación.
- La otra medida fundamental es llevar adelante lo antes posible la gestión de una reforma tributaria que grave en forma creciente a los ingresos personales, tributación de muy bajo peso actual en los ingresos fiscales, lo que no sucede en los países desarrollados. Es una medida más lenta pero ayudaría a no seguir buscando localizaciones donde rebajar o anular remuneraciones como en el caso de bajar pagos a parlamentarios, a empleados públicos o eliminar asignaciones que se dan a los expresidentes de la República.
Un tema muy importante es el de la destrucción de empresas privadas, desde las más grandes hasta las más pequeñas. La crisis empresarial es principalmente generada por la carencia de ingresos para pagar las deudas y además para remunerar a los que elaboran en ellas. Se agrega a todo lo anterior el aumento de las pérdidas y la incertidumbre del futuro.
Desde luego se ven reducidas o paralizadas las inversiones.
Se suman a los problemas derivados de la pandemia los grandes daños y otros perjuicios generados por los actos de protestas en donde aparecen vandalismos, protestas que se iniciaron en octubre pasado. Hay que tener presente que los daños del vandalismo han sido tanto sobre empresas privadas de distinto tamaño, como en la destrucción de infraestructuras especialmente el Metro de Santiago. Debe preocuparnos por otra parte la incapacidad de la fuerza pública para evitar tantas destrucciones y los ataques, incluso asesinos, a carabineros.
Los daños hasta antes de hacerse presente la pandemia sobre empresas privadas fueron inmensos. Muchas de las afectadas quedaron sin actividad, situación que en muchas perdura. Varias fueron saqueadas, en parte importante destruidas e incluso algunas incendiadas.
El Estado debiera garantizar el orden público; los daños generados por esa incapacidad vista para cumplir ese deber no debieran financiarse por los afectados sino que principalmente por toda la sociedad, es decir por el Estado.
Lo que ha debido hacer el Gobierno para aminorar los daños de ese vandalismo sobre activos públicos ha sido de un costo considerable, y debe preocuparnos que a futuro, desgraciadamente esas destrucciones podrían repetirse cuando ya se domine esta epidemia.
Un síntoma negativo ha sido como se ha dañado nuevamente y nada menos que en estado de sitio, al monumento de Baquedano, en la plaza de su nombre que hasta periodistas de una prestigiada radio como de la Cooperativa, la llaman repetidamente “Plaza de la Dignidad”.
En parte importante el Gobierno ha financiado estas reparaciones y otros daños a la sociedad derivados de la epidemia, con reserva que el Estado tenía, tanto en moneda nacional como en divisas, pero cada vez ha debido recurrir a recursos presupuestados para otros fines, no pocos de ellos para inversiones, para el desarrollo socioeconómico futuro.
Se ha planteado por algunos economistas, y que yo lo considero como medida recomendable, poder recurrir a préstamos del Banco Central. Para ello se hace necesaria una reforma constitucional que no debería tener obstáculos por la oposición para ser aprobada rápidamente. Destacados economistas tanto de Gobierno como de oposición (especialmente) que han estado relacionados con el Banco Central y muy encuadrados en el uso de las políticas monetarias, se han negado a ello, algunos incluso en términos rotundos.
Me cabe señalar entre ellos a José De Gregorio, destacado economista tanto en el ambiente nacional como internacional, hoy decano de la Faculta de Economía y Negocios de la Universidad de Chile –antes a mi juicio mejor denominada Facultad de Economía y Administración– , y profesional que además ha sido nada menos que Presidente del Banco Central, quien se opone con vehemencia a que el Banco Central preste al Gobierno.
Ha tratado a los economistas partidarios de estos préstamos al Estado como “populistas”, término más bien despectivos en la verba común a pesar que la palabra es un adjetivo que su significado según la Academia de la Lengua lo presenta como “relativo o perteneciente al pueblo”. Hay que preocuparse de todo el pueblo chileno.
Los economistas ligados al Banco Central sostienen en términos absolutos que la situación puede superarse en alto grado a través de la política monetaria; consideran que la gran herramienta es hacer variar la tasa de interés a través del Banco Central. Ya estamos llegando hasta a tasas de interés negativo y la economía no reacciona. Ella necesita crear demanda de bienes de consumo, de inversión y demanda por factores productivos desocupados dentro de ello especialmente mano de obra. Han planteado otras medidas como la emisión de bonos para ser colocados en el país e incluso en el exterior, con ello aumentando nuestro endeudamiento externo. Desgraciadamente estas captaciones no se logran en las magnitudes convenientes y con la rapidez necesaria.
Si bien es cierto que es positivo el fomento al crédito bancario a intereses bajos y con garantías fiscales, es posible que no pocas empresas no quieran usarlos si analizan que de todas maneras ellas van a la quiebra y con ello a la pérdida de mayores proporciones de sus patrimonios.
Si no se da una importante ayuda financiera y una seguridad de más adelante poder llegar a una normalidad, las empresas paralizadas en una alta proporción van a desaparecer.
Se debe tener presente que es muy fácil que una empresa muera y muy difícil resucitarla o a otras darles nacimiento.
Impresiona la cantidad de empresas y actividades que han manifestado sus críticas situaciones. Pueden mencionarse universidades y colegio particulares, transportistas escolares, gastos comunes de edificios.
Hay riesgos de que desaparezca por ejemplo el Zoológico de Buin. Su gran patrimonio son los animales; sin duda se ha formado tras un gran esfuerzo a través de varias décadas con una dedicación constante de equipos humanos de gran formación. Más que un patrimonio privado, debería considerarse un patrimonio social y cultural nacional.
Preocupante es del sector del transporte privado, dentro del cual está el aéreo, esté próximo a quiebras con grandes patrimonios como sus aviones paralizados, seguramente mucho de ellos adquiridos a créditos. En el caso de Latam es importante considerar que actualmente es una empresa internacional; nació de LAN empresa inicialmente estatal y chilena, que después se privatizó. Posteriormente se integró con otras para pasar a ser internacional y parte de grupos internacionales como la alianza OneWorld y TAM. Qué positivo habría sido para estos momentos que fuese chilena y estatal para un país que como Chile que tanto necesita del transporte aéreo por sus características geográficas.
Otro sector seguramente muy afectado es del transporte terrestre interurbano que estaba en un proceso de marcada expansión, que había hecho grandes inversiones seguramente parte importante de ellas financiadas por créditos, pensando pagarlos con sus utilidades futuras.
También se ha visto afectada la actividad de los taxistas oficiales; ya lo habían sido por los servicios aún no legalizados como UBER y ahora son golpeados por la contracción económica y otras restricciones para algunos trayectos. Desde luego el estado de sitio muchos los ha perjudicado, como a muchas otros procesos productivos.
En algunas actividades como en la de la construcción, cada obra es una empresa que nace, tiene una vida limitada para una vez que la obra termina, morir. Lo importante es que se inicie una nueva construcción que es el nacer de una nueva empresa, que ojalá sea mayor que la anterior. Hay informaciones de cesantía laboral en esta actividad y paralización en la partida de nuevas obras.
En próximos artículos me referiré a varios de estos temas. Especialmente creo necesario abordar la idea de ayuda a las empresas a base de aportes de capital y no de sólo créditos de condiciones muy favorables a intereses incluso nulos.
Un tema muy importante es el de los efectos de esta crisis en la salud mental de la población.
Ampliación de ideas sobre forma de financiar empresas a base de aportes del Estado
Es posible que este camino contribuya a que muchas empresas en crisis continúen con vida. La motivaría a no quebrar, al no tener que servir la deuda ni correr el riesgo de una quiebra con mayor pérdida de capital como resultaría de recibir préstamos. Además daría más tranquilidad al empresario.
La idea es que con la empresa en crisis se haga un análisis de cuánto recurso financiero necesitaría para salir adelante, posiblemente con un programa calendarizado de aportes del Estado, hasta que llegue a generar utilidades. Con esos aportes se registra en el capital de la empresa el monto del aporte de capital estatal. El Estado se obligaría a vender su participación en la empresa cuando el empresario lo solicite. Ese aporte obligaría a su vez a la empresa a re-comprárselo al Estado con un porcentaje mínimo preestablecido de las utilidades anuales, por ejemplo del 30% de ellas. Pudiendo la empresa hacer un destino a compra al Estado de un porcentaje mayor de las utilidades u obtener recursos financieros de otros aportes de capital e incluso de créditos, para dejar de ser una empresa mixta, privada estatal.
Podría considerarse que el aporte del Estado sea solo considerado en UF, o bien establecer un bajo porcentaje anual de reajuste mayor como el equivalente a la tasa de un interés bajo. Eso significaría disponer a la empresa recursos sin tener que pagar un interés real o bien uno muy bajo, por lo tanto no le afectaría o lo haría en muy bajo monto a los costos de producción.
Este sistema también le aseguraría que no tendría que pagar intereses morosos, habitualmente de tasas más altas de interés, como también no aparecer con morosidad.
El Estado podría tener derecho a en cualquier momento solicitar un estado de situación de la empresa como sistema de información y eventual control de anormalidades.
El aporte estatal se registraría en UF y no recibiría participación en utilidades.
El programa de aportes inicial a la empresa podría revisarse posteriormente si ella requiriese mayores recursos financieros para salir adelante, como también si se ha considerado un calendario de aportes, reducirlos los presupuestados anteriormente.
