Es fundamental el financiamiento fiscal para enfrentar la crisis; se requieren recursos inmediatos y no limitados a montos tradicionalmente disponibles.
En mi opinión se hace imprescindible que se autorice constitucionalmente que el Banco Central preste al fisco mientras perdure la crisis. Es grave que se estén destinando a enfrentar la crisis con recursos presupuestados para otros fines.
Preocupante por ejemplo la reciente noticia que informa la reducción del financiamiento en cerca de un 8% del contemplado para el Cuerpo de Bomberos en la Ley de Presupuesto del presente año. Molestó mucho a la opinión pública y se buscó a lo menos lograr una rebaja menor. Grave lo sucedido en un país tan afectado por incendios forestales. Más aún en un año que al parecer será nuevamente de sequía, después de uno que ya sufrió una de las más pronunciadas registradas en nuestro país.
Por otra parte hay anuncios de reducción de fondos para becas de profesionales, que daña la formación de capital humano futuro.
Se suma a lo anterior la demora en obtener recursos para ayudar a los sectores más pobres para sobrevivir la crisis que enfrentan hoy día y que cada vez más se agudiza.
El editorial de El Mercurio del 12 de abril de este año, que se tituló “Discusión en torno al Banco Central” se inicia con el siguiente párrafo:
“Casi todos de los expresidentes del Banco Central en su periodo de autonomía han publicado una columna donde manifiestan su rechazo a la posibilidad de modificar la Constitución para permitir que la entidad financie directamente al fisco, ya sea a través de créditos o de compra directa de bonos. Esto, dicen, constituiría un ‘marcado retroceso en la conducción de la política monetaria, volviendo a hacerla dependiente de los desequilibrios fiscales’. Pero, al mismo tiempo, las exautoridades han entregado una visión favorable a una modificación acotada, que faculte al Banco para comprar bonos del gobierno en el mercado secundario”.
Este último camino se ha utilizado en gobiernos anteriores, lo que algunos lo consideran inconstitucional; al parecer así lo estima este gobierno.
Conviene tener presente que la Constitución acepta que el Banco Central preste al gobierno en caso de guerra o temor de guerra.
Uno puede preguntarse, por qué no debería prestar en caso de una calamidad nacional que compromete no solo la salud sino también la vida de muchas personas; bastaría hacer una reforma constitucional que posiblemente tendría o debería tener un amplio y rápido apoyo político.
Algunos economistas estamos de acuerdo con que el Banco Central preste al gobierno en caso de situaciones extremas como esta. Además de impedir muertes humanas, constituya un fuerte apoyo para evitar una muy próxima recesión económica extrema.
Además esta autorización al Banco Central de prestar en forma directa al gobierno, permite operar con gran flexibilidad y rapidez, lo que es muy importante en una crisis como la que estamos sufriendo. Se une como ventaja que el nuevo sistema reduce costos al no necesitar emisiones de bonos y transacciones en el mercado de capitales, que originan gastos financieros de la intermediación.
Disponer de estos recursos provenientes del banco emisor, permitiría no alterar el financiamiento comprometido por la Ley de Presupuestos.
En relación al tema de inflación que tanto preocupa al grupo «de elite» de algunos de los expresidentes del Banco Central, puede presumirse que no se producirá un efecto inflacionario más allá del que se derive de la gran alza del valor del dólar de los últimos meses cuyo efecto no ha terminado de presentarse. Y muy en contrario, va a favorecer un aumento de la producción derivada de la recuperación de la debilitada demanda y junto a ello mejorar la ocupación de la fuerza de trabajo. También será un factor contrario a efectos inflacionarios las existencias de stocks acumulados.
Tener presente que el aumento de las transacciones automáticamente genera ingresos fiscales por el impuesto a la compraventa y por evitar una mayor reducción de ingresos fiscales por reducción de las utilidades de las empresas y de los ingresos personales.
La limitación de prestar del Banco Central al gobierno, que debe ser temporal solo a periodos de crisis, no puede crear el precedente de generar esos préstamos en períodos de normalidad.
La idea es que la autorización de estos créditos sea por un período limitado puesta en vigencia por proposición del Poder Ejecutivo y aprobación del Poder Legislativo representado por ejemplo por una alta mayoría del Senado, como lo podría ser la votación favorable de los dos tercios.
Tener en consideración que la actual crisis perjudica principalmente a los sectores de menores ingresos y por lo tanto agudiza la tradicional y profunda desigualdad de ingresos que caracteriza a nuestro país.
La política monetaria está agotada para actuar como estímulo a la actividad económica. Ha llegado al extremo de que el Banco Central preste hasta a tasas de interés real negativo sin lograr activar la economía, evitar quiebras y generar cesantía.
Las autoridades políticas deben tener muy presente que si no se actúa para generar disponibilidad de dinero en el gobierno, se está actuando a favor del agravamiento de enfermedades y de aumentar las muertes. Además de dañar la economía presente y la futura.
La excepción de prestar al gobierno debe basarse en la declaración justificada del Ejecutivo de estar en crisis y del pronunciamiento mayoritario del Poder Legislativo, que podría quedar representado por la aprobación de una mayoría del Senado, por ejemplo a lo menos de los dos tercios del Senado.
Se debe tener muy presente lo importancia que es dar financiamiento a las municipalidades, a las comunas, que mucho puede contribuir al éxito de las políticas anticrisis, como también para cubrir sus reducciones de ingresos municipales derivadas directa o indirectamente de la crisis, como por ejemplo el pago de impuestos municipales de bienes raíces y de permisos de circulación.
Las necesarias cuarentenas agravan la situación de las pobrezas y para que puedan tener sus efectos deseados y esperados, es imprescindible entregar dinero a las familias que lo requieran, teniendo especialmente en cuenta la alta proporción de ellas que depende de empleos informales. Esas entregas tienen que extenderse hasta que las características más importantes de la crisis se superen.
En un próximo artículo me referiré a proposiciones de políticas futuras. Debe haber un cambio fundamental en el modelo actual tan monetarista, extremadamente neoliberal y de en comercio exterior con una de las globalizaciones más extremas y con presencia de una política cambiaria contribuyente al desarrollo económico-social con menores desigualdades.
