Medicina natural, actualidad y economía

Preocupante para Chile ha sido el trato a empresas de seguros y las AFP por leyes que incluso se consideran como expropiaciones sin indemnización, algunas de las cuales son de capitales extranjeros

El tema es sin duda muy preocupante. Sus repercusiones negativas para el futuro del país serían muy graves.

Entre les repercusiones está la desconfianza que proyecta nuestro país que puede repercutir seriamente en la venida de capitales extranjeros a Chile, ya sea como inversiones directas especialmente en nuevos proyectos o en la ampliación de existentes, como en los préstamos que obtengamos del exterior. Se presume que subirá el costo de ellos, que afectará tanto al sector público como al privado; subirían las tasas de interés en momentos que el Gobierno deberá endeudarse para cubrir los endeudamientos adicionales en que ha debido concurrir para enfrentar la crisis derivada de la pandemia. Ello posiblemente origine un aumento del ritmo inflacionario.

A mi entender, lo que ha sucedido repercutirá en el monto de las jubilaciones vitalicias que se basan en los ahorros previsionales, que son recibidos por empresas de seguros, las que los transforman en rentas vitalicias en UF. Con lo que se ha producido en Chile con las nuevas decisiones legales, aumentan el riesgo empresarial, lo que seguramente hará bajar las jubilaciones mensuales ofrecidas a futuro con relación a los niveles actuales. Al aumentar los riesgos sin duda que subirá el costo de los reaseguros. Por otra parte, incluso podría dar alguna base para que las empresas de seguro rebajen las pensiones ya otorgadas, en la medida que se han alterado los contratos existentes, lo que ha afectado a sus patrimonios.

Puede extrañar que nada menos el Ministro de Haciendo justifica las demandas que contra Chile se podría generar en el extranjero, y además culpe en cierto modo al Congreso por sus legislaciones, a pesar de que hay responsabilidad del Ejecutivo, al no vetar proyectos de esa índole.

El populismo inicialmente se hace más presente en el Parlamento para proyectarse como presión al Ejecutivo. Parece increíble que el Gobierno sea incapaz de mantener el orden público incluso en el Centro de la Capital. Qué decir de lo que sucede en la Araucanía. Como también con la delincuencia, tan relacionada con la drogadicción.

Llama la atención que distinguidos economistas de diferentes corrientes políticas, de derecha, de centro y de izquierda, critican las políticas se han ido concretizando.

La prensa ha comentado sobre este tema. Me parece conveniente hacer un análisis de un editorial del Diario El Mercurio de Santiago del reciente 28 de agosto, titulado  “Preocupaciones de empresas extranjeras”. El artículo tiene cuatro párrafos. Parto con el primero, que lo presento a continuación.

    Las principales asociaciones aseguradoras mundiales, reunidas en la Federación Global de Asociaciones de Seguros y en el Consejo Estadounidense de Aseguradoras de Vida, han manifestado su preocupación por los cambios legislativos de Chile que violan contratos de rentas vitalicias y normas de protección del consumidor. En cartas dirigidas a la secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Yanet Yellen, así como a otras autoridades financieras internacionales, advierten del desfondamiento del sistema previsional chileno y la expropiación de la que estarían siendo objeto las aseguradoras.

Comentario. Sin duda que el contenido de ese párrafo nos debiera preocupar. Se está hablando de expropiación, que surge en un gobierno de derecha y a través de una legislación aprobada por la mayoría del Parlamento, con votos favorable de parlamentarios que no se estimaba que pudieran darle el apoyo y sin embargo lo hicieron. El Ejecutivo no vetó el proyecto legislativo, lo que se tradujo en que el proyecto llegara a ser ley.

Además empresas extranjeras pueden hacer demandas más allá de lo que es expropiación, en tribunales internacionales como es el CIADI, institución que se la define como “líder a nivel mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales”.

 

El segundo párrafo es el siguiente

      Se trata de una preocupación legítima, toda vez que los retiros de rentas vitalicias aprobadas por el Congreso constituyen una abierta violación de contratos entre privados, afectando la seguridad legal sobre la que funcionan. Esta inquietud se ve acrecentada por la discusión en el Congreso de una nuevo proyecto de anticipo de rentas vitalicias y, más grave aún, por el debate parlamentario sobre el modo de cálculo del correspondiente descuento a aplicar a dichas rentas, con fórmulas según las cuales, en la práctica, los “retiros” pasarían a representar un préstamos obligatorio de las compañías a sus clientes, generando un daño patrimonial directo sobre las primeras que podría alcanzar varias decenas de millones de dólares.

Comentario. El hecho considerado en el editorial como “una abierta violación de contratos privados, afectando la seguridad legal sobre la que funcionan”, sin duda es importante. La expresión, los “retiros” pasarían a representar un préstamo obligatorio de las compañías a sus clientes, generando un daño patrimonial directo sobre las primeras que podría alcanzar varias decenas de millones de dólares.

 

El tercer párrafo.

     Las reacciones de inquietud por parte de las compañías eran así esperables, considerando los alcances de este obrar legislativo. La preocupación de las empresas extranjeras, sin embargo, no está circunscrita al asunto de las pensiones. Aunque este tema es el de mayor debate ha suscitado en los últimos meses, el cuestionamiento de fondo dice relación con la arbitrariedad con que han actuado las autoridades en esta materia y los eventuales precedentes que sienta el haber permitido la modificación unilateral de contratos y la alteración flagrante de la certeza jurídica.

Comentario. Se insiste en la crítica a favor al capital extranjero. Ha habido una modificación unilateral de contratos y una alteración flagrante de la certeza jurídica. Estos planteamientos en un juicio internacional podrían ser perjudiciales al actuar chileno.

 

El último párrafo:

     A la luz de esta experiencia, nada podría garantizar que lo ocurrido no se repita en otras industrias, como en el sector financiero, las concesiones o los servicios públicos. Por ello, la preocupación de empresas extranjeras es transversal. Más aún, se acrecienta frente a voces que, al alero de la discusión constitucional, aparecen dispuestas a romper con las reglas que impiden el trato discriminatorio y la expropiación sin debita indemnización. Estos dos conceptos, claves en la promoción de la inversión extranjera, están siendo vistos con sospecha por algunos grupos que los perciben como camisas de fuerza al actuar el Estado. Un cambio de esta magnitud en las reglas, tal como lo evidencia la preocupación de las aseguradoras, representarían un importante retroceso en el atractivo de Chile como destino de inversiones, tanto para extranjeros como para nacionales.

Comentario: Se advierte que lo aplicado al área previsional, no podría garantizar que esto no se aplique a otras actividades como las del sector financiero, las concesiones o los servicios públicos. Ello sin duda desmejora la posición chilena en nuevos contratos con empresas extranjeras junto con generar un retroceso en la atracción de inversiones extranjeras como también en capitales nacionales en empresas del Estado.

Inquietudes finales. Se da la impresión que el Gobierno al fin de su periodo, muestra una preocupante pasividad; se deja llevar por la corriente, muy influida por un marcado populismo que se agudiza en un periodo pre eleccionario

Un tema que puede tomar actualidad es el de las indemnizaciones que pueden cobrar los privados, personas naturales y jurídicas, por los daños causados a sus patrimonios por la pasividad o la ineficacia del Estado para proteger sus bienes y vidas humanas; ya hay un pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la materia, a favor de una familia que le incendiaron su casa en la Araucanía y donde ellos perecieron en el incendio. Con el resultado de ese juicio, se crea jurisprudencia e interés por obtener indemnizaciones, que podría más posible lograrse por daños en propiedades urbanas de la Región Metropolitana donde se hace más fácil actuar a la fuerza pública.

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