Chile durante la antigua democracia tuvo una clara política de comercialización del trigo y de la leche, dos productos muy importantes de la llamada agricultura tradicional. Estas políticas estaban muy relacionadas con el fomento de estas producciones.
Abordar el tema histórico en forma relativamente completa es algo nada de fácil. Pero estimo conveniente referirme a algunos aspectos característicos de la comercialización de estos productos, desde mediados del siglo pasado. Conocí esa situación en forma bastante directa; desde el Ministerio de Agricultura como funcionario me correspondió participar en estudios para determinar el precio del trigo y en sugerencias de políticas para los gobiernos de Ibáñez del Campo y Alessandri Rodríguez y, posteriormente desde CORFO asesorar a los gobiernos de Alessandri Rodríguez en política lechera y a Frei Montalva en general en políticas de precios agrícolas y en forma muy particular en precio de la leche, a los comienzos de su gobierno.
Más adelante me extiendo más sobre este tema e incluyo textualmente el Editorial principal de El Mercurio del 21 de enero, en que se refiere especialmente a COTRISA y la compra de trigo.
Me referiré en esta ocasión especialmente al trigo. En otro artículo analizaré preferentemente el tema de la leche.
Chile fue un país triguero, llegamos a cultivar más de 750 mil ha, superficie que abarcaba desde la provincia de Coquimbo hasta la de Aysén. Algunas provincias fueron grandes productoras de trigo como Maule, Malleco y Cautín. Cereal cultivado preferentemente de secano o en zonas de lluvias, sin riego. También el trigo ha sido importante en la rotación cultural de zonas de riego. Un factor importante es el efecto positivo en su producción del riego, práctica que necesita aguas en momentos de relativa abundancia. Su último riego no debe ser después de noviembre, cuando se inician las grandes demandas por agua de los otros cultivos y cuando habitualmente a partir de fines de enero y febrero empiezan a reducirse las disponibilidades del líquido elemento para las agriculturas regionales.
Fuimos exportadores de trigo hasta los años 40. Desde entonces pasamos a ser deficitarios con sólo fue una excepción que se presentó en el segundo quinquenio de los años 80, en que se produjo una extraordinaria produccióndebido se dieron varias circunstancias especialmente en torno a una definida política agrícola a favor del cereal y a un notable mejoramiento de sus precios.
Chile fue un gran productor de trigo y al mismo tiempo un gran consumidor de sus derivados, especialmente de pan; también es significativa su demanda de fideos y galletas; además aparece como demandante de harina de trigo nuestra tradicional empanada de horno y las empanadas fritas.
Hasta el gobierno militar los precios internos de trigo, de la leche, del arroz y de las oleaginosas eran independientes de los internacionales. Se basaban principalmente en valores históricos que se reajustaban a base de los índices de inflación y de aumentos de los costos de sus insumos. El precio del trigo prácticamente determinaba el precio del arroz y de las oleaginosas – maravilla y raps; en la época el que el cultivo del trigo era el rubro más importante de la agricultura chilena.
No era fácil para el Ministerio de Agricultura conseguir los niveles de precios recomendados; al subir su precio afectaba muy directamente el precio del pan con sus serias repercusiones políticas. Era común que cayeran sus ministros defendiendo los precios. Debemos recordar que era época de inflaciones habituales entre un 20 y un 30% anual. Estaba además fijado el precio del pan corriente. Para los gobiernos eran muy importante el cumplimiento de las metas inflacionarias que se trazaban.
Al llegar el Gobierno de Frei Montalva, Jorge Ahumada, ese gran economista chileno, en su diagnóstico de la economía nacional planteó que los precios agrícolas en general estaban algo deteriorados. El respaldó el planteamiento de fijar precios basados en los valores reales del ultimo decenio, pero dando unos puntos más. Cabe señalar que en esos años gran parte de los alimentos estaba con precios fijados como máximos; así sucedía con el pan corriente y muchos otros alimentos.
Entre los productos que estaban con precios libres eran las leguminosas de granos – porotos, lentejas y garbanzos-, la papa y en general las frutas. No así la leche ni el aceite. Los quesos eran habitualmente de precio libre
La economía no estaba abierta al exterior. Durante muchos años la Empresa de Comercio Agrícola (ECA) hacía las importaciones del cereal y vendía el importado a los molinos. Éstos debían primero comprar la producción nacional, y a base de lo que ellos compraban de trigo nacional tenían derecho a adquirir de la ECA el importado.
Las letras trigueras eran famosas. Así se financiaban muchos molinos, éstos pagaban a los productores con estos documentos, los que tuvieron en determinados momentos un tratamiento especial, el que consistía en que se podían descontar directamente en el Banco Central con tasas de descuento bastante bajas; eran las famosas llamadas “letras trigueras”. Además, para apoyar los financiamientos operaban los almacenes de depósito de granos que servían para garantizar créditos otorgados con la garantía del cereal almacenado, los llamados créditos warrants o pignoraticios. Debe tenerse presente que gran parte de la cosecha se obtenía en dos meses, en cambio la producción y venta de harina y de pan era prácticamente pareja durante todo el año. Eso hacía necesario estos sistemas de financiamiento.
También debemos recordar que parte importante del trigo que se importaba venía de EE UU y nuestro país era beneficiado por los llamados “convenios de excedentes agrícolas”. Al país, EE UU le vendía el cereal a crédito a baja tasa de interés y a largo plazo, en circunstancias que ese trigo era vendido en el mercado interno prácticamente al contado. Eso daba una disponibilidad financiera al Gobierno, ya que la ECA vendía al contado el grano y los pagos a la nación del norte eran a largo plazo.
Esta disponibilidad de recursos debía destinarse en su mayor proporción a financiar inversiones, para proyectos de desarrollo, especialmente para el de la agricultura. Los convenios lo determinaban así y el Gobierno se comprometía a financiar determinados tipos de proyectos convenidos en los acuerdos.
Llegado el Gobierno militar con un nuevo modelo económico se empezó a dejar el sistema más libre, se terminó haciendo desaparecer la ECA y los molineros pasaron a importar directamente el cereal en negociaciones asociadas con el sistema financiero bancario. Se llegó a dar que ese sistema financiero molinero recibió créditos de excedentes agrícolas a largo plazo y a muy bajas tasas, lo que les significó disponer de importantes montos de recursos a bajo costo que los socios bancarios podían colocar a altas tasas de interés. A la molinería no le convenía comprar trigo nacional ya que por una parte el cereal importado es mucho más homogéneo para sus necesidades y por otra se sumaba el negocio financiero que en algún grado seguramente era compartido entre el sistema bancario y ellos. Fue extraño que EE UU diera estos excedentes y sus créditos a empresas privadas. Esto puede explicarse por el interés de EE UU de colocar sus excedentes y posiblemente también por apoyar al Gobierno militar que liberó al país del para ellos «nefasto marxismo». Cuando el Gobierno militar, aparentemente sin mayor experiencia, se dio cuenta de este oscuro proceso, afirmó que nunca más se aceptarían operaciones de esa naturaleza.
En los comienzos del Gobierno militar, con asesoría externa, se estableció una interesante banda de precios, el piso era al que compraba el Estado y un techo al que vendía. Así el Estado reducía sus perdidas operacionales y alentaba a la molinería a que comprase directamente a los agricultores por algo más del precio al que compraba el Estado. Eso al parecer duró poco. Recuerdo haber leído el decreto que establecía el sistema y la impresión favorable que él me ocasionó.
El precio del trigo pasó a depender del precio internacional y de la tasa cambiaria. Así se llegó a cuando se estabilizó el valor del dólar a $ 39 por tres años y el precio del trigo en moneda nacional se vino paulatinamente abajo con relación a sus costos de producción, hasta que llegamos a la crisis del 82 en que hubo que devaluar, coincidiendo, si mal no lo recuerdo, con un precio alzado en los mercados internacionales. Esta crisis llevó a que la producción triguera nacional se redujera a un tercio, la de remolacha azucarera a la mitad y a que desparecieran los cultivos de oleaginosas, raps y girasol.
La situación agrícola fue trágica. Además lo era de toda la economía nacional. Se produce un gran cambio político. Así llega al ministerio de Agricultura Jorge Prado, muy conocedor de la agricultura nacional y también de la europea; se lanza una política triguera que resultó exitosa. Se estableció la llamada banda de precios agrícolas, que incluyó al trigo, a las oleaginosas y al azúcar.
La política triguera se ve favorecida por los efectos de una política cambiaria de violento ajuste, con fuertes devaluaciones de la moneda, a lo cual se sumo un aumento de aranceles. Ello llevó al trigo a una fuerte alza de precios.
Como gran parte de la agricultura estaba quebrada; el Gobierno estableció una línea especial de crédito a través del Banco del Estado. Esta línea pasó a usar como garantía la cosecha misma, es decir un crédito con garantía prendaria. Muchos agricultores no podían ser sujetos de créditos por sus bajos o nulos patrimonios y sus altos endeudamientos.
Para que los molinos no compraran el cereal por debajo de los costos de importación, el Gobierno creó COTRISA, la Compradora de Trigo S.A. Parece increíble que en pleno período del Gobierno militar, nace una nueva empresa estatal que perdura hasta ahora.
El objetivo de COTRISA no es comprar trigo, sino que estar presente para que los precios a que la molinería compre a los agricultores no sean inferiores al del costo del trigo importado. Muchas veces con sólo anunciar que iba a comprar en una zona, bastaba para que los molinos subieran sus precios.
COTRISA es una empresa del Estado muy especial; difícil de entender para el neoliberalismo. Siempre que cumpla su función tendrá pérdidas, ya que si logra asegurar que comprará a un precio, basta para que éste suba y no necesita actuar. Logra su objetivo básico sólo con su presencia. Al no comprar, no tendrá qué vender; si comprase relativamente barato y vendiese más adelante a un precio mayor, ello le podría dar un excedente que se refleje en utilidades de la empresa. Al no hacerlo tendrá sólo pérdidas; no tendrá ingresos propios para cubrir sus gastos de funcionamiento.
Otra medida importante del ministro Prado fue su esfuerzo por el mejoramiento tecnológico, mediante el tratar de trasladar las recomendaciones de las estaciones experimentales del INIA a los agricultores, Había una alta brecha tecnológica, entre lo actual y lo potencial. Para ello Prado creó los llamados Grupos de Transferencia Tecnológica, los GTT, que ligaban estrechamente a productores agrícolas, con los especialistas y las estaciones experimentales.
Este esfuerzo de traspaso tecnológico unido a los altos precios del cereal, motivó un mejoramiento asombrosos en los rendimientos por ha, es decir en la productividad de la tierra. Fue así que en pocos años que el país llego nuevamente a auto abastecerse de trigo, como sucedía hacía 40 años atrás, gracias principalmente al aumento de los rndimientos.
Ha sido extraño lo que ha sucedido en este gobierno con COTRISA y con el ministerio de Agricultura. No debería ser la presión de los agricultores la que fuerce al Gobierno y a COTRISA a actuar; ello debería ser expontáneo.
Oí no hace mucho que COTRISA, y en particular su Directorio, no quería intervenir ya que si se producían pérdidas, los directores debían responder con su propio patrimonio. Si eso es así, me parece una aberración.
Lo otro que me parece un error es que a COTRISA se le limite su accionar a base de determinados montos de adquisición. Eso no debe ser así. Debiera tener una línea de financiamiento que le permita cumplir su función, comprando lo que sea necesario. Es muy probable que si se le asegura que no tendrá limitaciones para actuar, tendrá menos necesidad de adquirir, ya que los molineros comprarán en grandes cantidades.
Es algo parecido con lo que sucede con el dólar. A mi juicio debe haber una política de Estado que garantice que su valor no descienda de cierto nivel, que se usarán todas las herramientas para que ello se cumpla y que finalmente el Banco Central compre todo lo que sea necesario para garantizar ese precio mínimo de sustentación.
Para estas dos atenciones, precio del trigo y valor de la divisa, deben darse políticas de Estado que garanticen que los objetivos se cumplan, Sin duda el problema es mucho más simple para el trigo que para el dólar; los máximos recursos que se necesiten para sostener el precio del cereal se pueden acotar y no serán exagerados.
Muchos de estos problemas se reducirían si hubiera un grupo capaz de profesionales que como equipo asesoraran al Gobierno desde MIDEPLAN para dar esas sugerencia de políticas cambiarias tan necesaria para el país. Son políticas de costos relativamente bajos para los beneficio que se lograrían. Pero eso debe estar en torno a políticas de Estado,con visión muy importante de largo plazo
Ojalá el Banco Central pudiese actuar en forma distinta, como por ejemplo entregando una línea de financiamiento a COTRISA para que cumpla su función. Línea sin límites de montos y que mientras más seguridad se dé, serán menos los recursos que se utilizarán. Ello fomentaría la producción, mejoraría la productividad y evitaría tensiones internas.
Muy importante sería constituir una Comisión Nacional del Trigo, con participación no sólo del sector público, sino que también del sector privado- agricultores e industriales-, de los consumidores y de las universidades. El hecho de que el actual ministro de Agricultura sea un empresario agrícola y haya sido dirigente del sector, como también parlamentario, facilitaría su constitución.
A continuación presento el Editorial principal de El Mercurio del 21 de enero de 2011 titulado
”Poder comprador de trigo”
La empresa estatal Cotrisa (Comercializadora de Trigo S.A.) anunció que aumentará el monto que paga por el trigo que adquiere a productores nacionales, desde $15.400 a $16.500 por quintal puesto en Santiago, lo que equivale a un 7,14% de aumento. La razón esgrimida para hacerlo es la brecha existente con el trigo importado, el que llega a $19.200 el quintal.
La mayoría de los productores nacionales carece de la capacidad financiera para guardar sus cosechas y ello no les permite negociar mejores precios con los molinos que les compran -si pudieran, éstos se verían forzados, en caso que los agricultores extranjeros no les vendan, a adquirir trigo a los precios de importación más caros, y para evitarlo deberían subir la oferta por el trigo nacional- y, por tanto, deben vender al precio que los molinos fijan, que en la actualidad ronda los $14.000 por quintal. El precio determinado por Cotrisa sirve para regular dicho mercado al dar las señales adecuadas para que los molinos suban el precio al que compran. La diferencia que subsiste entre el precio de importación y el nuevo valor fijado por Cotrisa -el primero es un 16% más alto que el segundo- da cuenta del hecho de que Cotrisa debe absorber los costos de almacenamiento y de diversidad de calidades del trigo que adquiere, lo que no les ocurre a los molinos con el cereal importado.
Esta es la tercera vez en los últimos 20 años que Cotrisa interviene en los precios de compra de trigo para acortar la brecha entre el precio de importación y el doméstico, acción que fue justificada por el ministro de Agricultura con el argumento de que con ello se cumple el compromiso del Presidente Piñera en orden a transparentar el mercado. Los dirigentes de los agricultores han manifestado un moderado optimismo por la medida, pues aún no saben de qué manera este esfuerzo financiero de Cotrisa repercutirá en los precios de compra de los molinos, que son los que finalmente transan la mayor parte del trigo que se produce en el país, aunque de todas formas reconocen que el Estado reaccionó ante sus protestas.
Este mercado está siempre sometido a esta clase de problemas, tanto por la precariedad financiera de la mayoría de los agricultores pequeños como por el hecho de que los precios domésticos del cereal no reflejan de manera correcta el equilibrio que se espera exista con los precios de paridad del trigo de importación, el que en los últimos años ha representado el 50% del consumo del país. Los recursos que el Estado destina al poder comprador son necesariamente limitados -cinco mil millones de pesos, algo más de 300 mil quintales- y se reparten entre unos 4.700 agricultores pequeños, lo que deja espacio para que, a pesar de ese poder comprador estatal, los molinos puedan seguir adquiriendo el cereal doméstico con una brecha de precios con el importado mayor que los costos involucrados en la compra.
Este panorama amerita la búsqueda de otras figuras financieras y productivas que permitan a los agricultores aumentar su poder negociador con los molinos, de modo que los precios de compra reflejen la paridad con los precios de importación. Eso es fácil de expresar y difícil de implementar, dado el grado de dispersión de los agricultores -lo que dificulta la acción conjunta-, así como lo complejo que resulta la utilización de técnicas financieras con algún grado de sofisticación para personas cuyos conocimientos están básicamente orientados a las actividades productivas.
Como siempre, es la innovación tecnológica y el aumento de productividad a que ella da lugar, junto con el uso de mejores herramientas financieras, lo que permitirá mejorar las condiciones en las que los pequeños agricultores del trigo desempeñan su labor.
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Este editorial merece un comentario especial, que lo haré en otra oportunidad.
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