El país no quiere comprender que para tener éxito en la lucha contra la pandemia y enfrentar los problemas sociales y económicos asociados a esta crisis, debe considerarse esta situación como si fuera una guerra. Especialmente desde el punto de vista económico y humano.
Es una obligación como nación poder llegar a toda la población con los medios de supervivencia dentro de ellos especialmente con los alimentos y otros bienes y servicios fundamentales. No debe haber limitaciones de recurso financieros, pero sí usarlos ellos eficiente y eficazmente.
Para ello es fundamental que se modifique la Constitución de manera que el Banco Central pueda prestar al gobierno todas las sumas de dinero que sean necesarias cuando se está en presencia de una crisis nacional. Recordar que la Constitución actual sólo permite que el Banco Central preste al Gobierno en caso de temor de guerra o de guerra. Debiera a mi juicio modificarse para permitir que el banco emisor pueda también prestar al Gobierno en caso de calamidad nacional, calificada como tal no sólo por el Ejecutivo sino que también por una amplia mayoría del Parlamento.
Parece irracional pensar en obstaculizar y limitar el endeudamiento a base de que el Banco Central esté dispuesto a comprar bonos emitidos por el Estado y que se vendan en el mercado secundarios. Hoy se está buscando este camino, que exige también una reforma constitucional de trámites más complejos, porque se están planteándo limitaciones como aprobación de una amplia mayoría del Consejo del Banco Central.
Debiera al declararse la calamidad nacional, el Banco Central tener la obligación de prestar al Gobierno sin exigencia ni limitación alguna. Además los montos y destinos de los dineros no debieran estar obstaculizados por el paso previo por Contraloría como lo hemos observado recientemente con dineros que el Gobierno ha decidido entregar a las municipalidades especialmente para sus consultorios de salud, que actualmente dependen de los municipios. Hubo demoras en esas entregas por la obligación del paso previo por Contraloría lo que puede haber motivado agravamientos de enfermos e incluso fallecimientos recientes y futuros. No estoy planteando que Contraloría deje de ser fiscalizadora, sino que lo haga a posteriori.
Es conveniente tener presente todo el trámite para lograr poder retirar dineros de las AFPs. Su rechazo era inicialmente respaldado por una amplia mayoría parlamentaria, incluso por representantes de oposición. Además la mayoría de los economistas de las más distintas posiciones políticas era contraria a esta autorización.
Paulatinamente, por presión de la ciudanía desesperada, fue teniendo más respaldo parlamentario hasta llegar a tenerlo en tal alta proporción que permitió aprobarlo como componente constitucional, que no requiere el respaldo previo del Ejecutivo.
Hay un cierto consenso que este retiro de depósitos ocasionará muy serios trastornos al quehacer económico nacional. Uno de los problemas anunciados sería que los ahorrantes recibirán menos dinero que el esperado, ya que el sistema de las AFPs tendrá que liquidar colocaciones y con ello bajar el valor de ellas. Posiblemente ello origine molestias a los que decidan hacer los retiros. Posiblemente ello motive una baja del valor del dólar, ya que bastantes colocaciones del sistema están en el extranjero.
Me permito sugerir una medida realmente revolucionaria. Proponer la reforma constitucional que permita prestar el Banco Central al Gobierno en caso de calamidad nacional. El trámite podría ser rapidísimo.
Paralelamente a ello aprovechar todo lo ya aprobado sobre el retiro de las AFPs, para que esos montos provengan de préstamos del Banco Central al Gobierno y éste lo entregue a los solicitantes en la forma como ya está aprobado, tanto en los montos como en los tiempos programados.
Esto tendría amplios beneficios tanto en lo relacionado con: la no alteración del sistema previsional para determinar las jubilaciones, no modificar mayormente los valores del mercado y recibir los solicitantes los montos ya calculados sin los castigos previstos.
Además se evitará que los fondos acumulados en el sistema no tengan desvalorización proveniente de la baja de los valores de sus inversiones, derivadas de las grandes ventas que se deben hacer en los mercados.
La reforma constitucional propuesta permitirá a futuro entregar los nuevos recursos monetarios requeridos en los tiempos que vienen, que seguramente seguirán siendo necesarios por muchos meses con los graves problemas de ingresos derivados especialmente de la imposibilidad de restablecer actividades económicas que generen ingreso y empleo.
Saliendo un poco de los temas anteriores analizados, estimo que se hace necesario un programa de empleo mínimo abierto acompañado de capacitación, a toda la fuerza de trabajo que lo solicite, para no sólo generar ingresos en la población sino que también con el trabajo que se ha creado se amplíe el capital nacional en mejoramientos de activos existentes como también se generen bienes y servicios para la sociedad e ingresos fiscales por el aumento del monto del IVA y la creación de demanda para reactivar las actividades productivas.
El desempleo daña la salud mental del que lo sufre.
Tenemos la experiencia histórica en Chile de que los programas de empleo mínimo van reduciendo los participantes a medida que se reactiva la economía.
En mi opinión no hay riesgo de que con estas medidas se genere inflación, hay capacidad productiva para enfrentar estos aumentos de demanda y además se dispone de divisas para enfrentar posible aumento de importaciones.
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