Ha aparecido como escándalo préstamos llamados anticipos a parlamentarios respaldados por disposiciones establecidas desde hace años. Posiblemente pocas voces apoyarán estas operaciones, en momentos en que los poderes del Estado y especialmente el Legislativo están tan criticados y podríamos decir desprestigiados.
Para mí este tema es de segunda importancia para el país. Sin duda es más grave por ejemplo el de los altos precios de los medicamentos y de otros aspectos de su comercialización; la incapacidad del Estado para corregir esa situación gran parte de ello en torno a grandes cadenas de farmacias que han terminado siendo vendidas al capital extranjero.
También lo es el financiamiento de las campañas políticas ligada a grandes intereses privados y que pone en duda las intervenciones de no pocos parlamentarios.
La delincuencia y su violencia bastante extendida en el territorio nacional; la presencia en ella de la juventud. La falta de respeto a las autoridades policiales y la impunidad para quienes actúan con violencia contra ellas.
El tema universitario y la educación superior. El debilitamiento del auténtico sistema universitario público estatal; el lucro oculto de varias universidades y todo un sistema de extracción de ingresos a cientos de miles de familias que pretenden que sus hijos sean profesionales universitarios generando una masa exagerada de muchos profesionales frente a una baja crónica en la disponibilidad de técnicos. Parte de esas universidades privadas, como las cadenas farmacéuticas, ha pasado a propiedad del capital extranjero, dejando importantes patrimonio financieros en manos de los antiguos propietarios nacionales.
El sistema de salud que hace crisis. Un contraste creciente entre los servicios públicos cada vez más deficitarios y con listas de espera creciente y un sector privado en amplia expansión que logra acumular capitales y atraer a parte importante de los recursos humanos; allí se concentran mayoritariamente los médicos especialista.
La carencia de un sistema de planificación nacional; el sentir de no saber hacia dónde va nuestro país.
Volviendo al tema inicial de los anticipos o créditos a los parlamentarios.
Recuerdo que en el pasado los sueldos de los Ministros de Estado eran muy bajos y ser ministro era habitualmente una actividad que significaba pérdida de patrimonio personal y familiar. Me viene a la memoria una campaña que se desarrolló por la prensa, si mal no lo recuerdo durante el gobierno de Frei Montalva, para mejorar las remuneraciones de los Ministros de Estado.
Para algunos ministros o directivos de instituciones de Gobierno sus ingresos se veían mejorados con derechos que tenían a ser directivos o miembros de directorios de instituciones y empresas públicas. Pero ello beneficiaba sólo a algunos ministros y ejecutivos públicos.
Se me grabó en la memoria las palabras de un colega y amigo de gran prestigio, que fue ministro del gobierno de Carlos Ibáñez; nos comentaba en una reunión que afortunadamente este presidente cambiaba a menudo sus ministros, ya que él en seis meses de ministro había perdido su automóvil. En esa época los automóviles eran caros y bajo porcentaje de la población podía disponer de ellos.
Supe el caso de un ministros del gobierno del Presidente Frei Montalva perdió bastante patrimonio en su ejercicio y su esposa debió incorporarse a la actividad de venta directa de algunos productos a familias, especialmente amigas.
También supe que un muy distinguido profesional y hombre público que trabajaba en una institución pública donde yo me desempeñaba, padre de varios hijos, debía continuamente pedir anticipos de sueldo para poder sobrevivir.
Sin duda eran otros tiempos con otros valores.
También recuerdo que cargos de designación política en instituciones, tenían el privilegio de que si se les pedía su renuncia, podían jubilar prematuramente si ya tenía una actividad pública de a los menos 15 años. Además existía el privilegio de un desahucio doble. Sin duda que eran disposiciones que facilitaban que buenos funcionarios estuviesen dispuestos a asumir cargos públicos.
Entiendo que los parlamentarios también tenían privilegios de jubilaciones prematuras al dejar de ser parlamentario. Debe tenerse presente que un buen parlamentario profesional o no, al llegar a ser elegido y ejercer, debe abandonar sus actividades remuneradas para dedicarse plenamente a sus responsabilidades parlamentarias. Distintos es el caso de otros con grandes patrimonios que siguen generando ingresos; eso pudo favorecer una tendencia a que parlamentarios fuesen personas de riqueza y de importantes inversiones. Fue común que fueran parlamentarios grandes latifundistas; eran especialmente en épocas en que el cohecho electoral era habitual y muy eficaz. Sin duda que para Chile fue muy importante la reforma electoral que estableció la cédula única.
Disposiciones de esa naturaleza favorecía que destacadas personas estuvieran dispuestas a asumir responsabilidades de Estado y al ejercerlas no lo hiciesen en favor de su propio patrimonio o de que favoreciera ciertas decisiones que le pudiesen a futuro tener una actividad privada asegurada.
Estoy de acuerdo en que ministros, parlamentarios y otros ejecutivos de altas responsabilidades, tengan ingresos adecuados.
Recuerdo también que cargos de altas responsabilidad fiscalizadora tuviesen estabilidad en sus cargos. Los designaba el Presidente de la República, pero tenían marcada estabilidad; para destituirlo se necesitaba no sólo la decisión del Ejecutivo sino que también de la mayoría del Senado.
Volviendo más específicamente al caso de los anticipos a los parlamentarios, debe tenerse en cuenta que un bajo porcentajes usaron estas franquicias; además esas tenían respaldo legal.
Puede considerarse un privilegio, pero a mi juicio hay argumentos favorables para que existiesen.
Es importante que ese hombre público pueda dedicarse plenamente a atender sus responsabilidades. El transcurso de la vida no siempre es normal; enfermedades y accidentes pueden alterar una situación estable familiar, que obliga a gastos extraordinarios. Puede ser positivo disponer de un sistema que permita abordar estas situaciones, reduciendo preocupaciones y trámites que perjudiquen su trabajo parlamentario.
Estos préstamos o anticipos operan bastante en la empresa privada; ello seguramente favorece el buen resultado empresarial.
Recuerdo un préstamo al que podíamos recurrir como empleado público en el pasado. A mí personalmente me favoreció; fue durante el Gobierno del Presidente Jorge Alessandri cuando se creó la CORVI (Corporación de la Vivienda) y que se estableció un fomento a la construcción, que se basaba en lo individual en un estímulo al ahorro en una libreta personal, en la que uno ahorraba paulatinamente en cuotas CORVI que eran reajustables mes a mes, y que llegado a una porcentaje relativamente alto de lo que sería el costo de su vivienda, si mal no lo recuerdo del orden de un 40%, esa corporación le financiaba todo lo restante. Para completar ese ahorro previo, la Caja de Empleados Públicos les prestaba hasta seis meses de sueldo, con lo cual se favorecía el llegar a completar el ahorro previo exigido. Yo recibí expeditamente ese préstamo de los seis meses de mis remuneraciones imponibles.
El ahorro que uno hacía era desde luego reajustable, como también lo era el pago de la deuda.
Doy este ejemplo, para informar que estos préstamos de sueldos existieron en el sector público, si bien no para enfrentar emergencias, lo era para alcanzar la casa propia. Entiendo que también existían para situaciones de emergencia.
En mi experiencia profesional, tuve la oportunidad de trabajar en una institución de Naciones Unidas, con buena remuneración y muy buen apoyo administrativo y secretarial. Ahí capté que me sentí dando un alto rendimiento profesional.
Pienso por ello que disposiciones como esa de prestar o anticiparle remuneraciones a parlamentarios en casos calificados, puede favorecer su rendimiento. Le da una tranquilidad que pudiéramos decir preventiva y desde luego ante a una emergencia, disponer un más fácil enfrentamiento. Tener que recurrir a créditos bancarios o de otra naturaleza, sin duda que hacen perder tiempo y generan perjudiciales incertidumbres.
Lo que sí parece haber sido más adecuado que estos préstamos o anticipos tuviesen un prudente costo, por lo menos para reponer las sumas adeudadas en valores reajustables.
Uno tiene el derecho a pensar, hasta dónde todo este escándalo generado, no sea para ocultar situaciones mucho más delicadas como ha sido los aportes ilegales de empresas privadas a parlamentarios, los que pueden influir en perder objetividad en sus actividades y en decisiones de cómo votar.
El caso de SOQUIMICH es impresionante. Da para un amplio análisis; su poder económico es inmenso y los aportes financieros políticos transversales agravan la naturaleza de sus aportes.
No podemos dejar de recordar las oscuras operaciones de privatizaciones de empresas del Estado durante el gobierno militar, que no pudieron investigarse, ya que se tuvo que ceder en favor de ese compromiso de marginación, como costo para recuperar la democracia.
Yo pienso, y quizás mucho también lo hacen, que SOCHIMICH no debió privatizarse. Una de las justificaciones más importantes es el tema del litio, su valor geopolítico.
Su privatización ha terminado creando un poder económico que llegó a transformarse en un poder político a lo menos aparentemente nefasto.
Impresiona observar como es además una contribución a las desigualdades de ingresos. Su gerente general estaba recibiendo un sueldo de unos 50 millones de pesos mensuales, que se doblaban con las gratificaciones de fin de año.
Con sus ingresos de menos de un mes se llega a un monto equivalente a lo que un trabajador con el sueldo mínimo recibe en 30 años de trabajo, siempre que haya estado empleado sin interrupciones.
Los altos costos de las campañas electorales.
Es conveniente analizar los altos costos de las campañas electorales. Supe recientemente que existirían estudios que señalan que el que no dispone de amplios recursos financieros, no tiene posibilidades de ser elegido. Ello explicaría en parte los altos endeudamientos de algunos parlamentarios que han buscado superarlos con aportes de empresas, los que se supone han sido con las intenciones de ser favorecidas.
También sería explicación de gestiones de algunos personeros y de partidos políticos para obtener recursos que permitan que sus protegidos logren llegar a ser electos.
Este tema debiera ser más analizado; importante sería reducir los costos de las campañas electorales. Un tiempo atrás algo se hizo; ¿no podría prohibirse toda la propaganda callejera que inunda calles, lugares públicos y alteran el paisaje?. No podrían establecerse por el Estado lugares públicos gratuitos para esta publicidad y no permitir el uso de otros lugares.
También limitarse la publicidad en otros medios de comunicación como diarios, radios y la televisión y dar financiamiento público a estas comunicaciones en que se dé oportunidades similares a los distintos participantes.
Algo se ha avanzado en estas materias, pero está claro que las disposiciones legales desgraciadamente en grado significativo no se cumplen, e incluso, se asocian a delitos tributarios.
Reducir los costos de las campañas y financiarlas con más aportes públicos, posiblemente contribuya a que tengamos mejores parlamentarios y que ellos lleguen menos endeudados.
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