Medicina natural, actualidad y economía

Continúa desde diferentes frentes el ataque y la defensa en cuanto a lograr un cambio profundo en nuestra constitución, dentro de lo cual entra el tema de la Asamblea Constituyente. Aquí se aborda y critica especialmente la posición de la Democracia Cristiana

Me ha parecido interesante referirme a un artículo sobre una nueva constitución para Chile, escrito por el Licenciado en Historia, Jaime Correa Díaz en que se refiere especialmente a la Democracia Cristiana, partido que debería jugar un papel muy importante en la búsqueda de una auténtica constitución democrática basada en sus principios valóricos del social cristianismo, en los pronunciamientos de sus grandes próceres del pasado reciente y en los ideales de su juventud. Pero no pocos hombres importantes de la DC de hoy, se han distanciado de esos ideales.

En la parte final de este artículo presento en forma integra la columna escrita por Correa Díaz, el 25 de julio en el Diario El Mostrador.

Gran parte de la Derecha persigue que se siga en la misma constitución; algunos aceptan cambios que podrían considerarse marginales. Se tiene recientemente un pronunciamiento representativo de uno de sus antiguos personeros, Sergio Diez. No es de extrañar esta posición mayoritaria de la Derecha chilena que ha sido sin duda en lo inmediato más favorecida en sus intereses por la actual constitución; para su futuro esto le puede ser perjudicial. Al final de este artículo incluyo lo planteado por Diez en el Diario El Mercurio.

Por otra parte extraña que nada menos que importantes miembros del Partido Socialista sean contrarios a una nueva constitución que sea corregida en su integridad. Varios otros se muestran en posición similar en la Democracia Cristiana. Contrasta el viejo Partido Radical por una firme posición de cambio; partido que parece respetar los grandes valores democráticos de una auténtica social democracia.

A continuación hago primero una breve referencia a negativos y preocupantes efectos que el modelo actual de nuestro desarrollo estaría generando, que a mi juicio nos pueden llevar a una profunda crisis. Más adelante me centro en el análisis del interesante artículo de Correa Díaz.

El modelo actual del desarrollo chileno, para muchos, se le considera que está entrando a un proceso de agudización negativa. Se piden cambios profundos en varios sectores. Se destacan educación, salud y el tema previsional. Se mencionan especialmente la profundidad de las desigualdades en la distribución del ingreso y la riqueza y la concentración del poder económico en diferentes áreas, dentro de ésta está el retail y en forma muy especial, las farmacias.

Es preocupante la inseguridad en que se vive y el desprestigio del área política: poderes Ejecutivo y Parlamentario y partidos político. También hay serias reservas sobre el Poder Judicial y sobre la debilidad de las legislaciones existentes para actuar contra los delitos, materia que pasa a ser responsabilidad de los tres poderes del Estado.

Crecen las inquietudes por llegar a una constitución que tenga el respaldo de la ciudadanía. Así se destaca la idea de llegar a una Asamblea Constituyente de amplia representación.

Parte importante de la ciudadanía tiene grandes vacíos en su formación en educación cívica. Esta enseñanza desapareció en la dictadura y extrañamente, la nueva débil democracia, no la reinstauró. La actual constitución es poco conocida y poco analizada. Si se estudiara en profundidad, estoy cierto que grandes mayorías serían mucho más críticas a ella.

Por otra parte las inquietudes sociales se agudizan, la violencia llega a las calles, desde la delincuencia que no aminora, hasta el reforzamiento de los encapuchados que se adhieren a las manifestaciones públicas generadas por diferentes grupos de la sociedad. Pasan a ser frecuente lo incendios de buses. Los movimientos estudiantiles no dejan de actuar y los partidos políticos, como también muchas de las organizaciones tradicionales formales, se desprestigian cada vez más.

En sectores poblacionales se observan manifestaciones preocupantes, no sólo contra establecimientos comerciales privados y contra la autoridad policial, sino que también contra estructuras estatales que sirven a la población más necesitada- salas cunas, jardines infantiles, establecimientos de salud y educacionales. Incluso es hasta atacado el Cuerpo de Bomberos cuando se hace presente en incendios varias poblaciones.

Las fuerzas policiales muestran incapacidad para actuar. Incluso son hasta atacadas en sus propios cuarteles policiales.

La constitución actual hace crisis. El Estado aparece fuertemente debilitado y con las manos atadas para abordar grandes proyectos de desarrollo. El tema energético es un ejemplo claro. Tenemos las energías eléctricas más caras del mundo y con riesgos de entrar en desabastecimientos. Por diferentes razones los proyectos se ven obstaculizados.

En Chile, el Estado no puede poseer ni una farmacia en sectores geográficos necesitados. Su sistema educacional público se ve cada vez más debilitados frente a un sector privado que continúa en expansión, en parte importante de él obteniendo grandes ganancia, incluso en la actividad universitaria en la que está legalmente prohibido el lucro, pero éste se hace presenten en forma vergonzosa. Incluso atrae preocupantemente a la inversión extranjera generando grandes excedentes a los inversionistas nacionales que venden sus empresas educacionales a intereses extranjeros. Los beneficio no son sólo a favor de sectores de derecha, los hay políticamente transversales; parece probable que en torno a esto hay alguna transversalidad a favor de la negativa a cambios constitucionales profundos.

Golpeador es observar a los establecimientos de salud pública que no dan abasto. Horas de esperas en las urgencias y continuas postergaciones en las intervenciones que dañan la vida de los paciente; contrasta eso con las clínicas privadas que se expanden cada día más y donde el lucro se acentúa. Conflictos masivos de la ciudadanía con las ISAPRES que inconstitucionalmente discriminan por género y edad, ya que están basadas sus existencia en esa discriminación inconstitucional.

Creo que no somos pocos los que consideramos que luego deben haber cambios profundos, para que éstos puedan ser encauzados en democracia.

Un camino importante es lograr una nueva y auténtica constitución que refuerce un sentido de nación, seria y preocupantemente debilitado.

Muy interesante me ha parecido la columna presentada en el Diario El Mostrador por el Licenciado en Historia, Jaime Correa Díaz, el reciente 25 de julio titulada “Democracia Cristiana, elite y Asamblea Constituyente

En mi opinión temas importantes de este artículo son:

  1. Las elites que se forman en los países que pasan a tomar poder político, social, cultural y económico, las que tienen gran vocación de poder que lo ejercen en medio de temores. Esta sería la causa directa por modificar ahora el sistema electoral para obstaculizar una asamblea constituyente.
  2. Critica al senador Patricio Walker presidente a la Democracia Cristiana en su posición en contra de una asamblea constituyente al igual que a la Derecha. Ellos constituyen una elite que no quiere perder su poder. Sólo ellos se consideran los que deben dictar las reglas del juego. Olvidan que la soberanía popular es el auténtico constituyente y que la constitución actual es ilegítima.
  3. Una asamblea democrática debe ser representativa de todo el espectro político y social del país. No es exclusivo de un sector político ni sólo de sus promotores.

La tradición DC: crisis y asamblea constituyente.

En este punto destaca:

  • La DC tiene tradición en la defensa de la asamblea constituyente. Frei Montalva en el Caupolicán, Castillo Velasco en su documento “La Patria para Todos”, el Grupo de los 24 y otros integrantes DC ya habían planteado, en plena dictadura, la idea de una asamblea. ¿Por qué hoy no? ¿Están esperando una crisis sin retorno para implementarla? ¿Es tanto el temor de la derecha y las elites a la asamblea?
  • Frei Montalva en 1980 en su discurso en el Caupolican defendió una asamblea constituyente elegida por votación popular u otro organismo representativo de todas las corrientes de opinión nacional para elaborar un proyecto de constitución que vaya a plebiscito.
  • La Alianza Democrática en un documento de 1983 para un gran acuerdo nacional, plantea la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. La DC suscribió este documento.
  • El V Congreso Nacional de la DC del 2007 estableció que era indispensable una nueva constitución y que el procedimiento dependerá del proceso. Aquí ya aparece un debilitamiento de la posición a favor de una asamblea constituyente.
  • La JDC acordó en su V Congreso Ideológico y Programático del 2012, entre otros temas: la ilegitimidad de la actual constitución, la que además favorece la desigualdad y el autoritarismo; las reformas de 1989 y 2005 fueron insuficientes y que son partidarios de una sustitución integra de la constitución por una republicana emanada de la voluntad popular. Sostienen creer que una asamblea constituyente es una herramienta necesaria para una nueva carta magna.
  • Finalmente Correa Díaz plantea las siguientes interrogantes: ¿Por qué tanto trecho entre la teoría y práctica en la actual DC? ¿Por qué no se cumplen los mandatos de los congresos, que son las máximas instancias partidarias?
  • Se responde: los dirigentes máximos, en su mayoría, pertenecen a esa elite. No todos evidentemente, pero sí los más influyentes. Sus agendas son distintas a las del colectivo. Y tampoco se sienten interpretados por los acuerdos, por ello, los descartan, quizás también, en nombre de esa “gobernabilidad” que más bien parece “orden”.

Columnas

25 de Julio de 2013

Democracia Cristiana, elite y Asamblea Constituyente

Jaime Correa Díaz
Licenciado en Historia. Universidad de Chile

Las elites han existido probablemente desde siempre y han cooptado con gran efectividad los distintos espacios de poder político, social, cultural y económico surgidos desde las primeras formas de organización política hasta los Estados modernos. Pero su participación no ha sido sólo desde los Estados, sino desde la influencia que le otorga el poder económico, militar y religioso. Sus influencias también son intelectuales, sociales y culturales. Son elites que tienen una gran vocación de poder y que, por nuestros días, lo ejercen en medio de temores. El caso chileno debe ser de los más paradigmáticos. He ahí la causa directa del apresurado acuerdo sobre el sistema electoral para salir al paso de la asamblea constituyente.

Elite y Poder Constituyente

Tenemos algunos senadores en la DC, entre ellos Patricio Walker, a quienes les dan náuseas la sola idea de una asamblea constituyente; para que hablar en la Derecha. El senador Walker cree que eso es igual a caos, desorden, desgobierno pero, sin embargo, detrás de esas peroratas y alegatos se esconden temas más de fondo, más profundos, que tienen relación con la distribución del poder. La elite piensa que únicamente sus miembros deben dictar las reglas del juego, que nos deben salvar de irresponsables aventureros y revolucionarios trasnochados. El poder constituyente son ellos y no otros. Ellos deben decidir, y no la “calle”, cuáles son las normas que nos deben regir a todos. Piensa él, supongo, que el poder constituyente es una atribución exclusiva y excluyente. Lo barnizan con esto de la “democracia de las instituciones”, de la “democracia representativa”, en fin, eufemismos institucionales para ocultar el desprecio y temor a la soberanía popular.

Pero dichos legisladores olvidan que, independiente que no aparezca en la ilegítima Constitución actual, la soberanía popular es, en definitiva, el auténtico constituyente. La Carta Magna, aunque no le reconozca ese derecho, no está por sobre el derecho del pueblo a dictar democráticamente sus normas esenciales. Habrá que buscar las fórmulas. Incluso, constitucionalistas que no han tenido credenciales democráticas, como Carl Schmidt, tuvieron que admitir el origen en la soberanía popular del poder constituyente. Hablamos en este caso de la Constitución de Weimar.

Algunos —demasiado imaginativos— pensarán que la asamblea estará compuesta sólo por encapuchados, anarquistas, izquierdistas, guerrilleros, combatientes, salidos de novelas del realismo mágico, de aventuras populistas o por combatientes encabezados por el Che o Camilo Torres. Y que la gente “decente” no estará sentada en los curules, que por “derecho propio” deberían hacerlo. Se equivocan. Una asamblea democrática debe ser representativa de todo el espectro político y social del país. No es exclusivo de un sector político ni sólo de sus promotores. De ahí también que hay que estar alerta frente a los sectarismos.

Algunos —demasiado imaginativos— pensarán que la asamblea estará compuesta sólo por encapuchados, anarquistas, izquierdistas, guerrilleros, combatientes, salidos de novelas del realismo mágico, de aventuras populistas o por combatientes encabezados por el Che o Camilo Torres. Y que la gente “decente” no estará sentada en los curules, que por “derecho propio” deberían hacerlo. Se equivocan. Una asamblea democrática debe ser representativa de todo el espectro político y social del país. No es exclusivo de un sector político ni sólo de sus promotores. De ahí también que hay que estar alerta frente a los sectarismos.

La tradición DC: crisis y asamblea constituyente

La DC tiene tradición en la defensa de la asamblea constituyente. Frei Montalva en el Caupolicán, Castillo Velasco en su documento “La Patria para Todos”, el Grupo de los 24 y otros integrantes DC ya habían planteado, en plena dictadura, la idea de una asamblea. ¿Por qué hoy no? ¿Están esperando una crisis sin retorno para implementarla? ¿Es tanto el temor de la derecha y las elites a la asamblea?

En su declaración de principios de 1957, la DC se define por una auténtica democracia en lo político, económico y social. En el primer artículo, propugna como “misión” una “verdadera democracia”, “en la que el hombre pueda obtener su pleno desarrollo espiritual y material”.

En su discurso de 1980 en el Caupolicán, Frei llamaba a la oposición a “encontrar un camino que nos permita ser lo que fuimos: una Patria libre y democrática, con instituciones renovadas de acuerdo a las nuevas realidades y exigencias”.

“Fundados en estas razones es que venimos a proponer una alternativa para Chile, que le permita retornar a la democracia debidamente renovada”, decía, para a continuación señalar que “constituido este gobierno de transición se elija por votación popular una asamblea constituyente u otro organismo auténticamente representativo de todas las corrientes de opinión nacional, que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de Constitución. Este proyecto se someterá a plebiscito, bajo un sistema que dé absolutas garantías, y con opciones claramente definidas y plena libertad de expresión”.

La idea fue posteriormente retomada por la Alianza Democrática, en el documento “Bases del diálogo para un gran acuerdo nacional” (1983), donde propone como uno de los ejes fundamentales para alcanzar un acuerdo con la dictadura, la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución. Dicho documento fue suscrito por la Democracia Cristiana, entre otros partidos.

En el V Congreso Nacional de la Democracia Cristiana, del 2007, expresó que el agotamiento del sistema político y crisis de representatividad nos “… plantea la necesidad urgente de emprender reformas profundas en nuestro sistema democrático para hacerlo más eficaz y acorde a las nuevas realidades”. En dicha línea, se estableció como “indispensable” una “nueva Constitución” y que “el procedimiento dependerá del proceso”, es decir, todas las opciones quedan abiertas.

La JDC, acordó en el área del Sistema Político de su V Congreso Ideológico y Programático del 2012, lo siguiente: “Creemos que el texto constitucional vigente adolece no sólo de una ilegitimidad de origen que jamás se borrará sino, más importante, de una desequilibrada ordenación de sus componentes internos: una que favorece la desigualdad y el autoritarismo”.

A continuación expresa: “Asimismo, consideramos que las reformas constitucionales llevadas a cabo en 1989 y 2005 fueron insuficientes (…)”.

Y finalmente concluye: “Por eso, somos partidarios de la sustitución integra del texto constitucional, a través de métodos que garanticen una auténtica Constitución republicana, emanada de la voluntad popular, que abra un nuevo tiempo, de mayor participación en nuestro país, impulsada desde la política, con la participación de todos los sectores sociales y con garantías constitucionales que aseguren un proceso serio y profundo de transformaciones en Chile. Creemos que la Asamblea Constituyente, en los términos explicados, es la herramienta que Chile necesita para robustecer su democracia, con una nueva carta magna”.

¿Por qué tanto trecho entre la teoría y práctica en la actual DC? ¿Por qué no se cumplen los mandatos de los congresos, que son las máximas instancias partidarias? Los dirigentes máximos, en su mayoría, pertenecen a esa elite. No todos evidentemente, pero sí los más influyentes. Sus agendas son distintas a las del colectivo. Y tampoco se sienten interpretados por los acuerdos, por ello, los descartan, quizás también, en nombre de esa “gobernabilidad” que más bien parece “orden”.

La imposición de la Constitución de 1980

La aceptación implícita de la Constitución de 1980 fue una coacción que fue imposible de sortear para la entonces oposición democrática. La dictadura había sido derrotada, pero mantenían altísimos niveles de influencia política e institucional. El entramado constitucional había establecido mecanismos que resguardaban el legado del régimen y su impunidad. El realismo opositor indicaba que los caminos eran estrechos y peligrosos. No había espacios para maniobras y menos para heroísmos. La vía armada había terminado en el fracaso, la movilización social no había logrado la caída del dictador, y fue con un “lápiz y un papel” como se le pudo derrotar, pero no fue suficiente.

Incluso, a este respecto, en medio de los vítores por el retorno a la democracia, el programa de Gobierno de Patricio Aylwin no fue más lejos que proponer la derogación de algunos artículos que sólo se lograron en parte el 2005. No estuvo en su programa el cambio constitucional. No era por falta de convicción sino por el frágil equilibrio de poderes, y además, por los amarres y la camisa de fuerza que representa la Constitución de 1980.

Una nueva Constitución

Nuestra Constitución, como ha señalado Michelle Bachelet, debe ser hecha en democracia. Y si a eso agregamos que si se hace con la participación de la gente, de los ciudadanos y ciudadanas, mucho mejor.

La DC debe retomar sus mejores tradiciones democráticas; pasar del temor y las desconfianzas, a un firme compromiso por una democratización efectiva de la vida política, económica y social del país. Sólo así se logrará retomar el liderazgo perdido, y no asumiendo posiciones neo conservadoras que tanto daño le han hecho. La reforma al binominal ya no es suficiente, sino que se requiere de una Carta Magna emanada del verdadero constituyente, esto es, la soberanía popular.

Año Electoral 2013 El Merc

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Viernes 26 de julio de 2013

Asamblea Constituyente

Los temas nuevos llevan necesariamente a la necesidad de proteger la democracia representativa, frecuentemente desprestigiada por las multitudes y sin solución de reemplazo, lo que vuelve más indispensable la formación ciudadana que lleve al respeto del orden y la ley…
Sergio Diez

La esperanza de aprovechar los buenos tiempos que vivimos, para lograr avanzar en el progreso integral de nuestra sociedad y no solo sobre su desarrollo económico, nos mueve a analizar nuestra realidad a la luz de las experiencias vividas, sin otra intención que nuestro juicio se una a los que ya han ocupado estas páginas.

Nuestra Constitución de 1980 aparece como el centro de muchas opiniones; ella ha sido modificada, a mi juicio para bien, en numerosas oportunidades, y sus modificaciones, aplaudidas por todos, nos muestran la capacidad de nuestro poder constituyente para interpretar los básicos consensos nacionales. Nada justifica una asamblea constituyente, que aparece como un salto fundacional innecesario y riesgoso.

Las disposiciones sustantivas de nuestra Carta Fundamental sobre el Estado, sus atribuciones, finalidades y límites, están establecidas con propiedad en ella.

La afirmación de que el Estado está al servicio de la persona humana, y la disposición del artículo quinto que señala como límite de la soberanía “el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”, garantizados por la Constitución, y que ha sido reforzada por una reforma que agrega los tratados internacionales ratificados por Chile para elevar los acuerdos sobre la materia adoptados por organizaciones internacionales a rango constitucional, dejan al Estado como “subsidiario” y al hombre como “principal”, evitando así las tentaciones totalitarias. Los quorums altos para reformar la Constitución se refieren sustancialmente a los derechos de las personas, creando las motivaciones para los consensos.

No resisto la tentación de incluir las palabras textuales del Presidente Lagos al promulgar la Reforma Constitucional del año 2005, aprobada por el Congreso Pleno por 150 votos contra 3: “Felicitémonos por este paso trascendente, hoy es un gran día para Chile. El Congreso Pleno ha ratificado un conjunto de cambios a la Constitución, que Chile venía reclamando desde hace muchos años. La sociedad chilena, que nunca ha perdido su espíritu democrático, venía construyendo desde hace años una práctica democrática que no se reflejaba en la Constitución. Hoy, el nuevo texto constitucional se pone a la altura del espíritu democrático de todos los chilenos. Todos sabemos que la Constitución nacida como expresión de un régimen autoritario no expresaba a la mayoría de los chilenos y mucho menos era expresión de unidad nacional”.

“Hoy tenemos, entonces, en Chile un día de alegría, de unidad, de reencuentro con nuestra historia. Como Presidente de todos los chilenos agradezco a todos los ciudadanos que lucharon por contar con una Constitución a la altura de nuestro espíritu libertario, agradezco a todos los partidos que pusieron su empeño en esta tarea, agradezco al Congreso Nacional, a todos sus miembros que han hecho posible que desde ahora Chile pueda mostrar al mundo un texto constitucional que lo hace participar plenamente de las naciones democráticas”.

Nuestras instituciones son firmes y han funcionado bien, su descrédito ante la opinión pública proviene más de palabras y actitudes de algunos de sus miembros, las que son destacadas por los medios, por sobre su acción y su trabajo, que aparecen a menudo en informaciones dispersas y sin títulos atractivos.

Es necesario tener cuidado con los juicios que se formulen sobre ellos, sobre todo cuando afectan a características de trascendencia creadas no solo por la ley, sino por la tradición, como la independencia del Poder Judicial, cuyas resoluciones pueden ser analizadas por la ciudadanía para que el Poder Judicial sepa lo que se espera de él, pero es inconveniente que sean analizadas y evaluadas por los otros Poderes del Estado, que frente a resoluciones que les parecen inadecuadas tengan la tentación de aplicar su iniciativa legislativa en la materia, pudiendo así dañar la principal garantía de la democracia y los derechos de las personas, que es la independencia del Poder Judicial, la que seguramente no apreciamos debidamente como tampoco lo hacemos con el aire que respiramos.

Nos corresponde enfrentar tiempos nuevos con nuevos desafíos para nuestra vida en sociedad que por lo demás se manifiestan en todo el mundo con las características propias de cada país.

El progreso de la ciencia y la tecnología han originado un cambio real en la vida política. Los innumerables y eficaces medios de comunicación han logrado que las personas se informen y comuniquen con facilidad en todas partes del planeta y a la vez intercambien sus ideas y organicen reuniones y actos políticos con gran poder de convocatoria. Lo anterior ha planteado problemas de consideración en la vida política, principalmente en la reglamentación de reuniones y actos públicos, en lo que es necesario, a la vez de garantizar el derecho de reunión, defender su ejercicio de los actos de violencia o delictuales. Para ello resulta indispensable la creación de delitos de perturbación del ejercicio de los derechos constitucionales, entre ellos de reunión y prensa, y su reincidencia, con el fin de proteger a quienes ejerzan estos derechos y a las personas que viven o trabajen en sus cercanías.

Al mismo tiempo, la facilidad de las comunicaciones causa una repercusión considerable al Estado, a los partidos políticos e incluso a empresas privadas y personas con impacto social, todos los cuales están obligados a buscar la aprobación de la comunidad de sus métodos y fines, por la fuerza que esta tiene frente a las autoridades.

El escenario actual obliga a profundizar la democracia por medio de la transparencia y dar un mayor contenido a la cultura, para evitar que los adelantos tecnológicos sean usados demagógicamente por los perturbadores de la vida social y a veces al servicio de mezquinos intereses.

Los temas nuevos llevan necesariamente a la necesidad de proteger la democracia representativa, frecuentemente desprestigiada por las multitudes y sin solución de reemplazo, lo que vuelve más indispensable la formación ciudadana que lleve al respeto del orden y la ley.

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