Enfrentamos una verdadera calamidad nacional de más gravedad que un temor de guerra o guerra misma frente a otros u otros países. Nuestra constitución prohíbe que el Banco Central preste al Gobierno, salvo en caso de temor de guerra o de guerra.
He insistido en varias oportunidades en que en caso de una catástrofe nacional el Banco Central pueda prestar al Gobierno. La catástrofe debería ser calificada por el Poder Ejecutivo y aprobada por ejemplo por los dos tercios del Senado.
Esto pudo darse en el pasado frente a fuertes terremotos o a grandes incendios como el que tuvimos en los cerros de Valparaíso. Frente a esas catástrofes el Gobierno se encuentra con limitaciones de financiamiento y ha sido habitual que se reduzcan presupuestos para el desarrollo de otras regiones. Además de esas fuentes se llega a recursos limitados y con retrasos y , por ello debería ayudar el Banco Central a financiar esas emergencias.
La pandemia sin duda constituye una verdadera catástrofe, posiblemente de mayor grado del de una guerra. Por ello la fuente financiera Banco Central debiera hacerse presente y es muy probable que no origine presión inflacionaria sino al contrario, la recuperación parcial de la demanda, que estimule la recuperación de la actividad económica.
Se ha visto que los dineros sacados de las administradoras de fondos de pensiones(AFP) para disponibilidad de sus ahorrantes ha significado un efecto positivo en la demanda y además un importante alivio a muchas familias afectadas por sus pérdidas de trabajo y/o de otras fuentes de ingresos.
Se autorizó un retiro de fondos hasta ciertos límites, con el compromiso que ello iba a ser solo por una vez. Es indiscutible que lo aprobado ha terminado en afectar gravemente a este sistema previsional, tanto a los ahorrantes para sus futuras jubilaciones como a las empresas misma que constituyen el sistema.
Sin duda que estos primeros retiros, que iban a ser los únicos, generaron un efecto muy positivo en las familias favorecidas y en el aumento de la deprimida demanda, con efectos positivos en la economía en general.
Sin duda la primera entrega favoreció a los que lo recibieron, pero no lograron que los problemas volvieran a hacerse presente. Ello ha motivado un apoyo político transversal para establecer un nuevo retiro.
En mi opinión considero que la solución podría ser otra, en lugar de retirar fondos ahorrados para la futura jubilación, los volúmenes financieros estimados se cubran con préstamos del Estado en condiciones favorables para que más adelante los imponentes puedan devolver esos recursos al Estado. Recuerdo que en el pasado la Caja de Empleados Públicos prestaba a sus imponentes para llenar periodos de lagunas de trabajo y por lo tanto de imposiciones, con bajos descuentos adicionales. Recuerdo que yo pude llenar un par de años previsionales con este sistema de ayuda.
Estos recursos podrían provenir de préstamos del Banco Central al Gobierno. Para ello habría que gestionar una rápida reforma constitucional y legal que permita al Banco Central prestar al Gobierno frente a una catástrofe nacional, calificada como tal tanto por el Ejecutivo como por una amplia mayoría del Senado.
Estimo que estas reformas constitucionales y legales podría tener una rápida aprobación en Chile en las situaciones actuales.
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