Medicina natural, actualidad y economía

Discutible estrategia del Gobierno de Chile para enfrentar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del COVID-19. Importante que el Banco Central pueda directamente prestar al Gobierno para enfrentar la crisis

Lo más importante es que la población tenga los recursos financieros y materiales para satisfacer sus necesidades básicas.

Desgraciadamente se han llevados caminos errados, posiblemente en parte por perseguir otras finalidades.

Se ha hecho sentir siempre que los recursos financieros son limitados y que pueden provenir de un par de fondos soberanos que el país tiene depositados en el extranjero.

Para una situación como la que enfrentamos, los recursos financieros debieran ser ilimitados, para ello requeriríamos una rápida modificación de la Constitución que extienda la atribución del Banco Central de prestar al Gobierno frente a una calamidad pública, como está autorizado actualmente prestar al Gobierno en caso de guerra o temor de guerra.

Parece increíble que economistas y abogados estarían propiciando que el Banco Central pueda financiar al Gobierno solo a través de compra de bonos del Estado en el mercado secundario siempre que estén de acuerdo los 4/5 de los consejeros del Banco Central.

Ello requiere una reforma constitucional, que seguramente de llevarla al Parlamento con estas exigencias motivará no rápidas aceptaciones. Parece increíble que se deje pendiente necesarias disponibilidades de dineros del destino de un proceso tan lento, limitado y encarecido como es la compra de bonos del Estado en el mercado secundario.

Además inquieta la lentitud en la entrega de recurso financieros, por ejemplo los que tienen que ser aportados a las municipalidades para enfrentar nuevas obligaciones e incluso por el desfinanciamiento derivados de la reducción de sus ingresos propios, consecuencia principalmente  de los ítems permisos de circulación y pago de patentes.

Días atrás, frente a la queja municipal para enfrentar nuevas responsabilidades asignadas a sus consultorios, la explicación del Gobierno fue que esas entregas debían ser autorizadas por la Contraloría. Eso no debería ser; el Gobierno debiera tener plenas facultades para operar en casos de calamidad pública. No es aceptable que por un trámite burocrático se agraven enfermos, se produzcan fallecimientos o se posterguen procesos de prevención de nuevos contagios.

Parece increíble que los fines de semana el Registro Civil no pueda registrar los fallecidos por la pandemia. Ello posterga los entierros o las cremaciones y altera la veracidad de los fallecimientos diarios.

Tuvimos la triste experiencia de la decisión repentina, precipitada e inmadura del Gobierno de repartir 2,5 millones de cajas de alimentos básicos más otro material sanitario. Con ello se pretendía dar una ayuda básica a unos 10 millones de habitantes que solucionaban el tema principal de la alimentación por solo unas dos semanas. Reunir esa cantidad de canastas alteró los mercados normales y significó entre otras materias distraer a los ministros y otras autoridades de sus responsabilidades propias, en la participación en el reparto, con gran publicidad oficial. Al parecer eso persiguió mejorar la imagen del Gobierno al captar y difundir la felicidad generada en quienes recibían este regalo.

La población necesita además de sus alimentos básicos, poder cubrir otras necesidades vitales como es sus medicamentos, el financiamiento de su vivienda y de los otros servicios básicos como electricidad, combustibles, agua potable, etc. Por ello necesita fundamentalmente dinero.

Necesita también acceso espacial a sus abastecimientos y por lo tanto que funcionen almacenes, supermercados, farmacias, ferias libres, etc. Debe procurarse que todos esos establecimientos ofrezcan los productos básicos fundamentales.

Por otra parte debe darse un tratamiento especial a los hogares de ancianos y de los que sean integrantes de familias que tienen afectados por el virus.

Podrían ser buenas colaboradoras las Fuerzas Armadas. Debe tenerse presente que ellas conocen muy bien las logísticas para enfrentar situaciones de guerras, de sectores donde están presentes los actos bélicos y por espacios ocupados o que están en riego de ocupación. Como también del abastecimiento de los ejércitos en acción tanto de municiones y otros recursos bélicos y desde luego, de alimentos y medicamentos.

Una pandemia como fuerte epidemia nacional, puede considerarse incluso más que una guerra o un temor de guerra, porque en los actos bélicos los territorios afectados o con riesgos de ser ocupados son solo partes geográficas parciales de la geografía de un país. En cambio, en caso de esta situación de epidemia, está afectada la población de todo su territorio ya sea por la enfermedad misma como también enfrentar el riesgo de contraerla.

 

 El retiro de ahorros previsionales acumulados en al AFPs para jubilación futura.

Desgraciadamente  esta idea en tiempo de crisis es muy populista. Posiblemente alentada por un fuerte movimiento contra este sistema previsional.

Parece increíble que esta iniciativa que exige una reforma constitucional, ya haya sido aprobada por la Cámara de Diputados, a pesar del alto quórum exigido.

El Gobierno con sus partidos políticos que lo apoyan, no contó con su votación plena de ellos para rechazarla; de sus dos partidos más importantes que lo sustentan, hubo diputados que votaron a favor de la iniciativa. A lo menos un parlamentario de oposición se abstuvo; varios otros tenían sus reservas, pero votaron por su apoyo.

Esto ha originado una crisis política importante, especialmente en el apoyo de sus partidos al Gobierno.

El tema es delicado, que frente a una crisis sanitaria, se debilite el Poder Ejecutivo por intervenciones de parlamentarios de sus dos principales partidos que lo sustentan.

Sin duda es atractivo para muchos es el poder extraer un 10% de sus ahorros para disponer libremente de ellos. Pero el proceso para llegar a ello es largo y además beneficia solo a una parte de la población necesitada.

Se ha señalado por economistas, que el que decida retirar un determinado monto, va recibir una cantidad menor, ya que el monto está invertido en valores que hay liquidar y es posible que se obtenga en su venta una cantidad menor de lo que nominalmente se pretendía conseguir. Ya la noticia de esta aprobación habría sido una causa de una fuerte caída del valor de las acciones en la Bolsa de Santiago, lo que probablemente origina reducción de los valores de los fondos acumulados.

La demora en llegar a aprobar la reforma constitucional para ese retiro es significativa; se señala además que la AFP tendría 100 días para hacer la entrega.

Por otra parte hay posibilidad de que la reforma no se materialice, lo que sin duda generará una inquietud social importante.

Hay así tres temas de inquietud, uno que no se apruebe la reforma, se frustra una ilusión; segundo tema, la demora en recibir los dineros y el tercero, el de recibir un monto menor al decidido retirar expresado en valores del fondo. Además este en un ingreso sólo por una vez. Lo que se necesita es un flujo.

Por otra parte ya se ha creado una seria consecuencia política, enemistad entre los dos mayores partidos que apoyan al Gobierno y divisiones internas dentro de esos mismo partidos.

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Hay consenso bastante amplio de críticas al sistema previsional de la AFP. Su partida fue con errores, con argumentos y procedimientos dañinos, con atractivos y promesas inalcanzables.

Los resultados iniciales fueron positivos, posiblemente porque los valores de las acciones de muchas empresas estaban deteriorados y al crearse una importante demanda por ellas sus cotizaciones subieron apreciablemente. Pero eso fue solo lo inicial. Los que jubilaron en los comienzos obtuvieron relativamente buenas pensiones.

Se atrajo a los que estaban en el sistema anterior tanto “con la zanahoria como con el garrote”. Se estableció un descuento previsional menor que el que tenía el sistema histórico, por lo cual las remuneraciones recibidas netas subían para los que se incorporaban al nuevo sistema.

Por otra parte se anunció que el monto de la jubilación futura iba a ser muy cercano al de la última remuneración en trabajo.

El garrote; se amenazó que más adelante el traslado iba a ser obligatorio.

El fracaso del sistema frente a lo que se ofreció, se ha basado principalmente en el bajo porcentaje de la imposición y en el aumento de la esperanza de vida del imponente. Sin duda esto último era de esperar.

A no dudar el sistema de la AFP debe cambiar a los menos en el alza de las imposiciones, y por lo tanto en una rebaja de las remuneraciones netas.

Además se ha planteado agregar una imposición patronal, lo que se traduce para la empresa en un aumento de costo de su fuerza laboral contratada.

En mi opinión, la imposición debería ser sólo del imponente. Tener presente que el empleador retiene la imposición y él la debe depositar en la AFP. Si no lo hace, comete un delito mucho más grave que el que comete al dejar de pagar oportunamente la imposición que él aporta, porque el queda con una deuda y no con una apropiación de dinero ajeno.

La imposición patronal, le encarece al empleador la remuneración de su trabajador y tarde o temprano afectará los reajustes de remuneraciones al factor trabajo.

Pienso que crear o aumentar la imposición patronal es una medida populismo más.

Lo que debiera a mi juicio establecerse es hacer participativo al trabajador de las utilidades de la empresa.

Lo veo bastante conveniente por ejemplo en la agricultura de exportación, de resultado muy incierto, por las inestabilidades de los precios internacionales de los productos que exporta y del valor de la divisa, en un país como Chile que ha carecido de una política cambiaria.

Desgraciadamente el valor del dólar está estrechamente ligado al muy inestable precio mundial del cobre.

Es de lamentar que Chile se ha caracterizado por una falta de política cambiaria en que el valor de la divisa depende fundamentalmente del precio del metal rojo y de la evolución de la economía china.

La participación en las utilidades de los trabajadores es muy importante tanto para el productor por reducir sus riesgo como para que el trabajador contribuya a que las utilidades de la empresa sean mayores, para beneficio propio. Es una positiva integración entre el capital y el trabajo, tendiente además a un mejoramiento de la productividad.

Los monetaristas mucho temen que al poder prestar el banco Central al Gobierno se genere inflación. Eso no es tan cierto. La autorización debe ser para situaciones muy especiales; se tiene experiencias en este sentido positivas. Al haber recesión económica es muy importante estimular la demanda, con ello se genera producción, empleo y crecimiento económico.

Además existen otras medidas para evitar que el mayor dinero circulante genere inflación; recuerdo cuando el Presidente Jorge Alessandri tomó la racional de medida de pagar a los contratistas de obras públicas las altas deudas que el Gobierno tenía con ellas, uso el sobre encaje bancario para evitar que el mayor dinero emitido no fuera multiplicado por el bajo encaje bancario que normalmente existe.

El Gobierno de Allende en su primer año de Gobierno, mucho recurrió a los créditos del Banco Central, generando una mayor demanda que motivó aumento de la producción sin inflación, gracias que había capacidad productiva ociosa y se tenía divisas para importaciones. Posteriormente los déficits fiscales sí generaron una fuerte y creciente inflación.

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