Mucho me ha extrañado la posición del Gobierno de defender este tan discutible y criticable proceso para financiar del orden de sólo unos 600 millones devdólares. Parece un capricho por una parte y por otra, bien podría corresponder a un mecanismo para reforzar a la empresa privada extranjera, garantizándole un congelamiento de una política tributaria por un largo período.
Cabe una primera pregunta. ¿Ya ha negociado el Gobierno con las empresas mineras para poder asegurar que esta medida de política aportará esos 600 millones de dólares de que se habla?
Se ha generalizado bastante la información que la inversión extranjera en minería chilena sería una de las que menos tributa si se le compara con lo que pasa en otros países.
Debe tenerse presente que esto descansa sólo en una oferta de alternativa al sector privado para que escoja entre seguir igual o ganar una estabilidad tributaria a futuro. En mi opinión la empresa privada debería actuar racionalmente y escoger la alternativa que a ella más le convenga y por lo tanto, podría decirse, que escogerá la menos conveniente para el Estado chileno. La empresa privada debe luchar por el interés de sus socios, de sus accionistas, más que por los intereses nacionales donde establece sus inversiones.
Me pregunto: ¿qué nos está pasando a los chilenos que parece que no reaccionamos a lo que se pretende llegar?. Parlamentarios muy sólidos de la Concertación se han opuesto con mucha firmeza, pero lamentablemente el senador Escalona mostró en un momento una posición favorable a esta negociación, al parecer para no perder votos en las regiones afectadas por el terremoto y maremoto, y no sólo perder votación en esas regiones sino que también en las otras que se le han recortado recursos presupuestarios para alimentar el financiamiento de la reconstrucción. Es posible que otros parlamentarios puedan pasar a tomar posiciones similares a las del senador Escalona, quien afortunadamente parece que recapacitó.
Cabe preguntarse si es justo que un país pierda por unos 15 años la soberanía nacional de legislar durante ese lapso sobre la tributación minera. Esto me recuerda cuando el alcalde de Santiago Joaquín Lavín vendió los derechos permanentes a disponer su municipalidad de agua potable sin costo, para conseguir unos recursos inmediatos. Seguramente le significó una fructífera inversión a la empresa de agua potable; cuánto nos está pesando esa decisión y cuánto lo seguirá haciendo a futuro la obtención de esos limitados recursos que se podría decir que hasta se esfumaron en proyectos de poco significado. Sería interesante revisar cómo se hicieron los cálculos para valorar esa venta de derechos permanente; a que tasa de actualización se trabajó para hacer esa valoración y cuáles son las tasa de interés que han imperado en Chile.
La derecha de hoy parece muy diferente a aquella que tanto contribuyó en el pasado a formar nuestra nación. Me permito preguntarme, qué diría un Jorge Alessandri sobre proposiciones de la naturaleza del royalty minero.
El país debe financiar esta reconstrucción sin perjudicar el desarrollo de Chile y sus regiones. Las fuentes debieran ser básicamente aumentar impuestos, que podrían ser transitorios, conseguir donaciones y fomentar un ahorro nacional. No podría el mismo presidente Piñera y otros personeros que disponen de grandes recursos económicos prestar al Estado chileno esas sumas a una prudente tasa de interés en lugar de hipotecar a Chile en su política tributaria minera. En el pasado reconstrucciones de daños de sismos fueron en parte financiadas con los llamados bonos de la reconstrucción.
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