Parece hacer crisis la educación pública chilena, como también parte importante del sistema universitario privado, teóricamente sin fines de lucro.
Me refiero a inquietudes sobre los últimos acontecimientos y sobre el tema de su financiamiento. Debe hacerse referencia especialmente a la educación municipalizada y a la educación superior técnico profesional.
Termino este artículos con algunos planteamientos personales que considero más importantes sobre cómo debiera ser la educación en Chile.
Debe hacerse una profunda reforma, basada en un cambio de valores.
No pierde actualidad el tema de la educación. Golpea la información de cómo ha operado la Universidad del Mar con procesos que aparecen como escandalosos, que también comprometen a la Comisión Nacional de Acreditación.
Se vio no hace mucho cómo ese ingeniero Patricio Basso, que fuera un gran líder en la lucha por la Universidad de Chile durante la Dictadura Militar, fue destituido como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, por procederes de él que parecían ajustarse a principios y ética relacionados con esas importantes responsabilidades.
Hace poco leía una carta de Basso a El Mercurio en que criticaba, a mi juicio con serios planteamientos, la posición del Ministro de Educación en que manifestaba normal que una universidad privada aportara a otra institución parte de su patrimonio sin establecer ni intereses ni reajustes.
Hoy he oído por la radio declaraciones de Basso sobre temas relacionados con la acreditación de universidades y con los fines de lucro. Su actuación ha servido para que tanto la Contraloría como el Ministerio Público se lancen en investigaciones que ya están dando resultados sorprendentes.
En estos días vemos nuevamente las publicaciones en los diarios a páginas enteras en que universidades privadas cuentan sus maravillas y las universidades públicas también deben hacer publicidad para captar alumnos y poder subsistir gracias a los aranceles pagados por sus alumnos. El sistema universitario actual es sin duda una fuente importante de ingresos para la prensa; bien puede ser que ello haya contribuido a que menos se critique de lo conveniente a este sistema de educación superior.
Inquietudes sobre el financiamiento y el sistema financiero
Hace poco tiempo atrás apareció lo relacionado con los créditos otorgados por CORFO a los estudiantes universitarios. Sorprende saber las altas tasas de interés al cual se otorgaron estos créditos. Se mencionan incluso tasa de interés real de hasta un 9%.(UF más 9%).
Contrasta esta realidad con lo que existía en la antigua democracia; la educación universitaria era mayoritariamente gratuita. La cantidad de profesionales que se formaban estaban en relación con las necesidades del país y las becas se otorgaban para alumnos de familias de bajos ingresos para financiar otros gastos en que debían incurrir. Muchos profesionales formados gratuitamente salían comprometidos con la sociedad.
Para los que pensamos distintos, extraña que CORFO sea la que haya otorgado créditos para pagar altos aranceles a esas elevadas tasas de interés y con cláusulas bastantes exigentes. Recordemos que también muchos créditos para estos fines fueron otorgados por la banca privada con el aval del Estado y también fueron de altas tasas reales de interés, aunque al parecer algo más bajas de las que CORFO estableció para sus créditos de educación. Resultados de estas actuaciones de CORFO y del Estado han terminado generando altos ingresos a las universidades, al parecer varias de ellos con fines de lucro, como también importantes utilidades del sistema financieros, a costa del endeudamiento de las familias que aspiran a que sus hijos sean profesionales universitarios.
Preocupa que el sistema crediticio para la educación haya aportado altísimos ingresos potenciales al sistema financiero tanto privado (banca comercial privada) como al sistema financiero público (Banco del Estado y CORFO). Incluso el aval del Estado, pasa a ser un sistema público que termina entregando recursos fiscales al sistema financiero.
A mí personalmente me preocupa mucho el poder del sector financiero de Chile.
Debe recordarse el favorable tratamiento que le dio el Gobierno Militar al sistema bancario en quiebra a comienzos de los años 80 para superar la grave crisis económica financiera que enfrentaba el país. Las deudas incobrables pasaron a ser financiadas por el Banco Central, generando la llamada deuda subordinada sin compromisos de plazos para pagarlas. Se establecieron créditos de CORFO para la compra de acciones bancarias de nuevas emisiones mediante lo que fuera llamado un capitalismo popular; se eximieron de impuestos a la renta a las utilidades derivadas de estas inversiones. Al comprador de estas acciones se les daba un crédito para adquirirlas, el que se pagaría con el reparto preferencial de utilidades para esta nuevas emisiones. Eso estuvo condicionado a que no hubiese concentración en la propiedad de los bancos; pero eso no se cumplió. La concentración de la propiedad de la banca comercial es indiscutible.
He sido muy crítico a los que ha hecho nada menos que el Banco del Estado de Chile con el ahorro privado nacional. Cómo ha destruido un verdadero capital social que venía formándose desde los años treinta con la Caja Nacional de Ahorros, que hizo una meritoria labor de fomento del ahorro en Chile, partiendo desde los escolares con diversos sistemas de promoción, tarea que después asumió el Banco del Estado que nace en el último gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo con la fusión de Caja Nacional de Ahorros con dos otras instituciones financieras menores impulsoras del desarrollo, la llamada Caja Agraria y el Instituto de Crédito Industrial, ambas con las nobles tareas de apoyar a la pequeña y mediana empresa industrial y agrícola.
Habríamos llegado a que se tuviesen en Chile más de 10 millones de cuentas de ahorro en el Banco del Estado. Este banco estatal durante el gobierno del Presidente Lagos y siendo presidente del Banco del Estado el economista Jaime Estévez, estableció una comisión trimestral reajustable a las cuentas de ahorro que se ha traducido en importantes ingresos a esta institución financiera a costa de la apropiación de patrimonios de millones de ahorrantes; esto ha significado una destrucción de este verdadero patrimonio social chileno constituido por ese sistema de ahorros que tanto beneficio trajo a Chile.
La prensa no aborda este tema. Cabe preguntarse por qué.
La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, CONADECUS, ha llevado adelante una demanda colectiva contra el Banco del Estado abordando parte de los abusos anteriores, con resultados hasta ahora positivos, que ya lleva ocho años, salvando todos los escollos que se les ha puesto. Parece increíble la demora de ya más de seis meses del fallo final de la Corte Suprema; parece no haber conciencia nacional de la gravedad de lo que ha sucedido.
Mirando hacia atrás a uno le cabe la duda si esa actividad crediticia de CORFO para la educación superior se ajustaba a las finalidades de la gran corporación de desarrollo del pasado. Cabe preguntarse hasta dónde los créditos de esta institución de fomento no han contribuido al desequilibrio en la formación técnico profesional, a favor del número excesivo de profesionales, relación perjudicial al desarrollo del país.
Se ha hecho pública en estos días la elevada morosidad de los servicios a estos créditos. Es comprensible si se sabe que no pocos de los endeudados desertaron de la educación universitaria y posiblemente mucho de los recibidos han enfrentado un difícil mercado ocupacional con alta proporción de laborantes en funciones que podrían ser desarrolladas por una fuerza de trabajo con formación de más bajo costo.
Hasta dónde cabe preguntarse si estas ayudas financieras han contribuido a que jóvenes que no tenían aptitud para ser profesionales sigan estudios en los cuales o no iban a terminar o bien iban a egresar con una baja potencialidad de rendimiento en su profesión.
La incapacidad de servir las deudas educacionales ha llevado a este gobierno a buscar soluciones sobre la base de bajar las tasas de interés, cubriendo con presupuesto fiscal las diferencias entre las tasas a las que el sistema bancario comercial otorgó los créditos y ahora las nuevas tasas establecidas de cobro real, rebajadas a un 2%.
Los créditos CORFO no fueron inicialmente sometidos a esta rebaja de interés a costo fiscal; sólo recientemente el Ejecutivo ha tomado la iniciativa en ese sentido, iniciativa que debe ser calificada en mi opinión de plausible. Se habla que esta rebaja se origina de la presión de la oposición parlamentaria, haciendo fuerza mediante rechazos a partidas presupuestarias.
Lo que es grave también es que esta rebaja de intereses es sin efecto retroactivo y no favorecerá a los deudores morosos; ha de suponerse que una importante proporción de ellos deben ser de familias con situaciones económicas más críticas.
Inquietudes sobre los efectos de la focalización de las ayudas
Iniciativa plausible para aliviar a muchos hogares, pero preocupante en algunas de sus características. Se margina a un porcentaje de familias que tendrían relativamente altos ingresos. Nuevamente aparecen estos criterios de focalización que generan tremendas injusticias en los que quedan en el límite de los niveles establecidos; se cae en los mismos errores del periodo de la Concertación con esos bonos en que se limitaba su entrega a una línea de ingresos hacia abajo. El que tenía un ingreso ínfimamente superior a la línea límite, no recibía nada.
Esa escuela de los famosos tramos proviene del neoliberalismo que nace con la dictadura militar; se inicia con las asignaciones familiares diferenciales. Surgen como una especie de transición a la posición inicial de eliminar la asignación familiar, para después llegar al sistema de los tramos.
Este gobierno ha seguido esa escuela de los tramos; se podría decir demagógicamente e incluso, a mi juicio, con una falta de ética política. Se anuncian entregas como los bonos por bodas de oro, para después limitarlas a niveles de ingreso y a no su aplicación con efectos retroactivos; no hubiera sido mejor dar a cada matrimonio en bodas de oro la entrega de un diploma de reconocimiento del Estado de Chile y la entrega de un monto, por ejemplo una UF para efectuar una pequeña celebración.
También se ha hecho demagogia con la eliminación de los descuentos por salud a los jubilados. Se proyecta la imagen de que beneficia a todos, para después entrar en lo que se podría decir los resquicios legales para reducir los gastos.
Acortamiento de las carreras para bajar costos
Volviendo al tema del financiamiento de la educación superior, dado al parecer los altos montos que ha de significar, se procura acortar las carreras universitarias para bajar sus costos. Ya se conocen la debilidad en su formación de muchos egresados universitarios, ahora se pretende agudizar los vacíos de esta formación.
Un buen profesional requiere una sólida y amplia formación, como también una mayor madurez con sus años de vida universitaria. Al parecer se pretende llenar esos vacíos con estudios de postítulo y posgrados, que signifiquen nuevos costos y nuevos ingresos para el sistema universitario.
A continuación planteo mi opinión sobre aspectos importantes que considero deben cumplir la educación en Chile.
La educación pública gratuita debiera estar al alcance del que lo desee; ésta debe ser de calidad como era en el pasado. La municipalización ha sido nefasta y nefasta es la forma como se calculan los aportes a las municipalidades en función del número de alumnos y de su asistencia.
La educación pública debe estar basada en que a cada establecimiento se le considere un proyecto o una empresa con características propias, que debe tener su programa de operación, perfeccionamiento y desarrollo.
La red de establecimientos educacionales debe considerar especialmente la distribución espacial de la población.
El sistema actual motiva que las comunas más pobres tienen peor educación fiscal; tienen seguramente costos mayores y menos recursos propios pueden aportar al sistema educacional. Se empiezan a cerrar escuelas. Es probable que más bajas asistencias se tenga en las comunas más pobres, más morbilidad y mayores obstáculos de otra naturaleza para asistir a los establecimientos educacionales.
La educación en Chile requiere una reforma profunda.
Debe basarse además de en lo antes señalado, a lo menos también en:
La educación en Chile requiere una reforma profunda.
Debe basarse además en lo antes señalado, a lo menos también en:
La educación en Chile requiere una reforma profunda.
Debe basarse además de en lo antes señalado, a lo menos también en:
- Un trato digno al profesorados y pagarle la deuda histórica que se tiene con ellos. Su carrera profesional debe cubrir el territorio nacional y recibir una remuneración digna y estabilidad en sus cargos. También considerar especialmente su perfeccionamiento.
- La educación pública debe dejar de depender de las municipalidades, pasar a ser responsabilidad directa de una estructura nacional ministerial.
- La educación pública debe volver a ser de calidad y gratuita.
- Las universidades públicas deben tener un financiamiento sólido y autónomo como existió en el pasado a base de leyes especiales que les garantice ingresos reales crecientes; sólo así se logra una verdadera autonomía universitaria. Desgraciadamente este tipo de financiamiento es inconstitucional; la Constitución, en ese aspecto a lo menos, debiera modificarse para que puedan existir impuestos para fines específicos.
- Las existencias de carreras profesionales y técnicas y sus cupos deben estar basados en las necesidades actuales y potenciales del país.
- Las carreras que se cursen deben basarse en la vocación y potencialidad de los alumnos y no en la capacidad financiera de quienes estudian o de sus familias.
- A medida que el alumno avanza en sus cursos deber ir cumpliendo exigencias para el avance hacia las carreras profesionales: los que no las cumplan debieran desviarse a carreras o formaciones técnicas, para más adelante tener la posibilidad a ascender hacia nuevas aspiraciones.
- Debiera reestablecerse un sistema universitario como el de la antigua Universidad Técnica del Estado.
- Las universidades públicas y privadas deben desarrollar no sólo actividades de docencia, sino que también de investigación y extensión.
- No deben las universidades tener realmente fines de lucro.
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