Cuesta entender cómo el Gobierno llega a actuar de esta forma. Niega primero a los servidores públicos un reajuste a lo menos equivalente a la recuperación de la inflación, para después entregar un sistema de escalas que significa una rebaja de remuneraciones reales a una parte importante de la estructuras de trabajadores del sector público. Las presiones laborales consiguen ya la oferta de un 10 %, pero persiste lo que persigue el Gobierno de establecer sistema de tramos; termina esto ya pareciendo un capricho que genera un significativo costo.
La realidad ha demostrado que es necesario que el Gobierno pague altas remuneraciones al personal calificado para abordar complejas tareas. Se han llegado a establecer criticables mecanismos para pagar más a personal que se le necesita; ahora se pretende bajar remuneraciones a los que tienen niveles más altos.
Si se desea originar una redistribución de ingresos o reducir brechas, no parece adecuado hacerlo en procesos de esta naturaleza que deben ser rápidos; mezclar objetivos es peligroso. Se afectan las carreras funcionarias, que en un Estado eficiente, son muy necesarias.
Existe conciencia de que en los altos mandos y en los profesionales especializados del sector público, sus remuneraciones son comparativamente bajos con relación al sector privado; no se consigue fácilmente para el sector público personal calificado para muchas de sus funciones básicas. Existe la triste experiencia con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y al parecer de otras reparticiones, que recibieron remuneraciones extras, con fondos provenientes de gastos de representación, exentos extrañamente esos ingresos adicionales de impuestos a la renta, o de ingresos proveniente de pocos claros y éticos sistemas en que los recursos del Estado pasaban por empresas privadas para sobre sueldos, incluso aparentemente de funcionarios, que a ellas mismas debían controlar o fiscalizar. Se suma la triste realidad de que responsables de tareas de fiscalización del Estado, inclusos ex Ministros de Estado, pasan rápidamente a trabajar en empresas relacionadas y por ellos antes contraladas. El actual Ministro de Obras Públicas recientemente ha considerado como vergonzoso que funcionarios que fueron expulsados de su ministerio, han pasado a desempeñarse en empresas relacionadas con ese ministerio.
Posiblemente estas escalas de reajustes tienen varias causales, una de éstas es procurar que los gastos en remuneraciones sean en promedio menores a la inflación histórica, frente a un nuevo ejercicio en que es posible se presente un déficit fiscal y una inflación menor. Además se ha mencionado que los reajustes del sector público marcan una senda para reajustar al sector privado, y con ello entonces contribuir a crear presiones inflacionarias futuras por la expansión de la demanda, como también llegar a ser un factor contribuyente a la generación de mayor desempleo. Rentas mínimas altas pueden dificultar contrataciones como también eventuales despidos.
Otra razón puede ser tratar de crear una imagen a favor de una redistribución de ingresos en periodos preeleccionarios, o bien ser una actitud maquiavélica dirigida a dividir un movimiento gremial, que ha ido tomando una fuerza superior a la esperada.
El sistema de estas escalas ya ha creado reacciones en otros sectores, como en el judicial. Hoy se habla de llevar el caso al Tribunal Constitucional por tratos discriminatorios.
Parece increíble que el Gobierno repita errores que cometió el Gobierno Militar con el uso de tramos, como el que el Militar empleó para las asignaciones familiares, en que un trabajador por recibir un peso más de remuneración pierde de tramo, por lo cual puede dejar de tener derecho a la asignación o que ésta se rebaje ostensiblemente. Con el sistema propuesto por el Gobierno democrático de hoy, se da el absurdo de que un trabajador que tiene una remuneración de $719.999 tiene derecho a un reajuste de un 10 % con lo cual llega a $ 791.999, en cambio el que tiene una de $720.000 con el reajuste del 8,5 %, llega sólo a $ 781.200, lo que significa recibir un pago en más de $ 10 mil pesos inferior al si hubiese ganado con una remuneración inicial de un peso menos. Algo parecido se produce en los escalón siguientes.
Donde opera bien en tramos es en el caso del cálculo del Impuesto Global Complementario, porque se aplica un porcentaje hasta deterrninado monto, para en la parte adición aplicar un porcentaje mayor, hasta un límite superior, para si queda un saldo, sobre ése se aplica una nueva tasa mayor. Ahí el sistema opera bien. Al parecer se ha querido usar en esas dos oportunidades, la de la asignación familiar y en ésta, ese método. Extraña que técnicos con tantas calificaciones respalden procedimientos de esta naturaleza.
Importantes fueron las palabras de De la Puente: “No estamos de acuerdo con un reajuste escalonado que se hace a última hora, que divide a los trabajadores, que rompe la carrera funcionaria y la escala de remuneraciones. Esto hay que hacerlo de forma seria, no de un día para otro e imponiendo un mecanismo a los trabajadores”. El Presidente de la CUT, bastante apreciado por el sector empresarial, también ha dado sus pausadas y firmes críticas al sistema.
Hasta ahora no se observa apoyo político mayoritarios al sistema escalonado de reajustes; por el contrario, se aprecia que nuevos sectores se suman a los movimientos de protesta. Los altos niveles de la Justicia chilena han manifestado recientemente sus reservas, como también el Colegio Médico.
Otros argumento importante de crítica es que el Gobierno se haya marginado de la negociación con la representación gremial, para proponer un proyecto en parte conocido informalmente por la dirigencia. Esto razonablemente no ha gustado a parte importante del sector parlamentario. También amplios sectores políticos han llegado a señalar que éste es un nuevo golpe a la clase media chilena.
Debe tenerse presente el alto endeudamiento bastante generalizado de la población, lo que está contrayendo peligrosamente la demanda. Un bajo reajuste acentuará este importante elemento de contracción de la actividad económica.
Si realmente el Gobierno persigue una redistribución de ingresos, bien podría pensar en reforzar el impuesto global complementario y reponer la importancia histórica que tuvo en el pasado democrático la asignación familiar, que llegó a tener independencia absoluta de los niveles de remuneración. Además esta asignación tenía otros beneficios, como reforzar la integración familiar y ajustar mejor los ingresos a las reales necesidades de las familias.
Bien podría también el Gobierno como se ha hecho en ocasiones anteriores, eliminar el tramo inferior y establecer que ningún trabajador público gane menos que un determinado monto.
Es preocupante que las organizaciones gremiales, formales e informales, van logrando sus objetivos a través de procesos de protestas o de suspensión de actividades. Esto origina perjuicios en general a amplios sectores de la población y especialmente en el sector salud, generando daños irreparables. Ya se mencionan varias muertes que serían consecuencia de estos conflictos. Cualquiera atención necesitada que se posterga, de alguna manera perjudica la salud del paciente.
Avanzada la tarde del miércoles del 19 de noviembre, el Gobierno ofrecía aumentar el reajuste a un 10 % para sueldos hasta el millón de pesos, para mantener una escala descendente a un 9% hasta sueldo de dos millones. Realmente esto aparece como un verdadero capricho del Gobierno, en una fórmula de esacalones mayoritariamente resistida. Mientras tanto los paros de actividades agravan los daños sociales y económicos. Se están comprometiendo exportaciones de productos perecibles, como las frutas, lo que origina además de posibles perjuicio en la fruta que está en el proceso, castiga sus precios al ir perdiendo sus calidades de primores.
Ojalá la Presidenta de la República intervenga directamente y logre una solución a la que han sido incapaces los ministros de Hacienda, del Interior y del Trabajo.
