Medicina natural, actualidad y economía

Salario mínimo y asignación familiar. Debiera volverse a la política de asignación familiar de la más humana democracia previa al golpe militar

En pleno debate político está la aprobación del monto del salario mínimo. El Gobierno mantiene una firme y argumentada posición de mantenerse en los “$ 193.000 aunque parte importante de personeros de Renovación Nacional son partidarios de, a los menos, $ 200 mil.

Buenos argumentos tiene el Gobierno para mantener los 193 mil. Es fácil que se desarrollen presiones políticas, las que sin mucha justificación, pueden tener un amplio apoyo en la opinión pública. No pocos consideramos que esta posición se justifica.

Importante argumento es la respuesta a quién paga el aumento significativo de este reajuste, superior a muchos de los que se aprobaron durante los gobiernos de la Concertación.

Más adelante se analizan estos temas y se plantea la importancia que podría tener un cambio profundo en la asignación familiar que cada vez iba teniendo más importancia durante la humana democracia anterior al golpe militar. También me refiero parcialmente al tema del costo de la educación.

Respecto a quienes más contratan a salarios mínimos.

Las famosas PYMES, pequeñas y medianas empresas, son importantes contratantes a salarios mínimos, empresas en que el gasto en mano de obra pesa mucho en sus costos, empresas que operan a muy bajas utilidades y no pocas de ellas están fuertemente endeudadas y sobreviven incluso, posiblemente, pagando remuneraciones por debajo de los mínimos. Sin duda que en este importante sector empleador un aumento del salario mínimo puede agudizar su difícil situación y terminar quebrando o reduciendo contrataciones.

Otros sectores de grandes utilidades y fuerte poder económico tienen personal contratado al salario mínimo, entre ellas estarían las del gran retail. También se da en las empresas que actúan como subcontratadas por otras grandes empresas; se ha visto que eso parcialmente de produce en las grandes empresas forestales, donde se debe competir con bajos costos para poder conseguir o continuar con sus contratos con la empresa madre.

Se sabía en el pasado que algunos empleadores contrataban oficialmente a empleados al sueldo mínimo, pero les pagaban a ellos cantidades menores. No sé si eso ahora se da o tendrá que darse por un racional acuerdo de sobrevivencia entre trabajador y empresario..

Con cierta razón se ha planteado que lo más importante es considerar el ingreso familiar más que el salario mismo.

Una diferencia importante en el pasado era la asignación familiar, que no representa costo para empresa. Ésa debiera ser una herramienta fundamental para mejorar el ingreso familiar y que contribuiría a una mejor y más ética asignación familiar.

Pocos políticos han planteado este camino aunque el Gobierno, en parte para justificar no ir más allá de los 193 mil, ha estado usando el llamado “ingreso ético familiar”, no claramente aún precisado ni planteado el cómo lograrlo.

La asignación familiar en la democracia anterior al gobierno militar constituía un ingreso importante al grupo familiar, muy en función de las necesidades del grupo, de los pasivos que integraban la familia. Hijos menores, incluso padres y abuelos, como también nietos. Esa asignación se aumentaba año a año más allá que la tasa de inflación.

La madre podía pedir recibir ella las asignaciones familiares de sus hijos y la propia, para asegurar que esos ingresos mejor llegasen a quienes las motivaban. La asignación familiar contribuía en cierta manera a fortalecer la estructura familiar; era frecuente que se destinara a lo menos parte de ellas para atender directamente las necesidades más personales de los hijos.

Debe recordarse que las remuneraciones se redujeron en cerca de un cincuenta por ciento gracias a un mal cálculo del IPC; no pudo saberse hasta dónde eso fue intencionado, pero se comprobó más adelante que nuevas intervenciones alterando el IPC real. Esto sucedió en los años 70; se sumó a la baja de los ingresos familiares la eliminación de la exención del IVA a los productos de primera necesidad, entre ellos al pan. Fue un golpe muy fuerte para gran parte de las familias chilenas especialmente para las de bajos y medianos ingresos.

También vino toda una campaña orquestada para hacer desaparecer la asignación familiar. Los economistas llamados de Chicago consideraban que esta asignación era una medida paternalista, que alentaba a la pasividad del trabajador. Se tomaron dos medidas para debilitarla; se le congeló en sus valores nominales. Recuerdo que en estudios realizados en esos años en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile (INTA), el poder adquisitivo de la asignación familiar expresado en cantidad de pan corriente llegó a un 10 por ciento, es decir a un décimo del que tenía esa asignación antes del golpe militar.

Se inició junto a esta reducida asignación una campaña para que los de mayores ingresos renunciaran voluntariamente a la ya castigada asignación; renunciaron públicamente algunas autoridades de Gobierno, pero la campaña fue un fracaso. Posteriormente se legisló por la dictadura sobre la materia, en que se establecieron tramos para establecer su monto, por encima de un determinado nivel desapareció su monto; situación que hasta ahora persiste.

En mi trabajo en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, en la Hacienda Rinconada de Maipú, se nos dio que algunos trabajadores por recibir horas extraordinarias por trabajos de temporada, perdían transitoriamente sus asignaciones familiares. Después debían hacerse las burocráticas gestiones para restablecerlas.

En mi opinión debiéramos volver a una asignación familiar similar para todos los trabajadores, independiente de sus ingresos, la que debiera financiarse con un impuesto progresivo a los ingresos de las personas. Eso requeriría una ley especial que podría ser un componente importante de una reforma tributaria.

Estimo que podría considerarse una asignación más alta para los dependientes que tuviese determinadas incapacidades.

Días atrás conversaba con un grupo de doctores entre los que estaba un ex Presidente del Colegio Médico sobre la preocupante caída de la natalidad. Recuerdo que Francia, preocupada por la caída de la natalidad, estableció una asignación familiar creciente a medida que la familia tiene más hijos.

La caída de la natalidad hace cambiar con los años la composición poblacional, envejeciéndola peligrosamente.

Se suma al tema del ingreso familiar, el costo creciente de los estudios de los hijos. Conozco familias que no han querido tener más hijos por la preocupación del costo de los estudios. Recuerdo que nada menos que un rector universitario me señalaba que hizo sus estudios en la famosa Escuela Pública que cubría a todo el país, después en el Liceo Fiscal y posteriormente e la Universidad de Chile; todos los estudios eran gratuitos.

Qué distinta realidad en Chile tenemos con la asignación familiar y con el costo de la educación. Hoy la educación crecientemente privada es un gran negocio, para qué decir la universitaria. Cómo se han formado grandes concentraciones de capital en la empresa privada universitaria, para la culminación en su venta al capital extranjero; irónicamente la ley establece que estas corporaciones son sin fines de lucro. A eso se suma la cantidad exagerada de profesionales que llegan al mercado, muchos de ellos fuertemente endeudados, ellos o sus familias. También muchos fueron  mal seleccionados para tener acceso a una determinada carrera, con grandes deudas, lo que de alguna manera contribuye a la preocupante al debilitamiento de la ética en los profesionales.

La solución que se considera brillante hoy plantea modificar los programas de las carreras para reducir el número de años de sus duraciones. Con ello bajarían los costos, aumentaría la oferta irracional en muchas profesiones y se terminaría entregando profesionales al mercado con menos conocimientos y menor maduración.

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