Medida legal que ha sido bastante criticada y que ha ido creando serios problemas en la sociedad.
En el día de ayer, fui con mi esposa a comprar varios productos en un supermercado de Providencia. Pude apreciar como la cajera, con cierta angustia e inquietud, solicitó la cédula de identidad a una pareja que somos nosotros cercanos ya a los 90 años. La calmamos, pero ella nos dijo las frecuentes molestias que pasaba cuando lo pedía a los compradores. Esto se da en una comuna de clase media más bien alta y en compradores que generalmente no compran la bebida para tomarla de inmediato.
Conversaba en días pasados en el mismo supermercado con un cajero sobre la violencia que en botillerías de algunos barrios cuando se le pide al comprador mayor el carnet de identidad; las reacciones más fuertes se presentan en la botillerías, hasta ha habido con amenazas con cuchillos. Sus dueños ya han manifestado su molestia.
A mí no me cabe duda que es una exigencia absurda. Hasta resulta irrisoria; para no pocos algo no creíble. Pero es una realidad.
Cuesta comprender cómo se puede llegar a un contenido legal de esa naturaleza. Quizás sería conveniente preguntar a los parlamentarios que la apoyaron y a las personas de Gobierno que también la respaldaron por qué lo hicieron; al presidente de la República, creo que le costaría contestar que está de acuerdo en ello. No sé su origen; seguramente en una idea que alguien la agregó en un trámite legal, que pasó desapercibida y sin mayor análisis. Pudo ser desde el Gobierno o de algún parlamentario.
Sería interesante hacer un análisis sociológico de su gestación. Podría ser un caso valiosos de análisis en para la sociología y su docencia.
Interesante sería efectuar una evaluación sociológica de la disposición. Comparar sus aspectos positivos y los negativos. No tengo dudas que sus resultados en el aspecto humanos son totalmente desfavorables a la medida; la situación se agrava frente a la situación emocional y temperamental en que se encuentra el país, especialmente por la pandemia y el populismo, que por débiles motivos originan graves conflictos que conducen a la agresión y hasta la muerte.
Poca reacción se ha observado hasta ahora en los gremios laborales y empresariales; es posible que paulatinamente las reacciones aparezcan. Sin duda están afectando a trabajadores y empresarios, con distintas intensidades por barrios y comunidades.
Por otra parte, cabe preguntarse, quién fiscaliza que se cumpla esa exigencia. Quién hace efectiva las sanciones en un Poder Judicial saturado de temas que debe abordar y que tanto demora en sus decisiones finales.
Estamos con una debilidad impresionante de la fiscalización de delitos; baste señalar el incumplimiento masivo de las leyes del tránsito, especialmente en el cumplimiento de las velocidades máximas, que avergüenzan al país en su imagen internacional. Cuántos graves accidentes se generan por las velocidades excesivas, por el no respeto a los distanciamientos y a la condición alcohólica por generalmente conductores mayores de edad.
Al parecer las sanciones a no exigir el carnet de identidad, pueden ser muy altas y por ello los establecimientos exigen a sus empleados cumplir esta disposición legal.
Seguramente las protestas son de distinta naturaleza por barrios diferentes y por giros de negocios. Posiblemente también a horas diferentes.
Ha sido tradición en Chile que el carnet o la cédula de identidad se utilice en casos muy especiales. Lo hemos visto en las limitaciones que tiene los carabineros de Chile para solicitarlo a quienes parecen ser delincuentes. Se hace bastante mención a los derechos humanos y a la privacidad.
Las medidas de políticas son generalmente muy analizadas y demoran en tomarse, incluso algunas que se hacen necesaria prontamente sus vigencias. Especialmente en el caso de nuevos delitos que van surgiendo con el desarrollo económico.
Interesante sería hacer una encuesta a quienes apoyaron esta iniciativa en su gestación legal. Estoy seguro que muy pocos parlamentarios la apoyarían, igualmente puede ser el pensar de los personeros del Ejecutivo y seguramente del presidente de la República.
Las decisiones de esta naturaleza debieran analizarse en sus costos y beneficios. Estoy seguro que la gran mayoría no estaría de acuerdo a cómo votó.
Con los resultados de un estudio de esa naturaleza sería muy fácil sacar rápidamente una disposición legal que derogue esta exigencia de solicitar la cédula de identidad al que compra una bebida alcohólica.
Todo va dirigido a que los menores de edad no ingieran bebidas alcohólicas. Pero que es fácil para ellos comprar esas bebidas a través de terceros sin costo o con un costo mínimo; muy diferente es el caso de las drogas.
