Medicina natural, actualidad y economía

Una increíble inmadurez política fue demostrada en el proceso de los reajustes del sector público

En este artículo se abordan varios temas:

 1. Malos resultados para el Gobierno en la negociación con la ANEF, nacidos principalmente de los bajos y tardíos niveles de reajuste ofrecidos inicialmente y las improvisadas proposiciones siguientes.

2. Un exitoso movimiento gremial, pero el reajuste obtenido apenas logra mantener el valor real de las remuneraciones; sin embargo esta realidad no parece haber sido comprendida.

3. De destacan como grandes dirigentes gremiales los presidentes de la ANEF y CUT

4. La extraña proposición de última hora de los reajustes escalonados, sin un serio respaldo de estudios que los justifiquen. De aprobarse hubieran significado un serio daño en la escala única de remuneraciones.

5. La falta de apoyo político a las proposiciones del Gobierno y las fuertes críticas de parlamentarios de Gobierno a la política seguida.

6. Las injustas críticas a las realistas actuaciones del Senado

La baja y tardía oferta del Gobierno para el reajustes del sector público de un 5 % en circunstancias que se tenía una inflación de los últimos 12 meses de un 9,9 %, inició una negociación de serias consecuencias. Se pretendía que los empleados públicos perdiesen el 5 % del poder adquisitivo de sus remuneraciones. Esta increíble y tardía baja oferta motivó una incorporación amplia de funcionarios al respaldo de las gestiones de sus directivas y que se termina concretizando en actos masivos y en paralizaciones de servicios de amplias coberturas, con graves perjuicios para la población.

Es un buen precedente que las remuneraciones se reajusten por lo menos para recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación, cuando ya los trabajadores habían experimentado una importante baja en el poder adquisitivo de sus remuneraciones durante el 2008; el ideal debía ser que al haber crecimiento económico a una tasa mayor al del crecimiento poblacional, es decir que el ingreso per cápita promedio aumente, las remuneraciones también tengan un reajuste real, es decir un poco más que la inflación.

Es interesante tener en cuenta lo que señala el economista Juan Andrés Fontaine en La Segunda del 21 de noviembre: ¿Sirven las movilizaciones? ¿Han ganado los trabajadores fiscales con negociación centralizada?. Hasta ahora no. Durante la década el gasto en personal del sector fiscal ha caído desde 6 % del PIB a 5,4 %. Durante los últimos dos años, los salarios públicos han crecido sistemáticamente menos que el sector privado.

Frente a lo señalado por este prestigiado economista, cabría preguntarse qué hubiera pasado si no se hubieran movilizado los trabajadores fiscales. Sin duda que se habrían visto aún más perjudicados.

Al pedir la organización gremial un reajuste de 14,5 %, sensiblemente mayor al ofrecido inicialmente por el Gobierno de un 5 %, sólo se les ofrece un 6, 5, que muy poco mejora la oferta inicial, que desde luego no podía ser aceptado si ésta no llegase a lo menos a una recuperación del daño inflacionario. Después de esto nace el repentino criterio gubernamental de reajustes por escalones, no fácil de justificar y que puede haber tenido varios objetivos entre éstos: un reajuste promedio menor al 10 %; generar una leve redistribución de ingresos en el sector público; pretender crear un argumento demagógico y populista, fácil de neutralizar, para lograr un apoyo político a la proposición gubernamental; e incluso tener una intención de producir un quiebre en la organización gremial y debilitar así su poder de negociación.

Los escalones por otra parte generan situaciones bastante complejas; junto a serias interrogantes tales por ejemplo, cómo justificar la fijación de los límites y los porcentajes de reajustes propuestos para cada estrato. Ello debería haber tenido una sólida fundamentación y provenir de cálculos muy bien justificados, lo que se contradice con las diferentes proposiciones que fue haciendo llegar más adelante el Gobierno, tanto en tramos como en tasas, mientras se avanzaba en los procesos de discusión en el Parlamento. Estos escalones de aprobarse, habrían generado una seria alteración en la escala única de remuneraciones, muy importante en la carrera funcionaria y en la búsqueda de remuneraciones más equitativas.

Si existiese el consenso de que las diferencias son muy marcadas en los entre los grados extremos de la escala, debiera estudiarse seriamente su corrección. Primero debe proponerse una modificación real, para después considerar la corrección del efecto inflacionarios. Podría considerarse por ejemplo la eliminación de la última escala y hacer un reajuste real de los grados, partiendo de cero en el o los grados mayores, para paulatinamente ir subiendo los valores reales hasta llegar al último grado con un aumento mayor. En esa forma se podría corregir la considerada alta brecha entre los extremos. No sería difícil establecer un modelo matemático para ello, pero requiere ser fruto de un profundo análisis.

Pero primero hay que tomar la posición política de congelar las remuneraciones reales del grado o los grados superiores. Eso puede comprometer la obtención de elementos más capacitados y experimentados para los altos cargos, de cuyas cualidades puede depender en parte importante el mejoramiento de los servicios públicos.

Es importante tener presente que el logro con tantas dificultades de un 10 % del reajuste, que se ha considerado extraordinario, significa un reajuste real prácticamente nulo, exactamente de un 0,09 %, en circunstancias que el crecimiento del PIB llegaría ser del orden de un 4 % durante el año 2008. Se suma al análisis la fuerte caída del poder adquisitivo de estas remuneraciones durante este año, como consecuencia de la relativamente alta inflación. Esto va a significar que de los mayores ingresos que ha recibido el país, en nada llegarán a los trabajadores del sector fiscal, el que perderá aún mayor posición frente al resto de la economía. Realmente el reajuste logrado se puede considerar muy bajo, por no decir nulo.

Las proposiciones del Gobierno en cuanto a reajuste mostraría desgraciadamente una voluntad firme gubernamental de producir una rebaja de remuneraciones al sector público; extraña que esta proposición venga de un gobierno socialista.

También aparece una contradicción en lo que han señalado distintos sectores del área pública, en cuanto a sus dificultades para conseguir profesionales de alto nivel y de experiencias para cargos públicos. Un triste ejemplo fue el ya experimentado de los sobresueldos dados a un grupo de funcionarios de Obras Públicas para poder llevar adelante las nuevas grandes obras que fueran impulsadas especialmente para grandes proyectos como los de las carreteras concesionadas. En el área de salud, se conocen las dificultades para conseguir directores de hospitales y especialistas en distintas formaciones. También se han relacionado los serios problemas presentados en la construcción de puentes, que serían consecuencia para algunos de las bajas remuneraciones; personalmente creo que ello no debe ser así, conociendo la capacidad de los ingenieros civiles chilenos.

En la negociación se ha proyectado una imagen de más seriedad y franqueza de las posiciones del gremio que la del Gobierno. Así al parecer lo estaría manifestando la opinión pública, a pesar del daño que se ha generado a amplios sectores de la población, con los cuatro días de paralizaciones.

Extraña que se haya pretendido incorporar a un sistema de reajuste general, a última hora, un proceso de redistribución de ingresos, haciendo reducir sus ingresos reales a los funcionarios de mayores ingresos del sector público y a los del nivel bajo, sólo mantenerles sus remuneraciones reales. Una redistribución debiera estar basada en lo posible en al menos el aumento real de las remuneraciones de los tramos inferiores.

Impresiona el apoyo y en general el respaldo que ha tenido el gremio, la ANEF, en la opinión pública y en otros sectores, como el de otras organizaciones gremiales. Muy significativo fueron los respaldos dados por las de los médicos y de los periodistas, que sin duda contribuyeron a que el Gobierno, aunque herido, terminase cediendo en el reajuste límite pedido por el gremio, el de los dos dígitos, que como ya he señalado nada representan prácticamente como aumento real.

Gran capacidad de dirigentes gremiales mostraron dos líderes, Raúl de la Puente presidente de la ANEF y las prudentes y efectivas intervenciones de Arturo Martínez, Presidente de la CUT, quien sin pretender llevarse los honores de los positivos resultados de una lucha que se veía venir triunfadora, interviniese prudente y constructivamente, logrando así reforzar a una hasta hace poco débil organización gremial, ANEF, y al parecer influyendo en la decisión de la Presidenta de aceptar ese 10 % uniforme.

Queda en claro el fracaso político del Gobierno, especialmente de los ministros que constituyen el Comité Político, encabezado por el Ministro del Interior. Extraña especialmente la ineficacia en esta oportunidad del Ministro Pérez Yoma, hombre de gran experiencia y madurez política, como también la del Ministro del Trabajo, quien aparece promoviendo una rebaja real de las remuneraciones del sector público. Información de prensa señala que ellos tuvieron una participación sólo inicial, para después ausentarse de las negociaciones. El ministro del Trabajo Osvaldo Andrade prefirió o se vio obligado a ir a las reuniones de la OIT en Suiza, Ginebra, en que se reeligía a Juan Somavía como máxima autoridad de esta importante organización mundial de las Naciones Unidas. También se critica la no presencia de Viera Gallo.

La prensa da como un argumento explicatorio el hecho de que la Presidenta prescinde bastante de este comité para sus decisiones, prefiriendo la opinión de otros consejeros distintos a los negociadores.

Llama la atención de que se rompe un importante apoyo del Parlamento al Gobierno, el que no sólo se manifiesta en los resultados de las votaciones, sino que también en las públicas expresiones de varios de sus destacados parlamentarios, algunos de los cuales habían sido casi incondicionales en el apoyo a la Presidenta Bachelet. También se crea un serio conflicto entre las dos Cámaras; mientras una mayoría parlamentaria de la de Diputados respalda los reajustes por tramos, destruyendo demagógicamente la escala de remuneraciones fiscales, en el Senado se impone unánimemente la posición de un reajuste único, y es en el Senado donde termina cediendo el Ejecutivo al reajuste a tasa única y en el borde mínimo de dos dígitos exigidos por los trabajadores. Se comenta que la resolución final la habría tomado la Presidencia influida por el presidente de la CUT que le habría dado una objetiva información de la gravedad en que se encontraba la situación.

Da la sensación que el Senado actuó en forma más madura, prescindiendo de posiciones políticas. El gran rechazo que tuvo la posición del Gobierno, parece demostrar los errores cometidos por éste.

Un representativo artículo periodístico de El Mercurio del 24 de noviembre, bien refleja la situación presentada: ” Mandataria busca que ella y su gabinete no reciban aumento del 10%” . “Senadores del oficialismo tildan de ´populista´ idea de Bachelet de quedar exenta del reajuste“. Más adelante el artículo presenta opiniones de senadores de figuración que señalan su desacuerdo. Jorge Pizarro de la DC comentó que la idea de la Presidente es “populista” y “demagógica”. “A la Presidenta le pediría un poquito más de coherencia en esta materia, porque el populismo y la demagogia fácil no creo que sean buenos consejeros”.

Opinión similar fue la planteada por el senador Carlos Ominami quien señaló que “el impacto de los reajustes a los profesionales de mayor ingreso es insignificante en términos de recursos fiscales. Aseverar lo contrario es propio de una filosofía más bien populista“.

Son interesantes los juicios emitidos por el senador Nelson Ávila, señaló: “Le diría a la Presidenta que las brechas sociales más abrumadoras no las busque en la administración del Estado. Están fuera, y es allí donde hay que poner el acento para acortarlas lo más que se pueda, desde un punto de vista elemental”. “El tema de la distribución de la riqueza no se resuelve ni se atenúa con este tipo de gestos, porque el tema de fondo está más allá de la administración del Estado”.

Un argumento que surgió en el Senado fue la posible inconstitucional de un trato discriminatorio de reajustes, con sus graves errores. Frente a ello, con un respaldo total se apoyó un reajuste a tasa única y del 10 %, lo que tuvo que ser propuesto finalmente por el Ejecutivo. No se veía otra solución, por la firmeza del movimiento gremial, que tendía a agudizarse, después de cuatro día de paralizaciones. Debe recordarse que este reajuste del 10 % apenas logra recuperar la capacidad de compra de las remuneraciones derivada de una inflación en los últimos 12 meses de un 9,9 %.

El proceso ha dejado una segunda consecuencia negativa, un conflicto entre parlamentarios de ambas cámaras, especialmente por las expresiones insolentes de algunos diputados y las reacciones aparentemente más maduras de miembros del Senado.

Las reacciones de algunos diputados, entre actitudes aparentemente populistas y temperamentales, me recuerdan planteamientos similares que se dieron contra la UF, a consecuencia del aumento del ritmo inflacionario, cuando quisieron suprimir el uso de este importante indicador, incorporado en la legislación chilena y de amplio uso en operaciones financieras y en otras de distintas naturaleza; tema que ya ha pasado al olvido. En una enorme cantidad de operaciones, escrituras y contratos se ha usado la UF; el eliminarla hubiera originado serios problemas muy difícil de superar. Creo realmente que eliminar la UF no sólo no es conveniente sino que no es factible.

Al igual que con la eliminación de la UF, un sistema de reajustes escalonados habría generado una difícil situación, con la destrucción de la escala única de remuneraciones del sector público, que es muy importante y que se ha ido robusteciendo como un componente de la contratación de los servidores públicos y de la carrera funcionaria.

Cabe recordar que la Cámara de Diputados por 49 votos de la Concertación, contra 37 de la Alianza había aprobado la indicación que el reajuste no se entregaría a ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores y a algunos alcaldes, como también a los parlamentarios. Sin embargo el Senado por unanimidad reincorporó este beneficio para las altas autoridades y parlamentarios; una razón de crítica a este acuerdo ha sido que beneficiaba directamente a los mismos senadores.

Conviene revisar algunas expresiones que han quedado registradas en la prensa y en otras publicaciones:

Se presentan a continuación algunas de diputados. Flavio Rossi(PS) declaró “Esto es una vergüenza, en vacas flacas todos los que ganamos más nos deberíamos apretar el cinturón“. Jorge Burgos(DC) criticó al Senado por el “artilugio jurídico” que le permitió eludir “de la peor manera” la discusión de fondo sobre un tema legítimo, “como es que los que ganamos más en la administración pública seamos capaces de hacer un sacrificio frente a los momentos económicos difíciles que se avecinan”. Fidel Espinoza(PS) señaló “Lo que hizo el Senado fue vergonzoso, porque distorsionó la voluntad de la Cámara que rechazó el incremento para las altas autoridades y de paso se beneficiaron ellos mismos”. Por otra parte nada menos que el presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Encina, según La Segunda, expresó su pesar porque no se puede hacer nada para rechazar el auto aumento de sueldos “por este tema no podemos impedir que se dé el beneficio a todos los trabajadores. Acá sólo si el Ejecutivo quisiera reponer su idea se podría hacer”.

El Presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, calificó como inadecuado que los senadores hayan decidido incluirse en el reajuste del sector público. “En períodos de vacas flacas, las altas autoridades debieran ajustarse el cinturón”, expresión muy parecida a la del diputado Rossi. Recordó que en su propuesta se solicitó un sueldo ético de $ 250 mil para los empleados que tienen un salario menor y que se congelaran los altos sueldos por dos años.

“Nosotros estábamos por un reajuste con equidad; en este momento de crisis no es lo mismo subir el sueldo a personas con bajas remuneraciones, versus aquellas que ganan sobre 6 a 8 millones como los parlamentarios”.

Expresiones también de fuerte crítica al Senado estuvieron en las palabras del Presidente de los trabajadores de la salud.

Con estas expresiones se ha dejado una grave crítica a los miembros del Senado por auto aumentarse sus remuneraciones; a mi juicio de tremenda dureza como también en grado importante injusta. Recordemos que el reajuste real ha sido prácticamente nulo. Poco se ha oído a los senadores una defensa de su posición; la senadora Evelyn Mathei hizo una prudente declaración en que señaló que parte importante de este reajuste va a beneficiar a quienes trabajan con ella, los que recibirán el 10 % de aumento.

En mi opinión pocos pueden negar las grandes cualidades de nuestra Presidenta, sus buenas intenciones, su inteligencia y su gran capacidad de estudio; pero es una persona de poca experiencia política, derivada de una corta carrera, sin haber pasado anteriormente por cargos de elección popular. Extraña que no haya tenido una buena y madura asesoría política; aparece con a lo menos una responsabilidad importante en este aspecto el Ministro del Interior.

Uno de los ministros más criticados ha sido el de Hacienda, que al parecer figuró encabezando las negociaciones, cuando eso debió haber sido llevado adelante por ministros del área política. No se le pueden pedir peras al olmo, como hay un dicho.

Me impresionaron algunos artículos elaborados por destacados profesionales, como son Hugo Ortega Tello, demócrata cristiano y Ernesto Benado, si no estoy equivocado, socialista.

Transcribo estos artículos que son muy ilustrativos de diferentes posiciones y argumentos.

Paro nacional: ¡Agarrar, agarrar, que el mundo se va a acabar, escrito por Hugo Ortega T, aparecido en el Diario digital El Clarín www.elclarin.cl el sábado, 22 de noviembre.

l Paro Nacional de los empleados públicos durante el último año del Gobierno de la Presidenta Bachelet es como la guinda de la torta de una situación sin orientación, absolutamente caótica, sin metas claras, sin ningún concepto de “proyecto país” y, además, es la demostración más clara que aquí los intereses personales valen mucho más que la situación país.

Es comprensible cuando grupos de bajos ingresos pelean por reivindicaciones salariales, pero cuando a éstos se suman profesionales de un millón y hasta más de dos millones de pesos mensuales con la exigencia inclaudicable del 14,5% o la huelga indefinida, no tiene ninguna defensa. Es tan horrible como aquel intento de los parlamentarios de subirse el sueldo porque la bencina estaba subiendo.

Exigir un 14.5% de reajuste para un profesional que es funcionario público que gana 1,5 millones mensuales, es tan poco ético como aquel funcionario que gana menos de 250 mil pesos. Incluso peor, porque hoy día se están dejando de hacer miles de operaciones quirúrgicas a enfermos que lo necesitan, a miles de exportadores que no pueden embarcar sus frutas, a millones de personas que ya la basura se les está entrando a las casas.

Todo esto significa, como lo insinúo en el primer párrafo, que carecemos de una ruta de navegación, de una propuesta país, de un compromiso verdadero por un destino común. Disponer de eso no es tarea de algún ciudadano iluminado, sino de un trabajo de equipo, de muchos equipos especializados que vayan consensuando propuestas diversas con la participación de las bases implicadas en esas propuestas.

Tal es el caos, que una posible interpretación de la actitud y estrategia de los huelguistas de hoy, específicamente la de los más altos ingresos, es la siguiente: “exijamos un 14,5% parejo para todos, que significa una exigencia difícil de cumplir, y así complicamos realmente al Gobierno, que ya está bastante complicado con otros problemas”.

Por otra parte, ¿qué pensarán aquellos huelguistas que están entre los 200 y 300 mil pesos mensuales de “sus compañeros” de más de un millón mensual? Yo, en el caso de ellos les gritaría ¡No me ayude compadre!

Hugo Ortega T.

Director
Escuela de Ingeniería en Agronegocios
Universidad Central

Me llamó mucho la atención este artículo, por conocer bastante a este distinguido Ingeniero Agrónomo, que ha sido nada menos que presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Debe tenerse presente que la ANEF pedía el 14,5 % de aumento para contrarrestar el 5 % que ofreció inicialmente el gobierno; fue su primera petición.

Otro artículo que me ha impresionado fue el publicado en www.conadecus.cl, firmado por el Ingeniero Ernesto Benado, destacado profesional y dirigente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (CONADECUS), donde ha hecho una brillante labor.

La Renuncia de un Ministro

2008-11-25 25                     *Por Ernesto Benado

-En cualquier país moderno democrático en el que el Ministro de Hacienda envía un proyecto económico al parlamento, que es rechazado por la casi  unanimidad de los diputados  y provoca una huelga  de 700 mil  funcionarios públicos, con daños a los usuarios de los servicios y de la economía en general, se le pide la renuncia y se le reemplaza por alguien con un enfoque distinto en materias económicas.

En Chile el ministro Velasco sigue en su cargo porque cuenta con la confianza de la Presidenta.

La confianza de la Presidenta tiene su origen en la gran inseguridad que ella posee en materias económicas  lo que le impide tomar decisiones cruciales para que el país enfrente la crisis que se está viniendo encima.

El ministro Velasco tiene muy buena formación en universidades norteamericanas en las cuales se enseña la teoría de cómo mantener y resguardar una economía abierta en tiempos normales. Pero no les enseñan a cómo actuar en tiempos de crisis. Para los libremercadistas no existen las crisis, sólo pequeñas desviaciones estadísticas del crecimiento, de la inversión y del desempleo.

La gravísima situación económica a nivel internacional exige una actitud absolutamente distinta de las simples palabras tranquilizadoras del equipo de Hacienda, basadas en que los recursos acumulados en el exterior “blindan” a Chile ¿Lo blindan de qué? Del pago de los créditos del sector privado (50.000 millones de dólares) que están provocando un gran déficit de la cuenta corriente. Los dólares del Estado chileno guardados en el exterior se agotarán rápidamente para evitar que el sector privado caiga en moratoria internacional.

En situaciones de crisis se requieren medidas de emergencia y con una base económica diferente. Felizmente en Chile se cuenta con muchos economistas keynesianos que saben cómo enfrentar estas situaciones y en forma muy destacada con Ricardo French Davis, quien una y otra vez ha propuesto medidas que  preparaban al país  para la crisis anunciada  en el sector financiero mundial. No cabe duda que ante la baja en los precios de los principales minerales, hay que actuar  aumentando la demanda interna con medidas que impulsen el consumo, la construcción y la infraestructura.

Sin que podamos decirlo a nombre de French Davis, creemos que  actuaría con un paquete de medidas  audaces como las que se tomaron en Gran Bretaña y  se proyectan en el gobierno de Obama. En Chile  podrían incluirse:

-Rebajas del IVA de los productos alimenticios, de las medicinas y de los libros , al 10% (El IVA en Gran Bretaña  se ha bajado del 17,5 al 15%, considerando además que los alimentos frescos no pagan IVA )

-Aumento en un 20% del IVA a la  primera transferencia de automóviles de todos los tipos, para disminuir su importación  y  equilibrar la balanza comercial.

-Dictación de una ley que  revise y modifique los contratos de concesiones de servicios públicos, entre ellos, autopistas, aguas y servicios sanitarios, distribución eléctrica, telecomunicaciones, etc. , limitando  las tarifas actualmente con rentabilidades garantizadas de hasta un 10% sobre UF y señalando que el máximo será de 5% en UF.
(Esta rentabilidad más que duplica lo que las empresas extranjeras obtienen como rentabilidad en sus propios países.)

-Modificar la tasa de interés máxima convencional que ha llegado al 58% anual y que está estrangulando a los consumidores y pequeños industriales que no tienen acceso a créditos bancarios. Regular las comisiones que los bancos cobran por sus servicios y que actualmente forman el 50% de sus ingresos.

-Reducir esa tasa máxima, en forma que contemple los riesgos reales de los créditos y la inflación.

-Dar urgencia a la ley que mejora el funcionamiento de la Fiscalía Nacional Económica dándole instrumentos para  combatir los carteles y monopolios.

-Autorizar por ley al Banco del Estado y la CORFO para que puedan prestar dinero a las empresas privadas en forma de créditos convertibles a bajo interés, mediante los cuales el crédito pueda convertirse en un plazo determinado en acciones de la empresa al precio de mercado en el momento del crédito.  Las acciones tendrán un plazo para ser vendidas en el mercado, sin derecho a intervenir en la administración de las empresas.

-El impulso a la demanda interna y un plan de inversión en infraestructura financiado por el Estado, son el camino para  amortiguar la crisis y retornar al crecimiento.

*Por Ernesto Benado, es ingeniero, Director de CONADECUS, fundador de esta corporación, como también fue presidente de ella por varios años.

Por otra parte una interesante entrevista le hizo La Segunda al destacado diputado Carlos Monte(PS), publicada el 21 de noviembre. El artículo se titula: Montes y el desorden en el reajuste: “Esta coyuntura suponía más conducción” En el encabezamiento siguiente se expresa “El pandero acá lo lleva Hacienda y se equivocó al partir tan bajo”. “Creo que la Presidenta sintió poco respaldo porque no fuimos capaces de solucionar el problema”. De la entrevista misma me permito extraer parte importantes para el tema en análisis. Presento la pregunta y la respuesta.

– ¿Qué lecciones deja el desorden causado por el reajuste?.

Es muy difícil negociar en una coyuntura como ésta cuando después de mucho tiempo con hartos recursos se genera una crisis internacional, un movimiento de empleados públicos bastante organizado con reivindicaciones muy antiguas, en medio de alta inflación. El enfoque del gobierno para negociar no fue el más apropiado..

– ¿ En qué sentido?

Llegó ofreciendo un porcentaje muy bajo (5 %), no le puso un marco más global porque si uno mira el debate frente a las crisis hay dos enfoques: hay gente que piensa que hay que disminuir el crecimiento de los salarios, más flexibilidad laboral, menos gasto público, reducir impuestos; y el gobierno sostiene lo contrario. Aquí hubo una visión global que no estuvo suficientemente clara para el país..

¿La mala negociación partió cuando se demoraron en poner una cifra en la mesa?

Se demoraron, y cuando la pusieron fue excesivamente baja. Al final la fórmula de reajuste diferenciado del 10 % hasta para sueldos de un millón de pesos, etc. era interesante, pero llegó muy tarde, y el nivel de exasperación era fuerte.

¿ Por qué no prosperó el reajuste diferenciado?

La propuesta no estaba suficientemente madura. También hubo mucha presión para los que ganaban más, hizo mucha fuerza la opinión de los médicos y Ministerio Público. Terminó viéndose como una cosa sacada de la manga.

No puedo dejar de mencionar lo tratado en el último programa de Tolerancia Cero, de CHILEVISIÓN, especialmente las intervenciones tan críticas al reajuste uniforme del 10 % expresadas especialmente por el periodista Fernando Villegas. También me llamó la atención el duro trato que recibió Raúl de la Puente por parte de dos de los panelistas y la brillante intervención del dirigente gremial. Siento que no hay debida conciencia de que el reajuste otorgado sólo logró mantener las remuneraciones reales de los funcionarios y que fue un error el pretender cambiar las relaciones entre estratos, sobre bases sin mayor estudio y justificación.

Me ha parecido conveniente presentar párrafos del editorial de La Segunda del 25 de noviembre, que se titula:

Lecciones del reajuste al sector público.

“El torpe manejo gubernamental en el conflicto salarial de los funcionarios del Estado causó críticas no sólo opositoras, sino de la propia Presidenta, y negativos efectos en el sector oficialista. Así los presidentes de sus partidos enrostran ahora al Gobierno las críticas que ha hecho a los senadores – por no haber aceptado escalonar el reajuste, y ministros y dirigentes buscan fórmulas para quitar nuevamente a los principales cargos políticos el beneficio ya otorgado. En el mismo espíritu, el senador Ominami propone extender esa “contribución solidaria” a todos los sueldos altos, públicos y privados, lo que tiene poco que ver con el tema en discusión y más con una peculiar reforma tributaria.

La proposición de Ominami me trae el recuerdo de la actitud del Gobierno Militar cuando en sus gestiones para debilitar el sistema de asignación familiar estimuló la renuncia voluntaria a este beneficio, lo que tuvo en la práctica una nula acogida.

Más adelante hace referencia a otros temas especialmente a que las remuneraciones estén asociada a la calidad del trabajo realizado. Se expresa:

Como se sabe, la huelga de los empleados del Estado y los municipios está prohibida por la Constitución, pero no sólo se ha hecho frecuente sino que ha sido crecientemente validada por las autoridades creando precedentes funestos, y su eficacia práctica fue ahora nuevamente ratificada.

Interesante tema es éste, el de la inconstitucionalidad de estas huelgas, establecidas por una constitución establecida por un gobierno autoritario, gestada por minorías. Como lo he señalado en un artículo anterior, deberíamos llegar a una nueva constitución, nacida de una amplia participación ciudadana, donde la base de su gestación debiera ser una Asamblea Constituyente y un respaldo posterior plebiscitario.

No sé si se propiciará una acusación constitucional o el tema se lleve al Tribunal Constitucional, como sucedió con la píldora del día después o con el crédito del BID para el Transantiago, temas desde un punto de vista constitucional de tan menor importancia. No cabe duda que las huelgas vulneran más claramente la Constitución, pero quien se atreverá a llevar el problema a su discusión de inconstitucionalidad.

Un tema final que no puedo omitir es el que se refiere a la entrega del reajuste de los sueldos de la Presidenta de la República, de sus ministros, de sus intendentes y gobernadores, a instituciones de beneficiencia decididos por la autoridad máxima, que es muy difícil que quienes dependen de ella en sus cargos, dejen de aceptar esta decisión superior.

Extraña posición es la de la Presidente que pide rebaja de remuneraciones reales para sus ministros y para todo el equipo de sus colaboradores. Muchos pensamos que ellos deben disponer de buenas remuneraciones en función de las importantes tareas, como también la deben tener los funcionarios encargados de altas responsabilidades, especialmente en las de fiscalización.

Me trae al recuerdo el caso de dos ex ministros amigos del pasado, ambos ya fallecidos. Uno nos contaba que afortunadamente el Presidente Ibáñez los cambiaba prontamente, ya que él en 6 meses en que estuvo de ministro, perdió su automóvil. Otro que se desempeñó durante todo el periodo de un presidente posterior, su esposa tuvo que incorporarse a la venta de productos, para poder financiar su hogar. Eso sucedía cuando los estudios universitarios eran gratuitos y no como hoy en que permanentemente los altos aranceles se están reajustando anualmente por encima del aumento del costo de vida.

Es interesante lo que expresa Antonio Cavallo en su artículo titulado “La melancolía del 2009”, publicado en La Tercera el 23 de noviembre. Me ha parecido útil transcribir sus últimos párrafos.

“Amargo balance histórico

“La derrota ante la ANEF confirma el desorden estratégico que ha sido un rasgo del gobierno actual. En el balance histórico queda el hecho de que es un gobierno que ha sido doblegado, en el comienzo y cerca del final de su mandato, por dos sectores que le parecieron invisibles, o acaso débiles, y resultó que no lo eran: los estudiantes secundarios y los empleados públicos”.

“Pero, sobre todo, este acto fallido anticipa que el año que le resta será muy difícil. La minoría en el Congreso se ha ido profundizando y la apelación a la lealtad con la Presidenta ha perdido gran parte de su eficacia. Los partidos están anarquizados, el debate presidencial del oficialismo se ha se ha convertido en una broma transcontinental y los parlamentarios ya empezaron a ver como cuidan sus propios asientos”.

“Desde el punto de vista del gobierno, esta situación requiere algo nuevo. Si la Presidenta no reordena su equipo ministerial y si no refuerza las zonas débiles del Ejecutivo – en breve, si no cambia algo del estilo que ha llevado al actual cuadro -, el 2009 será un año de mucha impotencia, es decir, de mucha melancolía”,

No quisiera terminar este artículo sin insistir la importancia que tendría para nuestro país que se volviese al sistema del pasado, de las relativamente altas y uniformes asignaciones familiares, que favorecen el ingreso de aquellos hogares que tienen más miembros pasivos y que contribuyen también de alguna manera a reforzar la vida familiar.

 Sin  duda será muy importante para el Gobierno el cambio de gabinete que se avecina, como también aprovechar la lección derivada del proceso  de reajuste de remuneraciones del sector público.

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