El autor del artículo es Ex senador, ex Ministro de Relaciones Exteriores y ex Presidente de la DC, de partido político del cual se alejó.
Si uno lee su currículo se impresiona por los antecedentes que capta. Son extraordinarios, y, además, uno observa la brillante trayectoria en la democracia chilena de quienes fueron varios de sus antepasados.
El artículo se titula más precisamente Por qué votaré “En contra” (segunda parte)
Se inicia con el siguiente párrafo:
No hay ninguna neutralidad ni casualidad. Los 33 votos que hicieron posible la aprobación del texto constitucional son todos ellos de derecha: los 22 votos de Republicanos y los 11 votos de Chile Vamos, mientras que los 17 consejeros de izquierda votaron en contra.
Una breve observación, llama la atención que menciones solo derecha e izquierda.
Para mí el tema de fondo es preocupante. Por lo que me he informado bastaría que el “Apruebo”, ganara por un voto, para que el texto en discusión pasase a publicarse oficialmente, y así entrar en vigencia como la nueva constitución. Por el contrario, si se perdiese por lo mínimo, sería su rechazo absoluto.
Uno tiene derecho a pronunciarse “cómo es posible que lleguemos a tal absurdo”.
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Trataré de presentar un resumen de las ideas que Walker entrega en tan larga presentación, de nada menos 10 páginas, con algunos comentarios personales. Presento tres subtítulos para separación de materias, pero antes señalo lo siguiente:
Primero refuerza lo que ya ha expresado en el título, con el siguiente párrafo: Lo hago para reforzar el argumento en el sentido de que la propuesta del Consejo, al igual que la de la Convención Constitucional, es abiertamente partisana y programática, y se aleja de lo que debe ser una nueva y buena Constitución: un traje a la medida del conjunto de la nación chilena y no de una parte de ella.
Sub títulos presentados
- Sobre su extensión
- No sería una constitución neutral
- Se margina del debate parlamentario importantes materias
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Sobre su extensión
Hace posteriormente una justificada crítica a su extensión. Expresa:
Tal vez la pregunta que haya que hacerse es por qué se propone pasar de las 27.650 palabras de la actual Constitución (artículos permanentes) a las 44.216 palabras del nuevo texto propuesto (excluyendo las normas extraordinarias referidas a los dos últimos procesos constitucionales); es decir, un aumento de más de un 60 por ciento, lo que la convierte en una de las constituciones más extensas del mundo.
Justifica lo anterior señalando lo siguiente:
Sostengo que esta hiperinflación se debe al intento por incluir en la Constitución materias que son propias de ley, de políticas públicas y, en general, de un programa de gobierno; es decir, cuestiones que son completamente ajenas a un texto constitucional.
No sería una constitución neutral
Párrafos sobre el tema:
Varios constitucionalistas se han preguntado a qué viene tanta retórica, tanta declaración, tanta ambivalencia y también disposiciones que aparecen como contradictorias entre sí. La respuesta del abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil, expresada en sendas columnas y entrevistas de prensa, es que, lo que viene hacia adelante, en supuesto de que gane la opción “A favor”, es una permanente judicialización del texto constitucional propuesto. Serán los Tribunales de Justicia y, en su caso, el Tribunal Constitucional, los llamados a decidir. En ese contexto, toda esa retórica, todas esas declaraciones cobrarán su pleno sentido a la hora de interpretar el texto constitucional.
Y es aquí donde llegamos al meollo del asunto: no se trata tan solo de una Constitución programática, sino de una que trasunta el verdadero sentido y alcance del texto constitucional propuesto: se trata de impedir que un gobierno de izquierda, cualquiera este sea, pueda llevar a cabo un programa de izquierda. Es esa la verdadera filosofía que recorre toda la trayectoria que va desde Jaime Guzmán y la Constitución de 1980 hasta José Antonio Kast y el texto propuesto.
Por su parte, el exministro del Trabajo y Minería de Pinochet, José Piñera, fue aún más lejos al declarar, al día siguiente de la aprobación por parte del Pleno, que “la futura Carta Fundamental será una versión modernizada de la Constitución de 1980, pues el texto aprobado mantiene intactos todos sus principios fundamentales”. Según José Piñera, el nuevo texto aprobado por Republicanos y Chile Vamos es una versión mejorada de los principios de la “Revolución Liberal” contenida en la Constitución de 1980.
Hay, pues, en el diseño y la aprobación del Consejo Constitucional, de manera muy análoga a la propuesta igualmente partisana y programática de la anterior Convención Constitucional (ver mi artículo «Por qué votaré Rechazo”) en la clara intencionalidad de dejar instalado un texto constitucional, acompañado de los 20 nuevos órganos que se crean, 31 adecuaciones institucionales, y las 35 nuevas leyes a las que se refieren los artículos transitorios, que deje todo atado y bien atado al servicio del proyecto de derecha que le sirve de fundamento.
Más explícito aún es Jorge Barrera, principal coordinador de los 22 consejeros del Partido Republicano, quien, en entrevista de prensa, declara abiertamente que “el texto va a obligar al Presidente a enfocarse en una agenda ciudadana y a olvidarse de su programa” (entrevista en El Mercurio, 26 de noviembre de 2023). Y es aquí donde llegamos al meollo del asunto: no se trata tan solo de una Constitución programática, sino de una que trasunta el verdadero sentido y alcance del texto constitucional propuesto: se trata de impedir que un gobierno de izquierda, cualquiera este sea, pueda llevar a cabo un programa de izquierda. Es esa la verdadera filosofía que recorre toda la trayectoria que va desde Jaime Guzmán y la Constitución de 1980 hasta José Antonio Kast y el texto propuesto.
De manera tal que el texto constitucional que se propone para su ratificación por parte de la ciudadanía el 17 de diciembre próximo tiene una abundante lista y temáticas que son o debieran ser de rango legal, y un claro sentido programático, acorde con el ideario de la derecha o centroderecha chilena. Lo mismo debe decirse de una serie de materias que más bien debieran caber en la esfera de las políticas públicas. Tal es el caso, entre otras, de la exención de contribuciones referidas a la vivienda principal; el llamado voucher como sistema de financiamiento de la educación escolar (básica y media); la expulsión de inmigrantes ilegales “en el menor tiempo posible” (con remisión a la ley, por lo que no pasa de ser una afirmación declarativa); la limitación a contenidos curriculares obligatorios al 50 por ciento de lo fijado por el Mineduc; el derecho a “rebajar los gastos necesarios para la vida” del impuesto a la renta, o un Plan Nacional de Salud inusualmente programático, entre otros ejemplos que podríamos citar.
Se margina del debate parlamentario importantes materias
En una democracia representativa, como la chilena, tales materias debieran ser objeto de un debate parlamentario, como un aspecto de la deliberación que es propia de ese tipo de democracia. De más está decir que muchas de esas afirmaciones –porque muchas veces no pasan de ser frases meramente declarativas– responden a un tipo de populismo constitucional que no tiene fundamento técnico, con el solo objeto de atraer votos con fines de campaña electoral (tal vez el mejor ejemplo es el de la reducción del número de diputados de 155 a 138: ¿qué fundamento técnico tiene? Ninguno, pero suena bien, es tremendamente popular)
Finalmente, a mi juicio no se ha reparado suficientemente en el significado de la disposición primera transitoria, que dice que el texto propuesto, para el caso de ser aprobado, regirá desde su publicación y “quedará derogado el Decreto Supremo número 100, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile”. En lo formal, la norma es correcta; en lo simbólico, sin embargo, no deja de llamar la atención que aquello que tan trabajosamente fue logrado en 2005, con la aprobación de la unanimidad del Parlamento, y bajo la firma del Presidente Ricardo Lagos y su gabinete, quede borrado de un plumazo, para ser sustituido por un nuevo texto constitucional votado a favor por todos los consejeros de la derecha y el voto en contra de todos los consejeros de la izquierda.
¿Será que así vamos a avanzar hacia el objetivo de la “paz social” establecido en el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019, en medio del “estallido social” del 18/10? De triunfar la opción “En contra”, seguirá rigiendo la actual Constitución, la que ha sido reformada 69 veces desde 1989 (solo el 20 por ciento de su contenido refleja el texto original de la Constitución de 1980). Por otro lado, el país no toleraría un nuevo proceso constituyente, por eso es digno de destacar la declaración pública de los diez partidos oficialistas, los diez partidos de izquierda, incluidos el PS y el PC, en el sentido de que “no propiciaremos un nuevo proceso constitucional” (Declaración Pública del 27 de noviembre de 2023).
Finalmente, en su discurso de clausura, el 7 de noviembre de 2023, Beatriz Hevia, presidenta del Consejo Constitucional, declaró que “los verdaderos chilenos, los chilenos honrados y pacíficos, anhelan con esperanza, quizás sin saberlo, que se cierre este proceso constitucional” (Emol, 8 de noviembre de 2023). Somos muchos los chilenos que queremos que se cierre este proceso constitucional, pero queremos que se cierre bien. La referencia a los “verdaderos chilenos”, más allá de las explicaciones que dio la propia presidenta del Consejo al procurar explicar sus dichos, trae recuerdos de aquel tiempo en que a los chilenos se les dividía entre “humanos y humanoides”, amigos y enemigos. Estoy seguro que no habrá nada más alejado de lo que la joven consejera quiso decir, de cuya dedicación y patriotismo nadie tiene derecho a dudar.
Pero es que así estamos, en Chile y en el mundo. Vendrá el día en que nos reencontremos con lo más profundo de nuestro ser nacional, con lo que el cardenal Raúl Silva Henríquez alguna vez llamó “el alma de Chile”, con nuestra común vocación por la libertad, el apego al derecho, y el respeto por la dignidad de la persona humana. Hoy estamos llamados a elegir entre “A favor” o “En contra” del texto propuesto. En esta decisión binaria es mucho lo que está en juego. No hubo un acuerdo transversal, ni en la anterior Convención Constitucional –fui parte de la “Centroizquierda por el Rechazo”–, ni en este Consejo Constitucional. Los convencionales y los consejeros entregaron todo lo que fueron capaces de entregar. Es de esperar que después del 17 de diciembre –no necesito reiterar cómo votaré después de lo aquí expuesto– seamos capaces de construir un terreno común, tal vez “La Patria Justa y Buena para Todos” de la que nos hablaba Patricio Aylwin; en estos días, al cumplirse el 105 aniversario de su natalicio, que su ejemplo nos ilumine para retomar el camino hacia la democracia y el desarrollo.
¡Ahora es la ciudadanía la que tiene la última palabra!
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